Como parte de las acciones de la jornada de lucha “26 de septiembre no se olvida”, una comisión de padres y madres de los estudiantes desaparecidos, acompañados de su abogado, Vidulfo Rosales, se reunieron con personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería para exponer sus inconformidades sobre la participación de la dependencia en el caso.
La reunión duró poco más de dos horas, luego de que se realizara una protesta frente a las instalaciones de la Cancillería en la Ciudad de México.
El abogado Rosales Sierra explicó en entrevista que hay un “estancamiento” del caso desde 2020, año en que “la Cancillería bajó el perfil de los funcionarios que asistían a las reuniones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) de la Secretaría de Gobernación, quien en principio asistía era Christopher Ballinas, director de General de Derechos Humanos y Democracia, y ahora van funcionarios sin ninguna facultad de decisión”.
Apuntó que desde el GIEI presentó su último informe, el 28 de marzo pasado, hasta ahora no se ha recontratado a sus integrantes, “por trabas burocráticas que pone la Cancillería, la Covaj nos ha dicho que solicitaron la recontratación para un año y no se ha concretado por nimiedades, les regresan los oficios de solicitud que, por una fecha, que por no haber claridad en cuánto tiempo se contrataría, situaciones que no tendrían que ocurrir”.
De acuerdo con Rosales, en el único tema que se dio respuesta fue el anuncio de que en julio próximo personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos acudiría a Israel para revisar el avance de la solicitud de extradición de Zerón de Lucio.
“Lo que se nos dijo es que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, que tradujeron el expediente de solicitud al inglés, que hicieron un resumen para evidenciar la importancia del caso, pero que como no hay tratado de extradición con Israel, la decisión está en manos de ese país.
“Nosotros insistimos en que el gobierno no ha hecho lo suficiente, no ha utilizado los recursos que tiene a la mano como acuerdos comerciales, económicos o diplomáticos para ejercer la presión necesaria para conseguir la extradición”, dijo el abogado.
Puntualizó que, a casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas, lo que se ha evidenciado es que la Covaj “tiene muchas fallas, no ha funcionado como el mecanismo articulador de las instituciones que tendrían que responder para alcanzar la verdad y la justicia en este caso, en el que los únicos que salen perdiendo son los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos”.
Insistió en que “hay un desdén de las instituciones, todas se pasan la pelota y nadie resuelve, la Secretaría de Gobernación dice que convoca a las instituciones, pero que no responden; la Secretaría de la Defensa Nacional, sigue negando información; la Fiscalía General de la República (FGR) dice que ya presentó las consignaciones de más presuntos implicados y que el Poder Judicial no responde; el Poder Judicial dice que la FGR no realiza bien las investigaciones y la Cancillería que es culpa del Estado de Israel si no se extradita a Zerón”.
El abogado señaló que los familiares de los desaparecidos continuarán en su exigencia de verdad y justicia, por lo que mantendrán sus movilizaciones para que el caso no quede en el olvido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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