Alejandro Moreno Cárdenas gobernó Campeche de 2015 a 2019. En este periodo en el que estuvo al mando, las anomalías en el ejercicio del gasto federal fueron notorias e incrementaron casi 150 por ciento tan sólo de un año a otro. El dirigente priista ha dicho además que todas sus declaraciones patrimoniales son públicas. SinEmbargo consultó a su equipo y la respuesta fue que está la de 2021, pero de las anteriores se desconoce “el manejo”.
Desde finales de 2019 pesa sobre él una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio. El priista ha negado todo y acusa ser un perseguido político.
Ha puesto como prueba fehaciente sus declaraciones patrimoniales que presentó como Gobernador de Campeche y luego como Diputado federal. En su conferencia de prensa del pasado lunes dijo que incluso tiene declaraciones patrimoniales “de mucho antes”.
La realidad es que actualmente sólo hay dos documentos: uno, su declaración 3 de 3 que no está ubicada en el sitio oficial y otra, la única oficial que data de 2021. Con ese único documento no es posible conocer a detalle la evolución de su patrimonio.
Al solicitar la documentación al equipo de comunicación social del PRI, la respuesta es que está la de 2021 y de las anteriores se desconoce “el manejo”, a pesar de que esta misma semana Moreno Cárdenas aseguró que todas eran públicas y estaban disponibles.
En su última declaración patrimonial, la de 2021 presentada a la Cámara de Diputados, la cual se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos.
Además dijo tener una motocicleta Indian tipo chieftime elite por un valor de 482 mil 380 y otra, una Harley Davison Black Tempest con un valor de 440 mil 800 pesos. Ambas las compró en 2018, ambas al contado. De igual forma reportó una Grand Cherokee limited de lujo y una Suburban, con precios de 450 mil y 580 mil pesos, que compró en 2015 al contado.
Reconoció tener un menaje de casa con un valor de 2 millones 100 mil pesos, adquirido en 2020, y un reloj de mano de 180 mil pesos.
El documento fechado en septiembre de 2015, es de la entrada de Alejandro Moreno al Gobierno de Campeche. Reportó ingresos anuales por 1 millón 184 mil 196 pesos por cargos públicos y 4 millones 122 mil 552 pesos de “otras actividades” que engloban dinero obtenido por arrendamientos, regalías, concursos o donaciones. Incluyó 600 mil pesos como ingresos anuales de su esposa.
En el aparado de bienes inmuebles, declaró 13 terrenos y dos predios en construcción. Todos ubicados en Campeche y adquiridos entre 2012 y 2015. Además sumó una casa en la Ciudad de México como una donación hecha a su esposa en 1995.
Informó a las organizaciones que impulsaron ese entonces la iniciativa 3 de 3 que le pertenecían una camioneta Jeep, una Suburban y un Mini Cooper; los primeros dos adquiridos en 2014 y el tercero en 2010.
Pero es todo, no se conoce a detalle sus ingresos en el periodo entre esos dos años, si realizó algún tipo de adquisición o venta.
El día de ayer, por ejemplo, el diario Reforma dio a conocer que declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos, pero además, ahora suma 23 bienes inmuebles.
El medio citó dos diferentes investigaciones de la FGR y de la Fiscalía de Campeche. La primera, la mencionada en 2019, donde el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, lo denunció por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche. Y la otra, de este año, que contempla una lista de inmuebles que han sido sujetos de peritajes y que ya suman 23.
Una de estas propiedades fue la cateada esta semana en Campeche. La cual tiene mármoles, alberca y jardines tropicales; enormes habitaciones y gran extensión territorial.
LAS INCONSISTENCIAS
Además de estas inconsistencias, están las más de 40 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dinero que el Gobierno federal entregó a Campeche para impulsar el sector salud, educativo, para la infraestructura de la entidad y el reforzamiento de la seguridad, durante la gestión del actual dirigente priista.
En 2015, año en que entró Moreno Cárdenas, el monto de las anomalías ascendió a 55 millones 349 mil 239 pesos; para 2016 ya fue de 138 millones 567 mil 803 pesos, un incremento de 149.9 por ciento de un año a otro.
Los años siguientes la tendencia fue la misma: para 2017 las irregularidades fueron por 297 millones 973 mil 145 pesos y para 2018, año de elecciones presidenciales, la cifra aumentó a 783 millones 588 mil 648 pesos.
