Debido a pleitos legales que sostienen con sus exparejas tras haberse separado de ellos, tres mujeres integrantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria fueron arrestadas.
La organización reportó que el pasado 4 de julio Yetlanezy Baltierrez fue detenida en Sonora, acusada de incumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hijo de 18 años, aunque no existe un fallo que determine que le debe dinero a su exmarido por los años que estuvieron separados y el joven aún era menor de edad. Debido a esta irregularidad en su proceso, la mujer fue liberada horas después.
Los otros dos arrestos ocurrieron el 8 de julio: en Puebla, Luz Arredondo acudió ante las autoridades por voluntad propia para cumplir con 10 horas de detención, por incumplir con una convivencia de su expareja y su hijo.
A unos kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Rebeca Cebrecos fue detenida el mismo día, cuando acudió al penal de Santa Martha Acatitla para una audiencia del proceso contra su exmarido. Hasta el día de hoy, permanece encarcelada y, debido a la delicadeza del caso, su abogado se ha limitado a informar a sus compañeras del Frente Nacional contra Violencia Vicaria que el delito por el que se le acusó fue “fabricado”.
Jennifer Seifert, fundadora de la organización de víctimas de violencia vicaria, señaló en entrevista que estos casos no son aislados, lo que da muestra de que las instituciones de justicia favorecen a los hombres en los pleitos legales contra sus exparejas. Afirma que varias integrantes del Frente han pisado la cárcel por incumplimientos de citatorios o delitos de los que se les acusa sin pruebas, mientras sus exmaridos, denunciados por no dar dinero a sus hijos, sustraerlos y agredirlas de forma física, psicológica e incluso sexual, no reciben castigos que ameriten cárcel.
4 patrullas y policías vestidos de civil: el operativo contra Yetlanezy
Yetlanezy Baltierrez ha estado apartada de su hijo desde hace cuatro años, y no lo puede ver sino hasta febrero de 2023 por orden de un juez. Actualmente se encuentra en pleitos legales con su expareja, Fabián N., quien exige el pago de una pensión alimenticia del joven de 18 años, por el tiempo en el que no vivió con su madre y continuaba siendo menor de edad.
El 29 de junio, Yetlanezy tenía audiencia por este caso, misma que, según le confirmaron las autoridades de Sonora, se llevaría a cabo por medio de la plataforma Zoom, al igual que en meses pasados, cuando la pandemia obligó a distintas dependencias a trabajar vía remota. Sin embargo, llegada la hora de la reunión, la mujer no pudo ingresar, y posteriormente fue notificada por su abogado de que se había emitido una orden de aprehensión en su contra.
Yetlanezy vive en Torreón, Coahuila, con su actual pareja y un hijo producto de este matrimonio. Por problemas de salud, recientemente había sido operada y para el día en que fue notificada todavía no terminaba su periodo de recuperación, pero pese a ello, desde el momento en que tuvo conocimiento de que existía una orden para detenerla, se preparó para acudir de manera voluntaria ante las autoridades.
“Yo estaba en Torreón y la orden la emitieron en Sonora, entonces por la distancia le dije al abogado que no me daba tiempo de llegar ese día, ni siquiera en avión, porque no hay vuelos directos, hubiera tenido que viajar a la Ciudad de México y de ahí tomar otro avión, o aventarme 18 horas por carretera con la columna recién operada y sin alguien que me cuidara al niño”, señaló.
Por voluntad propia, el 4 de julio acudió ante la Fiscalía General del Estado de Sonora para que se cumpliera la orden de aprehensión, y para reclamar que esta se había emitido aunque todavía no existe un fallo que determine que debe pagar pensión alimenticia. Ante sus argumentos, los funcionarios que la atendieron le aseguraron que no sería detenida, y le pidieron ir a buscar un documento para integrar en su expediente, por lo que, acompañada de su abogado de oficio, salió de las instalaciones de la dependencia con rumbo al domicilio que tiene en Caborca.
Aproximadamente 30 minutos después, Yetlanezy se percató que una camioneta con vidrios oscuros iba tras su vehículo y, ante el temor de no saber lo que ocurría aceleró. En cuanto vio que encendió luces como las de una patrulla, la mujer se detuvo, pero volvió a ponerse en marcha cuando vio que los pasajeros eran personas vestidas de civil.
La persecución terminó cuando la camioneta se estampó contra el vehículo de Yetlanezy y los hombres vestidos de civil le notificaron que iban a detenerla, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Apoyados por otras tres patrullas, la arrestaron y la trasladaron hasta el Centro Femenil Penitenciario de Nogales, Sonora, sitio en el que permaneció por varias horas, hasta que consiguió que reconocieran la irregularidad de su detención y fue liberada.
“Esa noche tuve audiencia y fue como pude salir, gracias a las personas que me ayudaron, a todas las mujeres que conforman el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, porque sin ellas no estuviera yo aquí ahorita. Aunque se desestimó el incumplimiento de obligaciones familiares, los policías ya me habían hecho cargos por el choque de la patrulla, y fue por la presión mediática que me quitaron las acusaciones”, detalló en entrevista.
