A través de una carta dirigida a ambos mandatarios, 87 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la Coalición de Migrantes y el IMUMI, lamentaron que Estados Unidos y México continúen «con políticas y prácticas inefectivas e ilegales basadas en la disuasión que ignoran y subvierten el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos y ponen en peligro a los migrantes y solicitantes de asilo».
Señalaron que ambos gobiernos deben promover políticas que garanticen el acceso a la seguridad «en lugar de centrarse en prácticas disuasorias y coercitivas perjudiciales».
Para el caso de México, destacaron cómo múltiples organizaciones han documentado la serie de acciones y omisiones gubernamentales a la que se enfrentan los migrantes al llegar al sur de México, donde permanecen vulnerables a los abusos y al trato arbitrario mientras atraviesan por procesos legales atrasados.
Además, resaltaron que desde 2020 se han reportado incidentes «muy preocupantes» de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) «que golpean a los migrantes afrodescendientes, separan a las familias y utilizan una fuerza excesiva contra los migrantes a lo largo de la frontera sur de México».
En el caso de Estados Unidos, desde 2020 investigadores también han registrado más de 270 denuncias de abusos contra migrantes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza, «incluyendo el uso excesivo de la fuerza, la negación de atención médica y la separación de familias», indicaron.
Entre sus recomendaciones, las organizaciones llamaron al gobierno mexicano a adoptar medidas de protección a los migrantes y a solucionar los casos de violencia cometidos por las mismas autoridades en las ciudades fronterizas, así como a abordar la inseguridad generalizada y la falta de servicios básicos para los migrantes y solicitantes de asilo en el país.
De igual forma, pidieron al gobierno estadounidense iniciar el proceso de suspensión de la política «Quédate en México» en colaboración con el gobierno mexicano, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, y tomar todas las medidas posibles para evitar que continúen las expulsiones del Título 42.
Finalmente, urgieron a ambos mandatarios que proporcionen un verdadero liderazgo regional, «demostrando que el compromiso de defender los derechos humanos y de los migrantes se aplica a la propia conducta de los Estados en casa, así como a sus recomendaciones para otros países».
Carta completa:
Presidente de los Estados Unidos Joseph Biden
Presidente de México Andrés Manuel López Obrador
cc:
Secretario de Estado de los Estados Unidos Americanos, Antony Blinken
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard
Estimados Presidente Biden y Presidente López Obrador,
Nosotras, las 87 organizaciones firmantes, comprometidas con los derechos humanos, los derechos de los migrantes y los refugiados; les escribimos previo a la reunión bilateral que tendrá lugar en la Casa Blanca, para instarles a centrar su discusión sobre la migración en los derechos humanos, la protección y la expansión de las vías legales. Si bien la migración en el hemisferio plantea desafíos, Estados Unidos y México pueden y deben ser líderes en la protección de migrantes y refugiados, y hacer realidad los compromisos de respeto a los derechos dentro de los cuatro pilares de la recientemente firmada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.
La reciente tragedia de San Antonio, donde 53 migrantes murieron en un remolque mientras intentaban entrar sin ser detectados a Estados Unidos, muestra el devastador impacto humano de las políticas migratorias centradas en limitar el acceso al territorio, ya que las personas se ven obligadas a contratar a traficantes y a tomar rutas cada vez más riesgosas para la vida. Este terrible balance no es el único: 55 migrantes murieron en Chiapas el pasado mes de diciembre al chocar y volcarse el camión en el que viajaban hacinados. De acuerdo con diversos informes, las muertes, desapariciones y lesiones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos este año han alcanzado un máximo histórico, y las muertes en el mar también van en aumento. Instamos a las autoridades a proteger a las víctimas del horrible incidente de San Antonio.
