Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que “probablemente no se logre esclarecer todo lo acontecido ni alcancemos todas las finalidades propuestas, pero sí nos parece esencial dar un paso adelante contra la impunidad en favor de la justicia, de la memoria y del respeto irrestricto a los derechos humanos en el país”.
Explicó que el pasado 4 de julio, los miembros del mecanismo tuvieron acceso al archivo de concentración del fondo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el campo militar número 1 e iniciaron con la revisión del inventario para hacer una selección de los documentos que les interesa consultar.
Se elaboró una base de datos de cerca de 200 registros de los más de 700 existentes, como una herramienta de consulta y de control para hacer un diagnóstico en la materia.
El interés del mecanismo está centrado en graves violaciones a los derechos humanos, acontecimientos políticos de la época y en los mandos públicamente conocidos como perpetradores de las violaciones.
“Creo que vamos avanzando en saber qué hay y qué no hay en ese archivo. Esperamos seguir conociendo otros archivos en los que no hemos podido estar hasta el momento. Esto nos va a permitir diseñar estrategias de búsqueda y de solicitud”, detalló.
Entre los avances logrados destaca la reconstrucción de organigramas y la identificación de mandos y agregados militares durante la época. Reconoció que no está completa mucha de la información sobre el periodo de investigación.
“Los expedientes de las zonas militares en particular nos van a permitir seguir acontecimientos políticos y sociales en sus jurisdicciones, sin embargo casi no hay nada de antes de 1986 y tampoco hay de todas las zonas”, dijo.
Relató que el siguiente paso será ir a las zonas militares de interés que tuvieron un papel activo en las represiones de los años 1965-1990, para entrar en sus archivos y realizar un primer diagnóstico. Además de que se estudiarán sus planos y se accederá a las instalaciones para revisar las modificaciones arquitectónicas con el fin de identificar los sitios en donde se cometieron distintas violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a los archivos, señaló que durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se trasladaron varios documentos al Archivo General de la Nación, pero actualmente no se han hecho públicos documentos de la Sedena.
Se refirió así a las declaraciones del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien aseguró el pasado junio que como muestra de voluntad, la dependencia había entregado 1,653 legajos relacionados con los movimientos sociales al Archivo General de la Nación y 18 mil 845 fojas de evidencia documental sobre el Caso Ayotzinapa.
Calificó las palabras de Sandoval -que se dieron en el evento de inicio de actividades de la Comisión frente a familiares y víctimas- como “desafortunadas” y como un “agravio para las víctimas y los colectivos”.
Señaló que al margen de éstas, ha existido una actitud de colaboración y disposición por parte del Ejército, que los comisionados no han tenido ningún inconveniente hasta el momento y han podido tener acceso a lo que han solicitado.
Fernández dijo que tienen firmados acuerdos de confidencialidad sobre el contenido de los documentos, que dejan a salvo la posibilidad de cumplir con sus objetivos y elaborar un informe final sobre la verdad de lo acontecido en aquellos años.
Sobre lo dicho por Sandoval respecto de homenajear a los militares caídos, el comisionado recordó que el propio presidente López Obrador matizó sus afirmaciones y dijo que se había hablado de los soldados de tropa caídos en el cumplimiento de su deber, pero no de reconocer a los mandos u oficiales involucrados en los actos de represión.
En ese sentido, comentó que no está en el interés ni en la intención de la Comisión realizar listas de soldados caídos ni mucho menos, ya que no forma parte del mandato de dicha instancia.
Recordó que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, es fruto de décadas de lucha de los sobrevivientes y familias de las víctimas de la tortura y desapariciones durante la época conocida como “guerra sucia”.
La comisión se creó en octubre del año pasado para el esclarecimiento de los hechos y poder llevar ante la justicia a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el país, con énfasis en las víctimas, así como para generar políticas de no repetición, de reparación y de memoria.
Fue instalada el pasado 10 de diciembre de 2021 y se comenzó a trabajar a principios de este año, producto de la concertación entre el gobierno y los colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas, para sentar las bases de una nueva cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos en el país.
Fernández explicó que uno de los objetivos de la comisión es reiniciar cerca de 300 averiguaciones previas que han estado inactivas y que involucran a violadores de derechos humanos fundamentales.
En cuanto a la reparación del daño, considera la creación de un programa nacional en la materia que encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y generar un proceso nacional de búsqueda de las personas desaparecidas conducido por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, dispone de un mecanismo que tiene como finalidad principal la elaboración de una Ley de Memoria que dé continuidad a los trabajos y disponga de medios para fortalecer los derechos humanos, así como la conversión en memoriales de los sitios donde se realizaron violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la modificación de la nomenclatura de las calles que aún rinden homenaje a los perpetradores.
ENTREVISTA COMPLETA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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