De acuerdo con la Fiscalía, ambos exfuncionarios estarían involucrados en una transferencia indebida de recursos del Ipecol hacia la Seplafin, mediante 31 transferencias electrónicas efectuadas el día 30 de noviembre de 2020, por un total de 70 millones de pesos.
Por ese motivo, la Fiscalía solicitó el pasado viernes una audiencia para formular la imputación de los dos exservidores públicos por los delitos señalados, que habrían sido cometidos en agravio del patrimonio del Ipecol, así como de la sociedad colimense.
El organismo anticorrupción dijo que se mantiene a la espera de la resolución del juzgado sobre el momento en que concede la audiencia solicitada para poder continuar con este proceso, lo cual se estima suceda en un lapso menor a un mes.
Mientras tanto, el gobierno estatal no ha informado si fue presentada una denuncia anunciada en mayo pasado por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Roberto Rubio Torres, sobre irregularidades detectadas en montos ejercidos en un crédito aprobado a la anterior administración estatal por 740 millones de pesos, con los que se atenderían temas de seguridad (C5i), salud y la remodelación del Palacio de Gobierno.
El funcionario informó en su momento que hacían cruces de información entre Planeación, Finanzas y Administración y C5i, recabando elementos de prueba de los cuales se advierten irregularidades.
Dijo que se privilegió recabar la mayor información posible para que las denuncias tengan sustento sólido y no queden impunes las actuaciones que en su momento llevaron a cabo diversas personas; “vamos con paso firme para evitar cualquier revés jurídico y evitar que la impunidad vuelva a nuestro estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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