Los hallazgos de la ASF son desde pagos indebidos a trabajadores estatales con dinero destinado a educación; millones de pesos que simplemente no se utilizaron pero que no estaban localizados en las cuentas federales; subejercicio; dinero para “becas” y “premios” no autorizados; dinero etiquetado en salud para pagar nómina estatal; compra de electrodomésticos con dinero para infraestructura; transferencias no reconocidas y pago a proveedores fantasma con dinero del sector salud.
También se utilizó ese dinero federal para el pago de obras que no se realizaron y otras que nunca operaron; sueldos de trabajadores fantasma; pagos sin comprobar; pagos funerarios con dinero de educación básica y normal y otro tanto de dinero, la ASF detectó que sin justificación las autoridades estatales solamente lo tomaron de las cuentas federales.
LA ASF COMO TESTIGO
El 2016 fue el primer año completo que gobernó Moreno Cárdenas. Algunas de las anomalías, que rebasaron los 138 millones de pesos, fueron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados con 26 millones 384 mil 583 pesos de recursos no aplicados o de un Convenio realizado con la Secretaría de Salud (SSa) se detectó que se realizaron transferencias por 64 millones de pesos a una cuenta bancaria que no acreditó el uso del dinero para el programa del Seguro Popular y que tampoco fueron reintegrados.
De ese mismo convenio, otros 8 millones 074 mil 794 pesos fueron utilizados para pagar mantenimiento de equipo médico pero de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.
Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, 10 millones 534 mil 163 pesos fueron para pagar obra que no fue ejecutada.
Algunas de las irregularidades de 2017 que fueron por más de 298 millones de pesos, se detectaron en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: 21 millones 559 mil 318 pesos se utilizaron para pagar a trabajadores que estaban de comisión sindical; pagos duplicados; pagos a trabajadores que ya estaban dados de baja y a 97 que nunca fueron localizados en los centros de trabajo.
Del programa de Fortalecimiento Financiero, 155 millones 118 mil pesos quedaron pendientes de aclarar ya que la ASF reportó que el Gobierno estatal hizo aportaciones a tres universidades, el problema es que debía entregar ese dinero de las arcas propias y no con el dinero federal.
Otra anomalía que resalta es la del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud: se causó un probable daño al erario por 112 millones 820 mil 840 pesos por el pago a 393 personas de las que no hubo prueba de que trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante 2017.
Para 2018, las irregularidades que destacan son las siguientes: del programa Proyectos de Desarrollo Regional, no hubo documentación comprobatoria y justificativa del uso de 457 millones 905 mil 204 pesos; 63 millones 617 mil 198 pesos se fueron en dos obras que no se terminaron y 39 millones 385 mil 622 pesos por el pago de un servicio que no se sabe si se recibió.
Del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, las anomalías ascienden a 184 millones 627 mil 300 pesos provocadas por lo siguiente: no hay documentación que compruebe que se hicieron erogaciones por 99 millones 979 mil 252 pesos; 10 millones 448 mil 369 pesos en viáticos cuando los fondos federales no los cubren y 703 mil 909 pesos por pagos excesivos a personal que no acreditó el perfil académico para trabajar en el sector salud.
… Y LOS AUDIOS
A estas irregularidades se suman las que cada semana ha difundido la Gobernadora morenista Layda Sansores, quien ha publicado una serie de audios en los que Moreno Cárdenas es exhibido en presuntos actos de corrupción como lavado de dinero durante su gestión en esta entidad.
En las primeras grabaciones, difundidas en mayo, se escucha a Moreno Cárdenas ordenar que se destinen al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como para la elección del 2021 en el estado de Campeche.
En otro audio, “Alito” habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. En uno más da cuenta de cómo habría hecho fraude con la venta de terrenos. En otro se le escucha supuestamente poniéndose de acuerdo con un Diputado para hacer un negocio con medicamentos.
A estas grabaciones se suma dos nuevas, una difundida este 28 de junio, donde se escucha al dirigente nacional del PRI hablar sobre dinero que se habría entregado en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de capital que supuestamente provendría de gastos de campaña.
Y la más reciente, del pasado 5 de julio, en la que habla de un posible chantaje en contra de algunos de los empresarios más reconocidos y millonarios de México como Germán Larrea Mota Velasco, el fallecido Alberto Baillères González, los hermanos Elías y Abraham Cababie y Álvaro Fernández Garza.
Ayer, Moreno Cárdenas aseguró que con los ataques en su contra, lo que busca el Gobierno es “callarlo”, y aseguró que no dejará de defender la democracia en México.
“Soy una gente de compromiso, de voluntad, amo mi país. Ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás. Yo voy a defender la democracia mexicana, porque creo en las instituciones, en los derechos y las libertades”, puntualizó.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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