Ocurrió hace 20 años con el asesinato de Digna Ochoa, pero pasa aún en la actualidad: esta semana, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación en la muerte de Luz Raquel Padilla es que ella pudo ser quien se autogredió, aunque existen denuncias previas de amenazas y una solicitud de medidas de protección; semanas antes, en Nuevo León, las autoridades dieron por hecho que Debanhi Escobar, joven reportada como desaparecida, había fallecido de manera accidental, hipótesis descartada con un peritaje independiente y la exhumación del cuerpo por parte de agentes federales.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta conducta de las autoridades tiene como origen la intención de que disminuya la percepción de los altos niveles de violencia contra las mujeres en el país, y de que no hay respuesta pronta a las demandas de verdad y justicia. Además, señala que prevalece una cultura machista entre los funcionarios encargados de las investigaciones, que insisten en estigmatizar a las víctimas.
Karla Micheel Salas, abogada y activista, explica que por ello la sociedad civil ha luchado para que las autoridades tipifiquen toda muerte violenta como feminicidio y que se investigue cada caso con perspectiva de género, lo que permite tener la certeza de las causas de los asesinatos. Sin embargo, señala que hasta ahora para las fiscalías es más sencillo minimizar la crisis de violencia feminicida “con el pretexto de que tienen cosas más importantes que hacer, como si la vida de las mujeres no importara”.
Aquí, cinco de estos casos.
Digna Ochoa: décadas de prejuicios para sostener versión de suicidio
La defensora de derechos humanos Digna Ochoa, multipremiada y reconocida internacionalmente por su labor, fue hallada muerta en su despacho de la colonia Roma el 19 de octubre de 2001. Durante años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia y de las Fuerzas Armadas, y previo a su muerte había sido víctima de amenazas y secuestros.
Debido a esto, en 1999 solicitó medidas de protección para ella y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde laboraba. Estas peticiones escalaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de la defensora. Pese a ello, fue asesinada.
Inicialmente, las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio, y tras demandas de la sociedad civil por una reevaluación del caso, en 2010 la entonces procuraduría de la Ciudad de México hizo una segunda revisión y concluyó que Ochoa no había sido asesinada, sino que se suicidó.
Esto fue descartado en enero de 2022, dos décadas después de los hechos, y por determinación de la Corte Interamericana. El organismo internacional afirmó que el Estado mexicano cometió graves irregularidades en la investigación, todas ellas con la intención de estigmatizar a la víctima, y remarcó que esta muerte se inscribió en un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en esa época, y que vino precedida de años de amenazas. Por ello, ordenó la reapertura del caso y un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades.
En este caso, explica la abogada Karla Micheel, “la investigación se centró en el comportamiento de la víctima, a la que catalogaron como una que padecía trastornos psicológicos basándose en elementos de su vida privada, y tuvieron que pasar dos décadas para que un tribunal internacional le dijera al Estado mexicano, particularmente a la fiscalía de la Ciudad de México, que lo que hicieron para concluirlo fue completamente deficiente”.
Mariana Lima: el primer feminicidio por el que se pronunció la Corte
Irinea y su esposo iniciaron un largo camino en busca de justicia, y en 2015, con el acompañamiento del OCNF, consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia 554/3, en la que ordenó que el caso se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
Aunque con ello se consiguió que hallaran responsable al esposo de Mariana, y lo detuvieran en junio de 2016, la exigencia de justicia por su hija provocó que Irinea y su marido fueran desplazados de manera forzada de su hogar, ante las amenazas y agresiones de las que fueron objeto en diversas ocasiones, aun cuando tenían medidas de protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La sentencia por el caso de Mariana Lima marcó un precedente histórico para las víctimas de violencia feminicida en México, ya que el máximo tribunal ordenó que en los casos de asesinatos de mujeres debe investigarse la posibilidad de que se trate de un feminicidio, y que los funcionarios responsables de omisiones en las indagatorias deban ser sancionados.
Caso Narvarte: entre filtraciones y criminalización de las víctimas
Se trató del primer cuádruple feminicidio del que se tenga registro en la CDMX, y su investigación estuvo marcada por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas, como detalla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió por el caso.
De acuerdo con el análisis de la comisión, la entonces procuraduría impidió el acceso a la información de la investigación a los familiares de las víctimas, pero permitió filtraciones que llegaron a los medios y provocaron la cirminalización de las cinco personas asesinadas: a Mile se le vinculó con el tráfico de drogas por su nacionalidad colombiana; se publicaron las fotografías de las mujeres, con huellas de tortura sexual, y se destacó que entre sus pertenencias había alcohol y drogas.
También encontró que la procuraduría no tomó en cuenta para la investigación las denuncias previas por parte de algunas de las víctimas. En el caso de las mujeres, no se siguieron protocolos específicos para casos de feminicidio, y no se indagó sobre la posible relación del homicidio con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza.
A casi siete años de los hechos, hay tres hombres detenidos e imputados por el caso. Sin embargo, Karla Micheel Salas señala que se ha documentado la participación de más personas en el multihomicidio, a las que las autoridades se han negado a investigar.
