La impugnación incluyó la posibilidad de colocarles un brazalete electrónico de monitoreo las 24 horas del día. La solicitud fue hecha ante la Unidad de Gestión Judicial Número Cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) e incluyó un instrumento precautorio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En un comunicado, el litigante explicó que la solicitud es parte de la impugnación a las medidas cautelares impuestas a Horcasitas Manjarrez y los otros siete acusados, pues las consideró insuficientes para que se garantice la aplicación de la justicia a las víctimas.
La impugnación se da una semana después de que los exfuncionarios fueron vinculados a proceso –el 20 dejulio- y el juez ordenó su presentación periódica mientras dura el proceso, les prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa. A cinco ellos, Horcasitas incluido, les prohibió salir del país sin autorización y poner a resguardo de la Unidad de Gestión Judicial el pasaporte de cada uno.
Benítez Granados detalló que la impugnación y la solicitud de congelamiento de cuentas bancarias se basa en promover que los acusados solventen la reparación del daño causado a las 13 víctimas directas e indirectas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021.
“Dentro de esta medida cautelar se solicitó a dicha unidad el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero… Esto permitirá garantizar que, en caso de una sustracción de la justicia, existan fondos para cubrir una eventual indemnización”, dijo Benítez Granados.
En el pliego presentado ante el Poder Judicial capitalino, el abogado estableció la posibilidad de la colocación del brazalete electrónico de seguridad, para mantener un monitoreo permanente las 24 horas y los siete días de la semana a los imputados acusados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, “sin que eso perjudique sus derechos humanos, pues no se contempla el arresto domiciliario”.
De paso, comentó que, según el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares impuestas por el juez de control José Luis Palacios a los imputados, “no tuvieron una correcta ponderación de los derechos fundamentales de las víctimas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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