Del 12 al 15 de julio, una delegación de la CIDH recorrió 22 comunidades indígenas, una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama, ante la falta de resultados del Estado mexicano para adoptar las medidas cautelares que otorgó hace casi cuatro años para protegerlas de la violencia paramilitar, los desplazamientos forzados y el despojo territorial.
Esos días, señaló el Frayba, los trabajadores de la Comisión «escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados».
De acuerdo con el Frayba, tan sólo en Chenalhó y Aldama hay 5 mil 5 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente o permanente. Durante su visita, la CIDH evidenció en estas comunidades «la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia».
Frente a la omisión de las autoridades, el Frayba llamó al Estado mexicano a que «deje de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH» y cumpla con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos.
Comunicado:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por la Comisionada y Relatora para México Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva, así como personal a cargo de las Medidas Cautelares de la misma visitaron Chiapas, con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a 22 comunidades tsotsiles indígenas de Chiapas, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
El día 12 de julio de 2022 realizaron un recorrido por las comunidades de Koko’ y Tabak, Aldama, mientras que al día siguiente arribaron a las comunidades de Canalumtik, Pom y Chenmut de Chalchihuitán; en ambos municipios se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las Medidas Cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados.
Hasta el momento se han registrado siete asesinatos en Aldama y uno más en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por las enfermedades y la situación derivadas del desplazamiento forzado (en su mayoría personas ancianas, niñas y niños); en estos municipios existen 5005 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y/o permanente.
La CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia; manifestó también su solidaridad y preocupación por el riesgo a su vida e integridad de las víctimas.
La raíz del problema sigue sin atenderse violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas. La “ayuda humanitaria” ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a que cumpla con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos y evitar que las violaciones de éstos se sigan cometiendo en las comunidades de Aldama y Chalchihuitán; es necesario que deje de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Desde el Frayba continuaremos impulsando las exigencias de justicia ante esta crisis de desplazamiento en el estado de Chiapas, específicamente al lado de las 22 comunidades beneficiarias de la Resolución de seguimiento 102/2021[1] con la finalidad de que el Estado mexicano responda con las medidas de reparación y restitución de derechos violentados, el acceso a la justicia y la condición de una paz permanente.
AUTOR: REDACCIÓN.
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