Así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de concluir que la entrega de esta información, solicitada vía transparencia, no pone en riesgo la seguridad nacional.
La propuesta, realizada por la ministra Margarita Ríos Farjat, fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Corte al analizar el recurso de revisión en materia de seguridad nacional tramitado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Durante el debate, la ministra destacó que la UIF no argumentó adecuadamente los motivos por los cuales consideró que la entrega de información ponía en riesgo la seguridad nacional.
“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional por la circunstancia de que se entregue la información solicitada, pues se ordenó testar la parte relativa que pueda hacer identificable a las personas eliminadas de la denominada lista de personas bloqueadas. Además, se toman en cuenta elementos importantes tales como que la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera no adujo que existiera un riesgo a la seguridad nacional”, indicó.
La UIF había negado la información que le fue solicitada por un ciudadano vía transparencia porque supuestamente los documentos requeridos únicamente contenían datos personales.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), revocó la respuesta de la UIF mediante resolución emitida el 22 de septiembre de 2020 y le ordenó entregar una copia de los documentos solicitados testando los nombres y datos personales de los involucrados.
Por ello, el Ejecutivo federal llevó el caso a la Corte argumentando razones de seguridad nacional.
"No hay ni siquiera un intento por acreditar que la entrega de la información de la UIF atente contra la seguridad nacional", observó el ministro Javier Laynez Potisek.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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