Poco después de que se informara la muerte del exmandatario, colectivos y organizaciones de derechos humanos reaccionaron a su deceso y denunciaron la falta de sanción por los crímenes cometidos desde sus cargos en el gobierno, como desaparición forzada, tortura y represión.
El Comité 68, integrado por sobrevivientes de la masacre del 2 de octubre de 1968, recordó que Echeverría “pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio”, pero “por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República”, fue dejado en libertad y amparado desde 2009.
“La muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado”, acotó el Comité 68, que el 9 de julio protestó frente al Palacio Nacional para exigir que los procesos judiciales contra los perpetradores de la represión continúen.
Por su parte, el colectivo H.I.J.O.S. México, que reúne a familiares de desaparecidos y ex presos políticos, condenó que la justicia dejara “en casa y a salvo” al expresidente hasta sus 100 años, y aseguró que a pesar de la impunidad “resiste la memoria un pueblo”.
“No olvidamos, no hay reconciliación. Nos siguen faltando verdad, justicia y nuestres desaparecides”, publicó H.I.J.O.S. en sus redes sociales.
Las organizaciones y colectivos de derechos humanos exigieron que la muerte de Echeverría no signifique un obstáculo para el acceso a la verdad y que se garantice plena justicia para todas las víctimas de su mandato, que como presidente de México fue de 1970 a 1976.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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