En la grabación de la audiencia, a la que Animal Político tuvo acceso, se observa que a las 18:58 horas del jueves 14 de julio el Ministerio Público solicitó formalmente la vinculación a proceso de los ocho imputados y desde ese momento, y hasta por lo menos a las 2:06 horas del viernes 15 de julio, se dedicó a enumerar pruebas.
Entre los elementos presentados hay dictámenes hechos por la fiscalía, que demuestran que en el lugar del colapso del viaducto elevado había una deficiencia de pernos Nelson, pues en esta parte solo se colocó el 63% de los que debían fijar las estructuras.
La fiscalía también hizo referencia a un momento en que los pernos fueron protagonistas: el 27 de mayo de 2021, cuando un trabajador que realizaba labores de desmantelamiento de la estructura colapsada localizó siete pernos sueltos y sin soldar.
También destacaron distintas notas, algunas firmadas por los imputados, en las que referían deficiencias en las trabes del intertramo Olivos-San Lorenzo, lugar del colapso.
En una nota con fecha 3 de diciembre de 2010 se informa, por ejemplo, que en el intertramo Zapotitlán-Nopalera se advirtió que en las tabletas precoladas de concreto habían sido devastados los huecos para poder ampliarlos de 20 a 30 centímetros, porque no coincidían con la trabe metálica a la que deberían ir fijados los pernos.
Durante su exposición, el Ministerio Público insistió en que los imputados conocieron las fallas y deficiencias de construcción por parte del consorcio contratado y no solicitaron correcciones ni pidieron la rescisión del contrato.
“(Las faltas en) los deberes de cuidado, que objetivamente era necesario ser observados, pudieron evitar el hecho si los imputados señalados anteriormente no hubieran omitido de manera culposa llevar a cabo sus funciones debidamente para que el diseño y construcción de la obra civil de dicho tramo se realizara apegándose estrictamente al proyecto autorizado”, expuso el MP.
“Si ustedes hubieran cumplido adecuadamente con sus funciones y obligaciones legales y contractuales, el resultado no hubiera acontecido puesto que la obra se hubiera diseñado y ejecutado de acuerdo con la normatividad de la obra pública existente en la Ciudad de México, a los estándares de calidad a los que se había comprometido contractualmente el consorcio constructor y, por tanto, el colapso no hubiera ocurrido”, agregó.
Durante la exposición de pruebas, también se reveló la existencia de un dictamen que da cuenta de que los daños a la propiedad del gobierno capitalino ascienden a 33.5 millones de pesos y de 333 discos compactos con toda la información relativa a la construcción de la Línea 12, que fueron entregados como elementos de prueba por la Secretaría de Obras.
La audiencia por la Línea 12
Después de cuatro intentos, este jueves por fin se pudo llevar a cabo la audiencia inicial y de imputación contra ocho de los 10 señalados como responsables del colapso, que cobró la vida de 26 personas y dejó a más de 100 lesionados.
A lo largo de 22 horas, el juez José Luis Palacios Fernández condujo la audiencia que, aunque en un inicio se buscó diferir de nueva cuenta, continuó una vez que decidió excusar a dos de los imputados: Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, quien fue Director Responsable de Obra (DRO) de la Línea 12 y quien no se presentó por estar enfermo de COVID-19, y Héctor Rosas Troncozo, exsubdirector de obra civil del Proyecto Metro, quien cambió de defensa, la cual explicó que desconocía el contenido de la carpeta de investigación. Para ellos, la audiencia de imputación se difirió para el 17 de agosto.
Para los otros ocho señalados, la audiencia prosiguió y quedaron formalmente imputados por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo.
Ninguno de los ocho imputados tomó la palabra. A lo largo de horas, el Ministerio Público fundó la imputación en contra de los exservidores públicos y representantes del consorcio constructor, de forma individualizada.
La imputación
El punto común entre todos los señalamientos fue la presunta omisión de los imputados durante su encargo, porque a pesar de estar al tanto de las deficiencias de la construcción, específicamente del viaducto elevado, no lo notificaron, y aunque tenían la facultad para pedir que los trabajos se hicieran de acuerdo con el proyecto, que se derrumbara la parte mal hecha e, incluso, que se rescindiera el contrato, tampoco lo hicieron.
A Juan Antonio Giral y Mazón, quien se desempeñó como director de diseño de obras civiles del Proyecto Metro, el Ministerio Público le dijo que omitió sus deberes: “Debió hacer que el diseño de la obra se apegara al proyecto, a la normatividad y a los estándares de calidad (…) tenía que evitar que siguiera la construcción porque estaba en sus atribuciones”.
En el caso de Moisés Guerrero Ponce, quien ocupó el cargo de director de construcción de obras civiles, el MP le dijo que omitió dirigir y controlar la obra de supervisión de la Línea 12 a través del personal operativo de su área administrativa, por lo que “consintió errores y malas prácticas constructivas”. En tanto, a Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería, le señaló que no se ocupó de exigir que la construcción se realizara con la diligencia debida.
Juan Carlos Ramos Alvarado, quien se desempeñó como residente de obra en el tramo Olivos-Tezonco, escuchó al Ministerio Público señalar que, a pesar de sus funciones y atribuciones, no vigiló ni controló al consorcio constructor para que ejecutara la obra apegándose al proyecto estructural. “Tenía facultades para proponer a sus superiores jerárquicos detener la obra hasta que se apegara al proyecto”, expuso la fiscalía.
Durante la fundamentación de imputación en contra de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, el Ministerio Público señaló que contaba con la facultad de rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento del contratista, así como de suspender temporalmente toda o una parte de la obra, pero no lo hizo.
“Con su omisión de controlar los asuntos que le eran asignados conforme a sus atribuciones (…) permitió que, en la obra en comento, el proyecto y ejecución de la construcción no se cumplieran con todos los ordenamientos aplicables y que los procedimientos empleados no correspondieran a los términos de referencia y normas de calidad del proyecto elevado de la Línea 12”.
Otros de los señalamientos hechos por el Ministerio Público fueron hacia Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural, por no notificar al DRO que las trabes eran deficientes, así como hacia Fernando Amezcua Ordaz, director general de Supervisión, y a Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra.
Daños a la CDMX por 33.5 mdp
En la carpeta de investigación por el colapso, además de los familiares de las 26 personas que perdieron la vida y usuarios lesionados, hay tres personas que denuncian a los imputados por daño a la propiedad: dos personas que solicitan el pago de sus vehículos que resultaron dañados y el Gobierno de la CDMX, que solicita el pago de 33.5 millones de pesos, de acuerdo con un dictamen con el que cuenta la fiscalía y que permitió evaluar los daños.
“(El dictamen) estima por el concepto de reparación (…) una cantidad del orden de 33 millones 500 mil pesos, lo cual incluye la restitución de los mismos a un estado similar al original”, informó el Ministerio Público al juez Palacios Fernández.
Estos recursos contemplan el gasto hecho por las autoridades capitalinas por desmantelamiento forense, demolición, remoción y traslado de escombros, liberación de vías vehiculares, reparaciones a zonas de concreto y limpieza inicial y final.
Este martes 19 de julio, el caso de la Línea 12 se retomará con la audiencia de vinculación a proceso de los ocho imputados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
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