El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero de ellos. Durante 2021, dijo en varias ocasiones que promovería una reforma “para que hubiera en México una auténtica democracia”.
Lo hizo cuando el Instituto Nacional Electoral pidió restringir el contenido y difusión de la conferencia de prensa mañanera durante las campañas electorales de 2021, en acatamiento de disposiciones constitucionales y del modelo de comunicación política vigente desde la reforma de 2007-2008.
Volvió a hacerlo cuando se desató la polémica por la Consulta Popular y, ya en 2022, durante la larga discusión en torno al proceso de Revocación de Mandato.
La “amenaza” de la reforma electoral se concretó hasta abril de este año, cuando Pablo Gómez y Horacio Duarte, dos funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda, presentaron públicamente la iniciativa de López Obrador, que de inmediato fue enviada a la Cámara de Diputados.
Hoy, son los aspirantes a suceder a López Obrador quienes advierten que habrá una reforma electoral para “impedir los excesos del INE y del Tribunal Electoral”.
Les molesta que consejeros y magistrados aprueben resoluciones y sentencias que buscan impedir actos anticipados de campaña y que estos, a su vez, se conviertan desde ahora en un elemento que rompa las condiciones de equidad en futuros procesos electorales: Coahuila y Estado de México, en 2023, y la gran elección de 2024, en la que se elegirá la Presidencia, se renovarán las Cámaras y se elegirán múltiples cargos a nivel estatal y municipal.
En el colmo del reclamo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, celebra que ya pronto los diputados de Morena vayan a “desaparecer al INE”.
Y, como si ese fuese un grito de batalla, todo el aparato oficial se moviliza en busca de una reforma que no habla de desaparecer, pero sí de “suprimir” al INE, para convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Mientras el encargado de la política interna del país acude a eventos partidistas, sonríe desde espectaculares y bardas, y firma desplegados, Morena lanza su campaña de asambleas informativas para la reforma electoral, con tres ejes temáticos: sistema electoral, instituciones electorales y sistema de partidos.
Según el documento base para dichas asambleas, la campaña de Morena por todo el país tratará de posicionar diez cosas que se pretenden con la reforma, entre las que destacan: “eliminar los gastos excesivos de la burocracia electoral”, “garantizar la imparcialidad, neutralidad y objetividad del árbitro electoral”, “reducir el financiamiento de los partidos políticos”, “reducir las diputaciones de 500 a 300 y las senadurías de 128 a 96” y “regular el financiamiento de parte de particulares y con esto ahorrar 24 mil millones de pesos al año”.
La campaña será similar a la desplegada durante al proceso de reforma energética, en febrero pasado, y tendrá el doble propósito de informar y movilizar a la ciudadanía.
Quien diga no a una “democracia más austera” será exhibido en la conferencia mañanera, será quemado en las redes sociales del oficialismo y, si es legislador, probablemente será acusado de “traición a la patria”.
Las asambleas informativas servirán, de paso, para que la y los presidenciables de la 4T tengan pretexto para seguir recorriendo el país y placeándose ante la militancia en fines de semana.
En paralelo, la Cámara de Diputados iniciará el proceso de “parlamento abierto” de la reforma político-electoral.
Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, los foros serán inaugurados este martes 26 de julio e incluirán tres modalidades: diálogos entre seis ponentes ante la Jucopo (tres a favor y tres en contra de la iniciativa presidencial); mesas con igual número de ponentes ante Comisiones de la Cámara; y debates de cuatro ponentes en el Canal del Congreso.
El “parlamento abierto” versará, igualmente, sobre los tres temas de la iniciativa: sistema electoral, instituciones electorales y sistema de partidos.
Tanto las asambleas informativas de Morena, como los foros del parlamento abierto -impulsados por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados-, ocuparán la agenda política de los próximos meses, en busca de que pudiera pactarse una reforma durante el segundo año de la 65 Legislatura, cuyo primer periodo ordinario de sesiones arranca el próximo 1º de septiembre.
Si la oposición se mantiene en “moratoria constitucional”, como anunciaron en mayo PRI, PAN y PRD, no habrá reforma política, pues requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Si el parlamento abierto es serio y efectivo, y da paso a un proceso de análisis, diálogo y acuerdos políticos, entonces podría haber trabajos legislativos, dictámenes y, eventualmente, una reforma pactada entre todas las fuerzas con representación en el Poder Legislativo.
Se antoja muy difícil eso: de cara al 2024 suenan los tambores de guerra y no se observa, ni de un lado ni del otro, voluntad para realizar un cambio profundo de las leyes e instituciones de la democracia.
En ese escenario, la reforma electoral seguirá siendo un discurso de amenaza contra las autoridades electorales actuales, y de desprestigio para los partidos que no aprueben la iniciativa lopezobradorista.
En un inédito desplegado firmado la semana pasada, entre otros por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal; 17 gobernadoras y gobernadores en funciones; cuatro gobernadores electos; senadores, diputados y hasta el director del IMSS, Zoé Robledo, Morena se queja de las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas del INE y avaladas por el Tribunal Electoral recientemente.
Y lanzan una advertencia que permite anticipar lo que viene: “Continuaremos defendiendo desde el territorio, junto al pueblo de México y al amparo de nuestros derechos constitucionales, el proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.
Así será el ambiente en el que el oficialismo impulsará la iniciativa presidencial; un estira y afloja en el que Morena y sus aspirantes mantendrán su desafío a la legislación electoral y la oposición seguirá acumulando quejas ante las autoridades electorales exigiendo tarjetas rojas antes de que inicie formalmente el juego.
Una reforma de ajuste, que podría ser pertinente y necesaria tras nueve años de aplicación del modelo vigente, sería indeseable si es impuesta por una sola fuerza, aunque ésta tenga la mayoría.
Por lo pronto, la reforma se antoja imposible cuando se presenta como amenaza y se recurre a la descalificación antes de que comience el diálogo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN.
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