Perseguir políticas que garanticen el acceso a la seguridad en lugar de centrarse en prácticas disuasorias y coercitivas perjudiciales
Ante estas tragedias, nuestras organizaciones siguen profundamente preocupadas por el hecho de que, a pesar de los compromisos declarados por sus administraciones, incluidos los asumidos en la reciente Declaración de Los Ángeles, de promover vías regulares para la migración, el acceso a la protección internacional y la gestión humana de la migración; Estados Unidos y México continúen, en cambio, con políticas y prácticas inefectivas e ilegales basadas en la disuasión que ignoran y subvierten el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos y ponen en peligro a los migrantes y solicitantes de asilo. En particular:
● Los investigadores de derechos humanos han rastreado al menos 10.318 informes en México sobre secuestros y otros ataques brutales contra personas detenidas o expulsadas bajo Título 42 desde el inicio de la administración Biden.
● En los últimos meses, Estados Unidos ha desplegado varios centenares de vuelos de expulsión para enviar a decenas de miles de personas a Brasil, Colombia, Centroamérica y Haití sin darles la oportunidad de buscar protección, violando el derecho nacional e internacional. Unos 4 000 haitianos fueron expulsados o deportados en 36 vuelos sólo en el mes de mayo.
● Múltiples organizaciones han documentado recientemente cómo los migrantes y solicitantes de asilo que llegan al sur de México se enfrentan a una serie de acciones y omisiones gubernamentales que dejan a las personas luchando por sobrevivir y vulnerables a los abusos y al trato arbitrario mientras atraviesan por múltiples procesos legales atrasados.
● Desde 2020, las organizaciones han documentado incidentes muy preocupantes de miembros de la Guardia Nacional de México y del Instituto Nacional de Migración (INM) que golpean a los migrantes afrodescendientes, separan a las familias y utilizan una fuerza excesiva contra los migrantes a lo largo de la frontera sur de México. En este mismo periodo, los investigadores también han registrado más de 270 denuncias de abusos contra migrantes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, la negación de atención médica y la separación de familias. Las mujeres que buscan protección también se enfrentan a riesgos especialmente elevados debido a las políticas migratorias de Estados Unidos y México.
● Hasta la fecha, no hay un entendimiento completo de las violaciones que enfrentan los Pueblos Indígenas en la migración debido a la falta de datos desagregados, documentación y clasificación errónea de los Pueblos Indígenas como hispanos o latinos. Destacamos el caso de Juanita Alonzo Santizo, mujer indígena Maya Chuj que fue detenida arbitrariamente en México más de siete años. Su caso finalmente llegó a la atención nacional e internacional gracias a la incidencia liderada por mujeres Mayas. “El caso de Juana es emblemático, ya que destaca la discriminación y el racismo que enfrentan los migrantes Indígenas, incluida la exclusión de los idiomas indígenas, e ilustra las realidades particulares de las mujeres Indígenas.”
● Las nuevas restricciones de visado en México para venezolanos, brasileños y ecuatorianos les obligan a emprender rutas peligrosas y más largas a pie, a menudo a través de la Tapón del Darién, donde los migrantes están expuestos a violaciones de los derechos humanos, incluidos los índices desenfrenados de violencia sexual.
Estas políticas centradas en frenar la migración alimentan la violencia y los ataques contra los migrantes, aumentan las crisis humanitarias en nuestras fronteras y permiten a los contrabandistas y traficantes aprovecharse de los migrantes. Los esfuerzos de los gobiernos para reducir las llegadas de personas migrantes han hecho poco para prevenir o mitigar los peligros de los modelos de tráfico de personas y los beneficios que se obtienen con el tráfico y la trata. Todo esto demuestra la necesidad urgente de un cambio de rumbo. Instamos a ambos gobiernos a que adopten medidas concretas e inmediatas para cumplir el compromiso de la Declaración de Los Ángeles de reforzar el marco de protección internacional y promover vías regulares.
