En el documento, al cual tuvo acceso Animal Político, se estipula que “la inhabilitación a Rosario Robles resulta a todas luces desproporcional ya que no atendió los parámetros establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos“.
En septiembre de 2019, la SFP publicó un comunicado en el cual informó que se impuso dicha sanción a la exsecretaria de Estado por falsear información en su declaración patrimonial, ya que, según la secretaría, omitió declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887.86 pesos.
De acuerdo con el amparo, la conducta de Robles al no declarar esa cuenta bancaria no fue dolosa ni realizada con la intención de ocultarla, sino que no fue reportada ya que no fue utilizada durante un largo periodo y la exfuncionaria desconocía que seguía abierta.
Además, el documento recalca que la exsecretaria fue quien inició el procedimiento administrativo que llevó a la inhabilitación de 10 años, con la intención de aclarar el malentendido en el que se incurrió al presentar las declaraciones.
“Se impuso la sanción más severa sin evaluar su condición socioeconómica, que en caso de haberse valorado se habría atendido al hecho de que no hubo un incremento irregular en su patrimonio”, sostiene el amparo.
Robles, quien actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, fue vinculada a proceso con prisión preventiva el 13 de agosto de 2019, por ejercicio indebido de la función pública en la Sedesol y la Sedatu, dependencias de las que estuvo a cargo. Es considerada una de las principales responsables del esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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