El político hidalguense —aliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018— es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como "de índole criminal", dedicada a sustraer recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas, que posteriormente enviaban el capital a personeros o directamente la familia Sosa Castelán.
Mediante este esquema, con el cual los fondos terminaron en cuentas de personajes como las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, ambas prófugas, la Fiscalía afirma que se malversaron 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018.
La petición de sentencia fue recibida, mediante oficio, por el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien está a cargo de este caso que data desde el 31 de agosto de 2020, cuando el líder político fue detenido e ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, pero que se basa en una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2017.
En el documento, el fiscal Carlos Melo Ponce, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, también pidió para Sosa el pago de 30 mil días de multa, como una medida para resarcir el daño.
El fical aseguró que el actuar ilícito del exrector y también expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, así como de los coimputados en esta causa penal (263/2020), fue alto, "porque lesionaron gravemente la seguridad pública y penal, el sistema financiero y la economía nacional, y la puesta en peligro que sufrió la seguridad del país es alta, pues el delito de delincuencia organizada está considerado como delito de alto impacto, que afecta la gobernabilidad del país".
Una operación sistemática para drenar las arcas universitarias que, a decir de la FGR, fue posible por el control fáctico que el exrector ejerce sobre la institución educativa, que data desde las postrimerías de 1970, cuando surgió como líder político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por medio de la ya extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH).
Para tres coacusados, Juan Manuel Hernández Gayosso, que está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, así como María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, privadas de la libertad en Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, la FGR pidió 35 años de cárcel y 17 mil 500 días de multa.
Ellos, con base en la imputación, ayudaron a recibir y ocultar dinero mediante movimientos ordenados por Sosa y su operador financiero Francisco Natalio Zamudio Isbaile, también evadido de la justicia desde agosto de 2020.
En los casos de María Luisa y María Cruz, una investigación al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Pachuca arrojó que ambas son las accionistas de la sociedad Contabilidad Siglo XXI, empresa constituida el 18 de enero de 2001, pero que no tiene trabajadores, recursos ni capacidad para realizar servicios. No obstante, a través de ésta recibieron y movilizaron dinero de la casa de estudios.
Desde el 3 de febrero pasado, la medida cautelar contra Gerardo Sosa Castelán fue modificada de prisión preventiva a prisión domiciliaria debido a su deteriorado estado de salud, según el argumento de su defensa que fue validado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Al salir de la cárcel, el político originario del municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo, fue operado del corazón y el cerebro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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