Así lo informó la institución que dirige Ernestina Godoy, luego de que ayer Teófilo Benítez, abogado de 13 víctimas del colapso de un tramo de la Línea Dorada, reveló que ante su solicitud de citar a Serranía Soto para hablar sobre el mantenimiento a la Línea 12, la ministerio público del caso, María de la Luz Alcántara, dijo que citarla podría violar sus derechos humanos porque “el solo hecho de girar citaciones y girar oficios implica una actuación deficiente de la autoridad ministerial”.
Ante esa revelación, este lunes por la noche la FGJ local emitió un comunicado de tres puntos.
En el primero, dijo que es “absolutamente respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y no se ha opuesto en ningún momento a cualquier determinación ordenada en ese sentido”.
En el segundo, agregó que su respuesta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) sobre la solicitud de citar a Florencia Serranía y otros exdirectores del Metro “ha sido en el sentido de señalar la calidad en que serían citados los ex servidores públicos, toda vez que dichas personas no forman parte de la teoría del caso que sostiene el Ministerio Público, el cual ha citado a todas las personas relacionadas con el proceso, ya sea en calidad de imputadas o víctimas”.
Por último, la FGJ local dijo que en la próxima audiencia con motivo de la imputación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños, todos culposos, programada para el jueves 14 de julio, “expondrá ante la autoridad judicial los datos de prueba que obran en la investigación, de acuerdo a la teoría del caso referida”.
Dicha teoría está basada en el peritaje que hizo la misma FGJCDMX y en los dos primeros reportes que hizo la empresa DNV, aunque no el tercero, denominado Causa-Raíz. Ambos peritajes se refieren a que la causa del colapso del tramo elevado cercano a la estación Olivos, fueron fallas en el diseño y la construcción de la línea.
Ninguno de esos reportes señaló la presunta falta de mantenimiento en la línea como causa de la tragedia que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados, hecho que, tanto el abogado Benítez, como Gabriel Regino, defensor de cinco de los 10 exfuncionarios señalados -entre ellos, Enrique Horcasitas-, han pedido que se investigue.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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