Restablecer el acceso al asilo y la protección en la frontera de Estados Unidos
En Estados Unidos, acogimos con satisfacción la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que la Administración Biden tiene autoridad legal para poner fin a los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), también conocido como programa “Quédate en México”. Ahora instamos a la Administración Biden a iniciar el proceso de suspensión de esta política en colaboración con el gobierno mexicano, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. También es crucial que la Administración Biden tome todas las medidas posibles para evitar que continúen las expulsiones del Título 42, incluyendo la utilización de las excepciones en la mayor medida posible y el cumplimiento significativo de una reciente orden judicial, asegurando que ningún refugiado sea devuelto a un país donde sería perseguido o torturado. Restablecer plenamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México conlleva asumir prácticas seguras de acogida que garanticen a las personas el derecho a presentar sus solicitudes, a preservar la unidad familiar y a la no retención bajo custodia o detención en la frontera durante largos periodos de tiempo. Las autoridades estadounidenses deben coordinar con las organizaciones no gubernamentales y los albergues el transporte rápido de los solicitantes de asilo a las comunidades de destino dentro de Estados Unidos, estableciendo el acceso a los servicios, a la asesoría legal y a la gestión de casos basada en la comunidad mientras las personas siguen sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos.
Aumentar el acceso a la protección y la seguridad en México
Por su parte, el gobierno mexicano debe tomar medidas para abordar la inseguridad generalizada y la falta de servicios básicos para los migrantes y solicitantes de asilo que esperan en las ciudades y estados fronterizos mexicanos. Al mismo tiempo, ante el crecimiento sin precedentes de las solicitudes de asilo, instamos al gobierno mexicano a que proporcione recursos adicionales a la agencia de refugiados de México, la COMAR, que lleva demasiado tiempo sin personal ni recursos suficientes. Además de aumentar el acceso al asilo, el gobierno mexicano debería ampliar el uso del estatus humanitario temporal y las vías regulares infrautilizadas en la Ley de Migración, así como reforzar la capacidad de los consulados mexicanos en Centroamérica para emitir visados. Aunque la ampliación de los visados temporales de trabajo para centroamericanos anunciada recientemente por el gobierno mexicano puede ofrecer a algunos migrantes una oportunidad de empleo bien recibida, este programa debe reformarse para garantizar los derechos de los trabajadores, incluyendo unas condiciones de trabajo seguras, la libertad de asociación y la negociación colectiva con independencia de la situación migratoria, la dignidad, la igualdad de trato y un empleo libre de explotación, incluida la posibilidad de cambiar de empleador. Los trabajadores temporales deben gozar de libertad de movimiento y no se les debe impedir interactuar con las comunidades locales. Debe prestarse especial atención a garantizar el acceso de las mujeres a los programas de trabajadores migrantes. Todas las ampliaciones de los visados de trabajo deben coordinarse con las organizaciones de derechos laborales de Estados Unidos y México para evitar el fraude en la contratación y otras violaciones de derechos. Son esenciales las inspecciones laborales con inspectores que puedan mantener comunicación con los trabajadores en el idioma de estos últimos, para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y la protección contra las represalias.
Crear y aumentar vías alternativas y adicionales a la migración, incluso para hacer frente al impacto del cambio climático
Dado que Estados Unidos y México han reconocido la importancia de colaborar para hacer frente a la crisis climática, les instamos a crear también vías de protección y migración para las personas y familias que se ven obligadas a huir debido al creciente impacto del cambio climático y la degradación medioambiental. Las vías de protección regional, como los estatutos de protección temporal y las vías de regularización a largo plazo, deben establecerse también en otros países, al tiempo que se permite a los migrantes y refugiados buscar protección donde se sientan seguros. De acuerdo con el compromiso de reubicar a 20 000 refugiados de las Américas, Estados Unidos debe intensificar las operaciones para aumentar el número de admisiones de refugiados procedentes de esta región, que sigue teniendo uno de los niveles de admisión más bajos de todas las regiones del mundo. Aunque aplaudimos las medidas de la administración Biden para restablecer y ampliar la elegibilidad para el programa de Menores Centroamericanos (CAM) y el Acuerdo de Transferencia de Protección (PTA) para las personas de los países del norte de América Central, estos programas son extremadamente limitados en su alcance, y actualmente no hay otros mecanismos para que las personas busquen protección en los Estados Unidos desde su hogar o un país de tránsito en la región. Por último, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Haitiano debe empezar a funcionar enviando invitaciones a las personas elegibles lo antes posible, y la Administración Biden debe volver a dotar inmediatamente de personal a la sección consular de la Embajada de EE.UU. en La Habana para aplicar plenamente el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano.
