La visita de la CIDH, que concluirá el 15 de julio, recorrerá las 22 comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de las medidas cautelares, ubicadas una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama.
“La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas”, explicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en diciembre de 2021.
A finales de 2021, el Frayba informó que, debido a la falta de acciones para implementar las medidas cautelares en las comunidades beneficiarias, la CIDH anunció una visita in situ, y el 22 de abril de este año el Estado mexicano notificó al Centro la anuencia de la llegada, por lo que aún se esperaba la confirmación de la fecha.
Debido a la violencia por parte de grupos paramilitares contra las comunidades tsotsiles y tseltales en Chiapas, que ha provocado muertes, heridos y miles de desplazados indígenas, la CIDH solicitó al Estado mexicano desde hace casi cuatro años la adopción de medidas cautelares a favor de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. Sin embargo, las medidas no se implementaron y la violencia se acrecentó en las comunidades, sin ninguna intervención efectiva del Estado.
AUTOR: REDACCIÓN.
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