Abogados explicaron que ningún decreto presidencial ni lo establecido en el Consejo de Seguridad Nacional, donde se decidió que el Tren era asunto de seguridad nacional, están por encima de lo dictado por un juez, por lo que las autoridades deben respetar los amparos o de lo contrario incurrirían en un delito.
Por su parte, organizaciones ambientalistas y activistas se pronunciaron contra la decisión del gobierno federal y recordaron que las obras y operación del Tren Maya representan una amenaza para el medio ambiente y el sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos en el tramo que va de Tulúm a Playa del Carmen.
Entre las protestas, y antes de que se confirmara la decisión gubernamental, Greenpeace colocó un salvavidas gigante en la selva de Quintana Roo en el que se leía “Protejamos la selva maya”.
Si bien apenas se declaró al megaproyecto tema de seguridad nacional para continuar con las obras en el tramo 5 sur, desde el 13 de julio el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya había reiniciado los trabajos de desmonte en la Ruta de los Cenotes, municipio de Puerto Morelos, a pesar de que no contó con ningún trabajo previo en materia de rescate ambiental y de que aún hay amparos sin resolución final.
El desmonte inició inmediatamente después de que Fonatur ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 del Tren Maya y sin esperar la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
AUTOR: REDACCIÓN.
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