La coordinación y la consulta con la sociedad civil son fundamentales para un enfoque regional de la migración
Si bien es necesario e importante abordar las causas fundamentales de los patrones de migración forzada en el hemisferio, debe hacerse con cuidado y en coordinación con la sociedad civil, las comunidades locales y las organizaciones internacionales, reconociendo reducir los factores del desplazamiento forzado lleva tiempo. Los gobiernos de Estados Unidos y México deben garantizar que la cooperación en los países del norte de Centroamérica se centre en enfoques orientados a la protección para abordar la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, el cierre del espacio cívico, el desarrollo inclusivo y sostenible dirigido por la comunidad, los programas de prevención de la violencia y la mitigación y adaptación al cambio climático, todo ello enfocado en las comunidades afectadas para impulsar el cambio.
Les instamos a que proporcionen un verdadero liderazgo regional, demostrando que el compromiso de defender los derechos humanos y de los migrantes se aplica a la propia conducta de los Estados en casa, así como a sus recomendaciones para otros países. Nuestras organizaciones agradecen su consideración y agradecen la oportunidad de comprometerse con sus administraciones en relación con una visión regional integral y de colaboración que respete los derechos de los migrantes y los refugiados y que promueva el acceso a la protección y las vías alternativas a la migración.
Atentamente,
Al Otro Lado
Albergue Tochan-Nuestra Casa y Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero
Alianza Americas
Americasinmuros.org
Andarhani tzïtzïki p’urhe
Apoyo a Migrantes Venezolanos
ASISTA
Asociación Pop No’j (Guatemala)
Asylum Access Mexico (AAMX)
Caminamos Juntos AC
Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.
CCIAPM ABBA A.C. I
Center for Democracy in the Americas
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America-CRLN
Church World Service
Coalición de Derechos Humanos
Coalición de Migrantes
Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)
Colectivo paa el Desarrollo Transnacional de Michoacan (CODETMICH)
Comunidad Maya Pixan Ixim
Consejo de la crónica
Cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
El Colegio de la Frontera Sur
Federación de Nayaritas Unidos
Federacion Yucateca de California
Florence Immigrant & Refugee Rights Project
Fundación Defensoría Migrante
Fundación EPICENTRO
Fundación Gilberto Rincón Gallardo
Geopaz. Instituto de Geografía para la paz; Geopaz. Institute of Geography for Peace
Global Exchange
Grupo Asesor en Migración y Salud (GAMyS)
Haitian Bridge Alliance
Hispanic Federation
Hope Border Institute
Human Rights First
Human Rights Watch
Incide Social A.C.
Institute for Justice and Democracy in Haiti
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
International Mayan League
International Refugee Assistance Project (IRAP)
Itzel Eguiluz
Jesús Alejandro de la Peña Rodríguez
Juchari Sïrhankua
Justice in Motion
Kaltsilaltik AC
Kids in Need of Defense (KIND)
Kino Border Initiative
La Raza Community Resource Center
Latin America Working Group (LAWG)
Martha Rojas
Maryknoll Office for Global Concerns
Migrant Center for Human Rights
Migrantologos
MomsRising
National Immigration Law Center
National Justice For Our Neighbors
Pastoral de Migración Iglesia Luterana Mexicana
Presbyterian Church (USA)
Project Lifeline
RAICES
REDODEM
Refugee Congress
Refugees International
Respond Crisis Translation
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
Save the Children México
Save the Children US
Servicio Jesuita a Refugiados México
Sin Fronteras
Sínodo Luterano Salvadoreño
South Texas Human Rights Center
Tahirih Justice Center
The Sidewalk School
UNAM
Unitarian Universalists for Social Justice
Universidad Iberoamericana
Universidad Iberoamericana Mexico City/CDMX
Universidad Iberoamericana Puebla
Ustedes Somos Nosotros
Witness at the Border
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Refugee Commission
Xiomara Peraza Torres
AUTOR: REDACCIÓN.
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