«Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control. Su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes», acusó el Frayba.
En el marco del Día Internacional de Las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, denunció que la población indígena de Chiapas es la más vulnerable a la tortura y malos tratos por parte de las autoridades, quienes actúan «de forma rutinaria y con total impunidad».
La tortura en el estado, agregó el Frayba, «es utilizada como método de investigación criminal, medio intimidatorio, para la represión de personas defensoras de la tierra y el territorio, criminalización, castigo personal, medio de coacción o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin».
Añadió que la tortura es acompañada de otras violaciones a los derechos humanos como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, los abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza.
El Frayba aseguró que el Estado mexicano es «deudor de las garantías y derechos humanos de las víctimas» de tortura y le exigió la reparación de los daños, así como llamó a la FGE a cesar de manera absoluta «la reiterada situación de terror judicial» en las investigaciones ceñidas a la fabricación de delitos para criminalizar a inocentes.
Comunicado:
En el Día Internacional de Las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en adelante Frayba) suma su voz para visibilizar y denunciar las prácticas de tortura y fábrica de culpables que existen en Chiapas, México; sostenemos que ésta es sistemática, generalizada y utilizada cotidianamente como método durante las investigaciones y fabricación de culpables.
En el sureste de México, la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE). Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria y con total impunidad cuando es utilizada como método de investigación criminal, medio intimidatorio, para la represión de personas defensoras de la tierra y el territorio, criminalización, castigo personal, medio de coacción o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin. La tortura es acompañada de graves violaciones a derechos humanos durante las detenciones arbitrarias, junto a malos tratos, violencia sexual, abuso de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control, su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes. Esto expone un sistema de justicia deficiente, pero aceitado por las malas prácticas cubiertas por la impunidad, incapaz de realizar investigaciones con la debida diligencia, sumado a una limitada formación profesional en sus cuerpos policiacos, así como el desconocimiento del marco de derechos humanos y de perspectiva culturalmente pertinente, lo que contradice lo establecido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La tortura como delito está prohibida a nivel internacional y es considera un crimen de lesa humanidad. Sostenemos que la criminalización o la Privación Arbitraria de la Libertad en contra de quienes defienden la tierra y el territorio, la criminalización y asesinatos en contra de personas defensoras; la militarización y el despojo de las tierras en contra de los pueblos originarios, así como el desplazamiento forzado genera impactos permanentes e irreversibles tanto individuales como colectivos en contra de las personas y los pueblos indígenas que sin duda son constitutivos de entornos torturantes.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional caminar rumbo a la creación de un mecanismo eficaz que investigue y sancione la tortura en México y en Chiapas, ya que, a pesar de leyes y fiscalías especiales, este crimen sigue sin investigarse, generando mayor impunidad. Nos sumamos a la lucha por la memoria, verdad y justicia para las personas sobrevivientes de tortura y sus familiares que alzan la voz en contra de este crimen de lesa humanidad.
Exigimos a la FGE, el cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones ceñidas a la fabricación de delitos con fines de criminalizar y Privar Arbitrariamente de la Libertad a personas inocentes. Denunciamos también al Estado mexicano como deudor de las garantías y derechos humanos de las víctimas y exigimos la reparación integral de los daños cometidos en su contra.
AUTOR: REDACCIÓN.
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