De acuerdo con la funcionaria, en conjunto con las instancias estatales para las mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), el instituto busca fortalecer los sistemas preventivos de detección y atención a las violencias, como las órdenes de protección, la investigación con perspectiva de género, los centros de justicia y los refugios, de manera que se atiendan los casos y las causas antes de llegar al feminicidio.
“Estamos trabajando de una manera articulada en varias cosas importantes; este es un tema que se discute en las mesas de seguridad y construcción de paz, que no se discutía antes, y donde participan las instancias de las mujeres; también con una estrategia de cero impunidad, pues estamos viendo cada vez más feminicidas, violadores, que se investiga el delito y llega a la parte de justicia”, aseguró Gasman.
De acuerdo con las cifras del SESNSP, de enero a junio de 2022 se han abierto en el país 493 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, entre 75 y 89 por mes, cifras a la baja en comparación con los máximos históricos de 111 y 112 alcanzados en junio y agosto del 2021.
Sin embargo, la tendencia nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso va a la alza: alcanzó a 281 durante junio de este año, la cifra más alta que se ha registrado en un mes desde enero de 2015. Durante 2021, en agosto se registró un máximo de 271 delitos de este tipo hacia las mujeres. En lo que va de este año, suman en total mil 398. La clasificación de los asesinatos contra mujeres como feminicidios queda a criterio de las fiscalías estatales.
Según cifras oficiales, 100 municipios del país concentran el 62.4% de los feminicidios y 179 el 37.6%, un total de 279 municipios con registro de este delito, lo que representa apenas el 11.2% del total de municipios del país: 2 mil 471. Es decir, 2 mil 192 municipios no tienen registro alguno de este delito.
Entre los que concentran la mayor cantidad, en términos absolutos, se encuentran Guadalupe, Nuevo León; Juárez, Chihuahua; Ecatepec y Valle de Chalco, en el Estado de México, y Juárez, Nuevo León. Sin embargo, las tasas más altas –número de delitos por cada 100 mil mujeres– se ubican en Batopilas, Chihuahua; Ciénega de Flores y Salinas Victoria, Nuevo León; Guachochi, Chihuahua; y Mezquitic, Jalisco.
Violencia estructural
Nadine Gasman señala que el Inmujeres trabaja en un programa de mujeres constructoras de paz junto con el SESNSP, que crea un diálogo entre las mujeres de la comunidad y las presidencias municipales para identificar cuáles son las áreas donde hay problemas de violencia estructural y dónde se pueden realizar acciones para fortalecer el tejido social.
“Muy importante es la recuperación de espacios públicos, entonces tenemos alrededor de 500 redes de mujeres constructoras de paz en todo el país, y cada una hace su propio diagnóstico, hace su acuerdo con la presidencia municipal y trabajan… Tenemos muchos programas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en los próximos años, y esperamos que queden, que tienen que ver con este empoderamiento de las mujeres.
“Uno muy importante tiene que ver con la participación de las mujeres rurales, especialmente las mujeres rurales e indígenas, en la tenencia de la tierra y la participación, por lo tanto, en los consejos ejidales comunitarios; tenemos trabajo también muy localizado en la montaña de Guerrero para desarrollar las condiciones para prevenir los matrimonios precoces forzados”, aseguró la titular del Inmujeres.
Sin embargo, aclaró, lo más importante es la coordinación interinstitucional porque “justamente donde las cosas nos fallan es cuando la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, o no se comunican, y parte de llevar este tema a las mesas de construcción de paz es justamente cerrar filas, darle seguimiento a los casos”.
Para ello, dice, son fundamentales también las mesas de acceso a la justicia donde participan las organizaciones de la sociedad civil para que el sistema funcione. La cero impunidad, asegura, es igualmente una medida de prevención, porque cuando se acaba con ella, se da un mensaje inequívoco a la sociedad de que el delito es inaceptable, lo cual debe hacer pensar a los agresores en las consecuencias: “que sí van a acabar 40,50, 60, 70 años en la cárcel, y eso tiene un impacto en el tema de violencia”.
Otras medidas de prevención
Gasman asegura que la preocupación central del Inmujeres es trabajar en el modelo de prevención primaria, es decir, en las acciones necesarias para que no sucedan los delitos. Para ello, considera fundamental dialogar sobre masculinidades, relaciones de poder y ocuparse de todos los tipos de violencia.
“Nos parece que hemos avanzado en que esto ya no es un tema que no se habla, que no esté en ningún lado; es parte de la conversación cotidiana de todos y de todas, y se ha vuelto muchísimo más visible, y muchísimo más intolerado, primero por las mujeres, pero yo diría que también por la sociedad”, asegura la titular del organismo.
Según Gasman, la violencia sexual y los feminicidios son temas preocupantes en los que “tenemos camino todavía por andar”, pero se hace un esfuerzo importante tanto para prevenir como para atender e investigar con perspectiva de género. Sin embargo, lo que más le preocupa es cambiar a la sociedad, y sus condiciones estructurales, para prevenir la violencia contra las mujeres.
Una de ellas, dice, es la desigualdad entre hombres y mujeres, para lo que se impulsa, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la transformación curricular de tal manera que los temas de igualdad, perspectiva de género, interculturalidad y reconocimiento de la diversidad estén contemplados en los contenidos y libros de texto.
Con esa dependencia también están en marcha, desde 2021, unos lineamientos para la prevención, atención al acoso y al hostigamiento sexual en la educación superior y en otros niveles. En tanto, con la Secretaría del Trabajo se desarrolla un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral que, de acuerdo con Gasman, ya se está difundiendo e implementando.
Por otro lado, la titular de Inmujeres subraya la puesta en marcha de la estrategia de prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil: “Este ha sido el tercer o cuarto año en el que hemos dado recursos, que nunca se habían dado, para hablar sobre educación en sexualidad, liderazgo de niñas, etcétera, a nivel de los estados”.
La violencia digital y el empoderamiento de las mujeres, en lo relativo a la participación política y económica, son otras dos líneas centrales del modelo de prevención primaria, al igual que el trabajo de los semilleros de cultura en los municipios más violentos, que son espacios de prevención de violencia y cuidado, a través del arte, para niñas y adolescentes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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