En un comunicado, la CIDH aseguró que al contrario de resolver la problemática contra los periodistas en México, resulta «temerario» que las autoridades y funcionarios «no reflexionen sobre sus discursos y envíen de forma recurrente mensajes confusos, erráticos y contradictorios sobre este tipo de sucesos, lo que contribuye en alto grado al deterioro del debate público».
Destacó que tan sólo en el primer semestre de 2022 la violencia letal contra la prensa en México «ha tomado dimensiones estremecedoras y se ubica como el más mortal para la prensa», pues entre el 10 de enero y el 29 de junio se reportaron los asesinatos de al menos 12 periodistas.
Además de los asesinatos, la RELE registró las agresiones contra los periodistas María de Jesús Peters y Juan de Dios García Davish, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes fueron amenazados de muerte el 13 de mayo pasado y tuvieron que salir forzadamente del país. Asimismo, agregó la CIDH, Susana Carreño, directora de Radio Universidad y periodista de Canal 44, fue atacada con arma punzante en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 2 de julio, por lo que habría resultado gravemente herida y trasladada a un hospital.
«Los mencionados hechos se insertan en un contexto de hostilidad y de un temerario maltrato por parte de funcionarios y líderes públicos hacia la prensa, lo que atenta contra su integridad y aumenta el riesgo inherente a su labor», señaló la RELE.
Resaltó que este tipo de señalamientos estigmatizantes han provenido de autoridades de gobierno como así también de dirigentes de diversos sectores políticos, como el más reciente caso de un líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que declaró que a los periodistas «no hay que matarlos a balazos (…) hay que matarlos de hambre».
Hasta el 29 de junio, los periodistas asesinados en México reportados por la CIDH son José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vásquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila Johana García y Antonio de la Cruz.
Por ello, la CIDH urgió al Estado mexicano a tomar acciones institucionales urgentes para responder a la problemática y a prevenir la violencia contra periodistas, «evitando discursos estigmatizantes y enviando mensajes de respaldo a su labor».
Comunicado:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la incesante violencia contra la prensa en México, que recientemente condujo al asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija, quien se encontraba con él al momento de los hechos. Al respecto, esta Oficina reitera su llamado al Estado a investigar y sancionar los hechos con debida diligencia, imparcialidad y considerando la posible vinculación del crimen con la labor informativa, a fin de evitar la repetición de estos sucesos y el efecto inhibitorio que la impunidad causa en las personas comunicadoras. Asimismo, insiste en la necesidad apremiante de que, de forma complementaria a las medidas en curso, las autoridades federales activen acciones urgentes para la prevención de la violencia contra periodistas.
Según información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), el 29 de junio, el periodista del periódico Expreso Antonio de la Cruz, habría sido víctima de un ataque armado mientras se encontraba a bordo de su automóvil en Ciudad Victoria, Tamaulipas, junto a su hija Cinthya de la Cruz Martínez. De acuerdo a la información reportada, ambos habrían fallecido a causa de disparos con arma de fuego. La investigación del caso habría sido atraida por la FGR a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
En el primer semestre de 2022, la violencia letal contra la prensa en México ha tomado dimensiones estremecedoras y se ubica como el más mortal para la prensa, con saldos equiparables a situaciones de conflictos armados abiertamente declarados. Entre el 10 de enero y el 29 de junio se han reportado los asesinatos de José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vásquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila Johana García y Antonio de la Cruz y su hija. La Secretaría de Gobernación del Estado de México informó a esta Relatoría que únicamente cuenta con el registro de diez personas asesinadas durante este periodo.
El contexto de violencia contra la prensa en México comprende, además, un escenario creciente de amenazas de muerte e intimidaciones contra periodistas y sus familiares, lo que ha conducido a un temor generalizado de la prensa a reportar sobre temas sensibles como narcotráfico, corrupción o crimen organizado. Entre otros hechos documentados por la RELE, los periodistas María de Jesús Peters y Juan de Dios García Davish, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, habrían tenido que salir forzadamente del país luego de recibir una amenaza de muerte el 13 de mayo pasado. Asimismo, el 2 de julio, la periodista Susana Carreño, directora de Radio Universidad y periodista de Canal 44, fue atacada con arma punzante en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que habría resultado gravemente herida y trasladada a un hospital.
Los mencionados hechos se insertan en un contexto de hostilidad y de un temerario maltrato por parte de funcionarios y líderes públicos hacia la prensa, lo que atenta contra su integridad y aumenta el riesgo inherente a su labor. Este tipo de señalamientos estigmatizantes han provenido de autoridades de gobierno como así también de dirigentes de diversos sectores políticos. Entre otros hechos reportados recientemente, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habría señalado que a los periodistas «no hay que matarlos a balazos (…) hay que matarlos de hambre».
Frente a las consideraciones previas, la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la CIDH señala que:
1. El asesinato de periodistas y comunicadores es la forma más extrema y repudiable de censura, y no puede ser tolerada o normalizada en una sociedad democrática. Frente al escenario de escalada de violencia contra periodistas en México, resulta crucial que el Estado brinde una respuesta contundente y proporcional a la gravedad de los hechos, que debe incluir el rechazo enfático de las autoridades al más alto nivel frente a todo tipo de ataques e intimidaciones contra quienes ejercen la función periodística, y el reconocimiento de dicha labor por su contribución a la vida democrática. A través de diversos pronunciamientos, la Relatoría ha formulado recomendaciones al Estado enfocadas en tomar acciones institucionales urgentes para responder a este fenómeno, y a prevenir la violencia contra periodistas evitando discursos estigmatizantes y enviando mensajes de respaldo a su labor. Sin embargo, la Relatoría observa con preocupación que estos llamados no han contado con la suficiente reflexión, atención y prioridad que amerita una situación como esta de parte de las autoridades.
2. Para la Relatoría, el hecho de que la violencia se extienda –cada vez con mayor frecuencia— a las y los familiares de periodistas pone de manifiesto la degradación severa de las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo, y pone en cuestionamiento la vigencia del Estado de Derecho para quienes ejercen el oficio en México. Es fundamental que el Estado tenga en cuenta esta perspectiva en el desarrollo de medidas de prevención, por ejemplo, garantizando que los familiares de periodistas en situación de riesgo también puedan ser beneficiarios de medidas de protección a su vida, integridad y libertad de expresión.
3. En un año crítico de violencia letal contra la prensa en México, resulta temerario que los liderazgos públicos y políticos no reflexionen sobre sus discursos y envíen de forma recurrente mensajes confusos, erráticos y contradictorios sobre este tipo de sucesos, lo que contribuye en alto grado al deterioro del debate público.
4. La Relatoría nota que las acciones emprendidas por el Estado hasta la fecha han resultado insuficientes e ineficaces para detener el incremento de asesinatos y ataques físicos contra trabajadores de prensa.
5. Atendiendo el momento crítico de la crisis de seguridad que atraviesa el país, esta Oficina considera que la función de observancia de derechos humanos por parte de la comunidad internacional –particularmente sobre la situación de periodistas y comunicadores— es esencial a fin de aunar esfuerzos y animar a una reflexión constructiva.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
AUTOR: REDACCIÓN.
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