La autorización del gobierno estadounidense es necesaria debido a que fue ese país el que detuvo y extraditó a Duarte, pero por otro caso relacionado con un posible peculado. Y de acuerdo con el artículo 17 del Tratado de Extradición firmado entre México y EU, en caso de que se quieran fincar nuevos cargos a una persona extraditada se requiere el aval del país que lo entregó.
Autoridades ministeriales del estado confirmaron a Animal Político que el trámite de solicitud a dicho país ya se puso en marcha con el auxilio de la Fiscalía General de la República (FGR), para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se remitan los documentos al Departamento de Estado de EU.
La fiscalía estatal remitió a su homóloga federal las copias de al menos cinco expedientes integrados en contra de Duarte, en los que se incluyen copias de las carpetas de investigación, copias certificadas de las órdenes de aprehensión y legalizaciones de plazos de prescripción, entre otros documentos.
Uno de los casos que forman parte de este paquete y que se espera sea la segunda orden de aprehensión que se autorice por EU es el relacionado con el desvío de 120 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mediante la razón social Kepler Soluciones Integrales, SC. “De varios asuntos se envió la solicitud, pero de este se advierte que será de los primeros en tener respuesta”, dijo uno de los fiscales consultados.
En contra del exgobernador César Duarte hay, en total, 17 órdenes de aprehensión giradas por jueces de Chihuahua por diversos delitos, por lo que se prevé que en los siguientes meses la fiscalía estatal envíe nuevas solicitudes a EU, además de las cinco referidas ahora.
A nivel federal, la FGR también cuenta con una indagatoria por posibles delitos electorales en contra del exgobernador.
Actualmente, Duarte permanece en prisión preventiva en Chihuahua mientras avanza la investigación complementaria por el caso por el cual se le extraditó originalmente y por el que fue vinculado a proceso el pasado 8 de junio.
El caso Kepler y César Duarte
La fiscalía de Chihuahua acreditó que, entre 2015 y 2016, funcionarios públicos estatales simularon la contratación de servicios profesionales entre la Secretaría de Hacienda y la empresa Kepler Soluciones Integrales para, supuestamente, brindar “asesoría en aplicación de mejora y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”, servicios que nunca fueron prestados.
La FGE logró que el representante legal de la empresa, Germain Lezama Cervantes, fuera declarado culpable el 7 de diciembre de 2017 del delito de peculado agravado, por el que fue condenado a dos años y seis meses de prisión, al pago de la reparación del daño por 120 millones de pesos (monto de los recursos comprometidos) y al pago de una multa de 33 mil 225 pesos.
Los agentes del Ministerio Público demostraron que Lezama Cervantes aportó los documentos necesarios para la simulación del procedimiento de contratación, firmó el contrato de prestación de servicios y aportó comprobantes falsos con los que intentó demostrar que los supuestos servicios sí fueron prestados.
No obstante, para la FGE, el representante legal de Kepler Soluciones Integrales fue apenas un “cómplice auxiliador” de este desfalco. Los fiscales de Chihuahua corroboraron que funcionarios estatales de mayor nivel participaron en el delito, y se allegaron de información de que el desvío millonario fue ordenado por el entonces gobernador César Duarte.
Un testigo colaborador de la fiscalía señaló que en los desvíos participaron Gerardo Villegas Madriles y Enrique Tarín García, exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda y exdirector de Adquisiciones, respectivamente. Ambos exfuncionarios estuvieron implicados en otros asuntos de corrupción durante el sexenio de Duarte, como el desvío de 246 millones de pesos para financiar campañas electorales del PRI, en el caso conocido como “Operación Safiro”.
En el desvío hacia Kepler, también participó Jesús Manuel Esparza Flores, entonces titular de la Auditoría Superior del Estado y quien habría gestionado el contacto con la empresa.
“Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015 se efectuaron cuatro pagos a la empresa Kepler Soluciones Integrales, SC, los cuales sumaron la cantidad de 120 millones de pesos. Ello, obviamente, sin que existiera hasta ese momento un proceso licitatorio (…) Cabe señalar que este desvío fue ordenado por el exgobernador, según él mismo nos lo manifestó en una reunión”, declaró ante el Ministerio Público el testigo protegido, según publicó Milenio.
Los desvíos a través de Kepler dieron origen a otros dos expedientes que también derivaron en sentencias condenatorias, aunque de figuras menores.
En el primer caso, por un desvío de 5.4 millones mediante una simulación de contratos en 2014, fue sentenciado por peculado agravado Edgar Omar Ramírez Martínez, exdirector general de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado; al exfuncionario se le impuso una sentencia de dos años y 11 meses en prisión, la reparación del daño por el monto del desvío, una multa de 211 mil pesos y una inhabilitación por tres años para desempeñar cargos públicos.
En el segundo asunto de Kepler fue sentenciado el representante legal de la empresa, Lezama Cervantes, por un desvío de 1.5 millones de pesos sucedido en mayo de 2014. Por este caso, Lezama Cervantes fue condenado a tres años de prisión, al pago de la reparación del daño y a una multa económica de 500 salarios mínimos.
Este asunto es diferente del caso del desvío de 120 millones de pesos por el que ahora la FGE está gestionando el consentimiento de EU para cumplimentar la orden de aprehensión contra Duarte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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