Eric Cotoñeto y Julio Huerta mantienen presencia en los 4 distritos federales de Puebla capital, para que su grupo político se quede con el control del partido.
Fuentes al interior del partido indicaron a CENTRAL que algunos de los líderes de las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales que integran los distritos federales 6, 9, 11 y 12 de la capital poblana, han comenzado a ofrecer distintos apoyos a quienes se comprometan a acudir a las urnas para la votación de los consejeros.
En un audio en poder de esta casa editorial, se escucha a una líder de colonia comunicarse, mediante WhatsApp, con una representante de la colonia Miguel Hidalgo, a quien asegura les brindarán apoyos en luminarias.
De forma inmediata, condiciona a su compañera para reunir a vecinos para la votación de los consejeros de Morena. Insiste en el número de personas que reunirá, para conformar una lista y llevarlos en camiones al centro de votación más cercano.
Quiere incluir a la colonia Miguel Hidalgo, pero también me está pidiendo apoyo para el día 30 de julio, acerca de salir a votar aquí, en el Salón Social de Monte Alban, el sábado 30 de julio, a las 9 de la mañana, para que tengamos un representante de Morena aquí en la colonia”.
De igual manera, asegura que “les van a dar un pequeño lunch y creo que va a haber un pequeño donativo de dinero, pero necesito saber qué personas van a ir”.
Se amplia la operación de barbosistas
Fuentes consultadas señalaron que estos representantes responden a Eric Cotoñeto y julio Huerta como los barbosistas que prometen apoyos, y quienes, además de operar en Puebla capital para controlar a Morena, comenzaron a cooptar los votos al interior del estado, a principios de julio.
CENTRAL publicó que al menos 52 presidentes municipales de todos los partidos pactaron el acarreo de pobladores, para inscribirlos como nuevos militantes y hacer que voten por los consejeros que sean afines a este grupo, el 30 de julio.
Esto es relevante, ya que los consejeros elegidos designarán al nuevo dirigente de Morena a nivel estatal el 6 de agosto: cargo de suma relevancia para la selección de las candidaturas en las elecciones del 2024.
¿Qué dice la ley?
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece, en su artículo 11 Bis, una pena de cuatro a nueve años de prisión contra los servidores públicos que permitan el uso de programas sociales, o que destinen fondos públicos para intervenir en un proceso electoral.
“A la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
FUENTE: PERIÓDICO CENTRAL.
AUTOR: BRYAN RIVERA GONZÁLEZ.
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