De acuerdo con Yetlanezy, desde su detención las autoridades de Sonora han tenido un trato amable y empático con ella, aunque hasta ahora no le han ofrecido una reparación del daño por la detención en un proceso irregular, por un delito que no cometió y sin que exista un fallo que la obligue a pagarle pensión alimenticia a su exmarido. Por ahora, lo que busca es que al menos acepten cambiarla de abogado de oficio, ya que considera que el que actualmente la defiende no la ha apoyado debidamente.
“Vivimos privadas de nuestra libertad emocional”
Luz Arredondo se unió al Frente Nacional contra Violencia Vicaria hace nueve meses, cuando conoció de la existencia de la organización, y a partir de febrero se convirtió en su representante en Puebla. Desde abril de 2020, Luca, su hijo, ha sido sustraído en dos ocasiones por su padre, Valentín, sin que haya sido sancionado por ello, y tampoco se le dictó orden de aprehensión alguna, pese a que en diversas ocasiones Luz notificó a las autoridades que su exmarido la amenazaba por el proceso legal por la custodia del niño.
En cambio, ella fue notificada de que tenía una orden de arresto, por no llevar a Luca a una convivencia con su padre, aunque ella argumentó que fue debido a que el niño se encontraba en la escuela.
Por miedo a que la orden de arresto fuera ejecutada frente a su hijo, y que viera cómo era llevada por patrullas tras las rejas, Luz decidió acudir voluntariamente el pasado 8 de julio ante las autoridades de Puebla, y cumplió con las diez horas de castigo que le fueron impuestas.
“Yo planeaba dejar a Luca en la escuela y de ahí ir acompañada de mi abogada al Centro de Justicia, pero cuando llegamos al plantel me percaté que ahí estaba el abogado de mi exmarido y me retiré con él, por miedo a que en ese momento intentaran sustraerlo de nuevo. Lo dejé en un lugar seguro y me presenté ante las autoridades, no sin antes dejar un video para que, en caso de que me pasara algo malo, pudiera verlo y saber qué fue lo que ocurrió”, comentó.
Una vez que entró en las instalaciones del Centro de Justicia, fue trasladada al penal de San Miguel, donde la mantuvieron por diez horas en un área administrativa, separada del resto de las mujeres presas. Según el relato de Luz, el personal del penal no sabía que hacer con ella, ya que no había cometido ningún delito y su castigo era menor.
“Todo mundo estaba extrañado, porque no había cometido ningún delito. Me cambiaron la ropa y la mayor parte del tiempo estuve en la oficina administrativa, donde la verdad tuve un trato digno y humanitario, pero de todos modos me tuvieron ahí. De hecho, en la boleta que llenan de las personas detenidas no sabían que escribir como motivo de arresto, primero querían poner que fue por un delito mercantil, a lo que yo me opuse, y terminaron determinando que debían clasificar mi caso como juicio por retención de un menor”, explicó.
Para Luz, la experiencia que vivió “no fue nada sencilla, pero tampoco puedo decir que es la peor que he vivido, porque para mi lo más difícil ha sido tener que vivir 18 meses sin mi hijo, por la sustracción que su padre hizo hace tiempo, y por la cual nunca recibió castigo”.
“Cuando estuve encerrada pensé en cómo llegué a estar cautiva por quedarme callada, por miedo a las represalias. En ese momento estaba presa físicamente, pero muchas veces las mujeres vivimos privadas de nuestra libertad emocional, estemos o no tras las rejas”, expresó.
Los últimos días, desde que ocurrió su arresto, los ha pasado tratando de salir del estado de shock que le provocó la experiencia, y con miedo porque el riesgo de que Valentín vuelva a intentar sustraer a Luca sigue latente.
Tras haber cumplido con el castigo que le impusieron, anunció que continuará peleando porque le den la razón y se suspendan las convivencias que otorgaron para que Luca esté con su papá los jueves por la mañana, horario en el que debe asistir a la escuela, y buscará que se sancione a Valentín por las faltas que ha cometido durante el proceso por la custodia y manutención.
En el caso de Rebeca Cebrecos, quien continúa detenida en Santa Martha Acatitla, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria se mantiene a la espera de conocer detalles sobre el proceso que se sigue en su contra. Según la información con la que cuentan, la mujer acudió a una audiencia, al final de la cual fue arrestada.
El abogado de Rebeca no ofreció más información del caso, debido a que continúa el proceso, pero mencionó a la organización que la mujer pidió que se mantuvieran pendientes para apoyarla y exigir medidas de seguridad para su hija y su madre, contra quienes teme represalias.
A nivel nacional, el Frente contra Violencia Vicaria cuenta con más de mil 200 integrantes. De acuerdo con Jennifer Seifert, todos los días reciben entre tres y cinco llamadas de mujeres víctimas de agresiones que buscan apoyo y orientación jurídica porque sus exparejas sustraen a sus hijos, las amenazan, las agreden o son deudores de pensión alimenticia.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses del año en México se han abierto 110 mil 138 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, y 9 mil 541 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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