“Nuestro país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días”, dijo el ministro durante la presentación de la “agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio”, organizado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“Uno de los problemas que tiene estructuralmente el tema del feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme el tipo de feminicidio; cada estado lo conceptualiza de una forma diferente”, dijo.
De acuerdo con el también presidente del Consejo de la Judicatura, lo anterior impide normalizar protocolos de investigación, ya que los tipos son distintos y dificulta una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos.
Además de que en algunos casos resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación de los feminicidios.
Por ello, Zaldívar propuso reformar el artículo 73 de la Constitución, fracción XXI, inciso a), para agregar a los delitos a que se refiere este artículo, como son secuestro y desaparición forzada, el tipo de feminicidio.
Además de crear la Ley General Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, que adapta al sistema jurídico mexicano la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas”.
Se trata de un nuevo marco normativo que permite establecer a nivel nacional el tipo penal de feminicidio y delitos vinculados.
Además de establecer lineamientos de observancia general en todo el país para una coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la efectiva prevención, investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos.
Así como para establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas.
“Esta ley no se agota en el aspecto punitivo; sino que establece, primero, medidas de prevención; segundo, reglas especiales para la investigación; así como medidas de asistencia, protección y reparación integral. Creo que esto es esencial. No es una ley punitivista, sino es una ley que busca prevenir y una reparación integral”, aseguró el ministro presidente de la SCJN.
El proyecto de iniciativa establece que a petición del Ministerio Público, el juez o la jueza de control podrá ordenar la prisión preventiva a los imputados ya sea por el delito consumado o en grado de tentativa o en actos preparatorios, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señala que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a mil días multa. Este es imprescriptible y no está sujeto a criterios de oportunidad, ni formas de solución alterna y prohíbe el uso de mecanismos de solución de controversias en materia penal y la conmutación de la pena.
La sanción aumenta de 60 a 90 años de prisión cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, cuando la víctima esté en prisión o cuando el agresor sostenga una relación de confianza, de parentesco, de autoridad o de otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima.
El titular del poder judicial dijo que, si bien la SCJN no tiene facultad de presentar iniciativas, pone en manos del Congreso el proyecto con la idea de que hagan suya la propuesta. El proyecto también será enviado al Poder Ejecutivo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
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