Lesvy Berlín: su novio no fue testigo del suicidio, él la mató
La mañana del 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio fue encontrada muerta, con un cable de teléfono enrollado en el cuello, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la CDMX. Sobre el caso, en un primer comunicado, la procuraduría capitalina dio como posible causa de su fallecimiento un suicidio, mismo que había sido supuestamente presenciado por José Luis, su novio.
Gracias a que esa fue la principal línea de investigación, José Luis, quien luego se comprobó que fue quien estranguló a Lesvy, continuó en contacto con su familia, e incluso estuvo presente en los funerales de la joven. Sin embargo, su madre, Araceli Osorio, inconforme por la respuesta de las autoridades, luchó para que se reevaluara el caso como feminicidio.
Por un peritaje presentado por el OCNF, realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se determinó que ella no pudo suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia, lo que logró que se reclasificara el delito y se investigara con perspectiva de género.
Este caso derivó en la primera recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por un feminicidio, al acreditarse que hubo violación a su derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia y derecho a la verdad, derecho a la intimidad y a la vida, además de que no hubo debida diligencia en la investigación y atención a los familiares.
El 18 de octubre de 2019, el feminicida de Lesvy, José Luis González, fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 337 mil 450 pesos por reparación del daño, y 47 mil 957 pesos por los gastos funerarios.
Debanhi: dos peritajes tumbaron versión de un posible accidente
Dos semanas después, el 21 de abril, las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de un cuerpo dentro de la cisterna abandonada de un motel, en el que previamente se habían hecho inspecciones sin que dieran resultados positivos. De acuerdo con la primera versión de la fiscalía local, la joven había caído de manera accidental, golpeándose en la cabeza.
Esta respuesta de las autoridades provocó indignación, y la exigencia de que se investigara el caso como feminicidio se intensificó luego de que medios de comunicación dieran a conocer el resultado de un peritaje independiente realizado a petición de la familia de Debanhi, en el que se establecía que su cuerpo mostraba señales de una posible agresión sexual.
La familia de la joven había reservado la información de ese peritaje, por lo que a la exigencia de justicia por el feminicidio sumó la demanda de que se removiera a los funcionarios implicados en la filtración de los datos que revictimizaron a la joven y por las negligencias en la investigación. Esto motivó que intervinieran autoridades federales con un tercer peritaje del cuerpo, mismo que fue exhumado y reexaminado, con la conclusión de que la víctima fue asesinada por asfixia.
Han transcurrido más de tres meses y todavía no hay personas detenidas por este hecho. Su padre ha acusado en múltiples ocasiones a la Fiscalía de Nuevo León de querer cerrar el caso, pero afirma que no descansará hasta obtener justicia y reparación al daño a la imagen de Debanhi, a quien se responsabilizó de su muerte por haber acudido a una fiesta y no irse con sus amigas y posteriormente se revictimizó.
La afectación contra las víctimas
María de la Luz Estrada y Karla Micheel Salas coinciden en que prevalece una cultura machista dentro del sistema de justicia que minimiza las violencias que denuncian las mujeres y se niega a asumir la responsabilidad de prevenir que las agresiones continúen y puedan escalar hasta la muerte. Además, enfrentan a las familias de las asesinadas, víctimas indirectas, a procesos de revictimización que provocan daños psicológicos e incluso físicos al paso de los años.
“Hay un mensaje de permisividad que deja indefensas a las familias, y que a las mujeres les da el mensaje de que a ellas también les puede pasar, sin que haya un interés de la justicia por resolver los casos y que exista sanción contra los agresores. Esto va generando miedos, desplazamientos forzados ante los riesgos de represalias, todo ante la indiferencia de las autoridades”, señala Karla Micheel.
A ello se suma el hecho de que las autoridades “obligan” a las familias a convertirse en investigadores de los casos. María de la Luz Estrada menciona que en el OCNF reciben varios casos en los que las fiscalías demandan a las madres de las víctimas que presenten pruebas para presumir que se trató de asesinatos y no de accidentes o suicidios, lo que es una obligación de las autoridades investigar y probar.
En su opinión, las autoridades prefieren tipificar los feminicidios como homicidios dolosos o suicidios para no cargar con el costo político de que se les acuse de no actuar ante las situaciones de violencia de género, agresiones que “en muchas ocasiones se pudieron evitar, porque las víctimas pidieron ayuda y denunciaron, pero no las escucharon”.
“A esto nos enfrentamos a diario, a 11 feminicidios y a un sistema negligente que los deja impunes, porque prefieren terminar con las investigaciones señalando a las víctimas como las responsables. En el caso de Luz Raquel Padilla, nos enfrentamos a otro caso de estos, en los que no trabajan para investigar la agresión en su contra, pero presentan todo tipo de pruebas para construir una versión en la que ella se quemó, aun con los antecedentes de amenazas. Y yo digo, si ella se inmoló, ¿no es más grave aún que haya tenido que llegar a eso para ser escuchada por las autoridades? Nos deben muchas respuestas”, advierte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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