La deuda que Gertz Manero heredó al gobierno capitalino coloca a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al borde de un juicio político y de un proceso penal en su contra.
El problema dejado por Gertz le ha costado a la administración capitalina más de 100 mil pesos en multas desde el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Se trata del incumplimiento de un contrato, firmado el 24 de noviembre de 1999 por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) –que encabezaba Alejandro Gertz Manero– con la empresa AP American Protective, S.A. de C.V.
Desde entonces y a la fecha el Gobierno de la Ciudad de México ha empleado todas las estrategias legales posibles para evitar el cumplimiento del contrato y, por tanto, pagar a la empresa por el servicio que se le requirió, pese a que ésta erogó cantidades millonarias para cumplir con su parte de lo acordado.
El contrato tenía por objeto la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la SSP-DF el 8 y 23 de enero y el 7 de febrero de 2000; por ello la compañía recibiría un pago total de 2 millones 17 mil 128.75 dólares americanos.
Para concretar la firma, la empresa presentó la fianza de 10% del valor total del contrato y realizó pruebas a los chalecos que habría de entregar a la SSP-DF, para acreditar que cumplían con los requerimientos de la dependencia.
Parte de las obligaciones que tenía el gobierno del entonces DF estaba entregar a la empresa una carta de crédito, que la compañía cobraría una vez que se cumplieran todas las condiciones del servicio contratado. Pese a que el gobierno capitalino impuso diversos retrasos para entregar la carta de crédito, la empresa ejerció diversos gastos para concretar su parte del contrato.
El 30 de noviembre de 1999 la dependencia capitalina informó de una inconformidad presentada ante la Contraloría de Administración Pública del Gobierno del DF por la empresa Intercambio Comercial, S.A. de C.V., contra la adjudicación del contrato a AP American Protective.
Esa inconformidad fue resuelta el 17 de diciembre de 1999 confirmando el fallo en el cual se adjudicó el contrato a la empresa de origen estadunidense, y aunque se ordenó realizar una investigación interna para el caso de que los servidores públicos de la SSP-DF incurrieron en responsabilidades administrativas, no se ordenó la suspensión del cumplimiento del contrato ni de su vigencia.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2381 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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