El estudio, presentado este lunes en la Secretaría de Gobernación, responde a un ordenamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las mujeres de Atenco, caso registrado en mayo de 2006, en que 200 personas fueron detenidas en un operativo de la Policía Federal y de la policía del Estado de México.
Del total de detenidos, 50 eran mujeres y 31 acusaron haber sido agredidas sexualmente, de las cuales 11 llevaron el caso ante el tribunal regional, que emitió sentencia el 28 de noviembre de 2018, a unas horas de que el nuevo gobierno tomase posesión.
Durante la presentación, Italia Méndez y Norma Jiménez, sobrevivientes que litigaron el caso junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reconocieron el avance, aunque lamentaron que sigan siendo generalizada la tortura sexual, como lo corroboran los datos del Diagnóstico realizado por un centenar de funcionarios de la Segob, que se desplazaron a distintos centros penitenciarios para encuestar a mil 280 mujeres recluidas en 66 centros de internamiento.
De acuerdo a los resultados 79.3% de las mujeres entrevistadas aceptaron haber sido torturadas, o recibieron tratos o penas crueles inhumanos o degradantes durante su arresto o traslado al Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en un centro penitenciario, incluyendo el espacio de servicios de salud; 32.1% dijo haber sufrido tortura sexual y 43.82% sufrieron actos de tortura con connotaciones sexuales.
Sin embargo, en el cotejo de las respuestas contenidas en la encuesta con la profundización de la información a través de entrevistas personalizadas, la investigación de la Segob determinó que “más de cuatro de cada diez sufrieron tortura sexual derivado de un análisis más cualitativo”, alertó Aribel García Pérez, directora de Relaciones y Coordinación Institucional, responsable del estudio.
Al destacarse que la muestra de mil 280 mujeres proviene de un cálculo de la existencia de 12 mil 621 privadas de la libertad entre 2006 y 2021, otros datos reveladores son que en 81% de la muestra consultada, no se informó a las mujeres de sus derechos y en 65% no se les dio el motivo de su detención, la mayoría de ellas, entre sentencias y en prisión preventiva, procesadas por homicidio secuestro, robo y delitos contra la salud.
Al señalar que 33% de las mujeres privadas de su libertad fueron puestas ante un agente de ministerio público entre cuatro y 24 horas de su arresto, García Pérez refirió que las agresiones físicas más frecuentes son manoseos, patadas, golpes en los senos, los glúteos y genitales.
Sobre los perpetradores, el 40% señalaron a policías de investigación, 21% policías municipales, 16% policías estatales, 7% integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6% de la Secretaría de Marina.
Del perfil de las víctimas, García Pérez refirió que 68% tenía de 20 a 39 años en el momento de su detención, 62% contaban con educación básica; 73% eran jefas de familia; 84% eran madres; 12% indígenas; 8% tenían alguna discapacidad y 3% vivían en situación de calle.
La funcionaria destacó que, por las narraciones de las encuestadas, al ser la mayoría de ellas sustento de sus familias “al verse víctimas de una violación a derechos humanos, ese horror es trascendido a sus familias que tuvieron que hacerse cargo por sí solas o a quienes las mujeres privadas de libertad siguen apoyando dentro del centro de detención”.
García Pérez dijo que de la consulta a instituciones, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos indicaron haber recibido 11 mil 949 quejas por tortura en ese periodo, de las cuales 2 mil 550 corresponden a mujeres y de éstas 316 denunció haber sido víctima de tortura sexual. Los organismos emitieron 59 recomendaciones.
En cuanto a denuncias formales, de las 10 mil 678 recursos por hombres y mujeres interpuestos en las fiscalías, general de la República y de los estados, 221 casos tienen elementos de violencia sexual contra mujeres, mientras que el Instituto de la Defensoría Pública Federal ha presentado 4 mil 619 denuncias de las cuales 300 corresponden a mujeres.
Al señalar que las comisiones de víctimas nacional y estatales tienen registradas a 265 mujeres como víctimas, de las cuales 53 fueron torturadas sexualmente, Aribel García resaltó que, pese a todo, sólo hay siete denuncias por tortura sexual, de las cuales cinco son condenatorias y dos absolutorias.
Ante un escenario de prevalencia de violencia para las mujeres e impunidad, Italia Méndez resaltó que aún hay muchos retos por cumplir para eliminar la tortura sexual, y que en el caso de las mujeres de Atenco, seguirán buscando alcanzar la justicia.
La defensora dijo que las mujeres interpusieron un amparo contra la decisión de la Fiscalía del Estado de México para no entregarla a la FGR, pues durante más de 15 años las autoridades locales han sido incapaces de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres de Atenco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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