Así lo confirmaron a Animal Político fuentes federales e internas de la Secretaría de Salud, que pidieron no revelar sus nombres debido a lo delicado de la situación en el ámbito sanitario.
Consejo de Salubridad: Las investigaciones
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas dos investigaciones contra César Cruz Santiago, secretario técnico de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, y Mario Moreno Nava, subdirector de área, integrantes ambos del Consejo de Salubridad General (CSG).
De acuerdo con información proporcionada a este portal, las investigaciones abiertas contra Cruz y Moreno son por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y por haber ordenado publicar el Compendio de Medicamentos y Materiales de Curación, al parecer, sin permiso.
“El Compendio ya estaba aprobado desde 2018, pero no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así que ellos (Cruz y Moreno) ordenaron que se publicara”, dijo una fuente interna de la Secretaría de Salud.
Otras versiones públicas aseguran que se les acusa de omitir requisitos y procesos técnico-administrativos para facilitar el ingreso de medicinas, equipos y material de curación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Fuentes federales se negaron a proporcionar mayor información sobre las investigaciones contra César Cruz y Mario Moreno, puesto que estas están en curso. Tampoco dijeron qué sucederá o quién reemplazará a los integrantes del CSG que han salido en medio de una tormenta de acusaciones y discrepancias.
Las discrepancias
A las denuncias se suman las discrepancias entre sus secretarios general y técnico, José Ignacio Santos Preciado y José Alberto Gómez Rodríguez, con el titular de Salud y el subsecretario, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los pleitos internos han sido en torno a las políticas de salud, como la farmacéutica, es decir el acceso y la disponibilidad de medicamentos para la población; y la de atención a enfermedades raras.
“Las discrepancias se han generado por el papel que le corresponde al Consejo en las políticas de Salud y el poder que Hugo López Gatell quiere acaparar, al alegar que hay funciones que se duplican entre este órgano y su subsecretaria”, dijo la fuente.
Otros expertos aseguran que organizaciones de la sociedad civil estaban impulsando, con apoyo de las farmacéuticas, este registro de enfermedades raras, por lo que el subsecretario López-Gatell decidió echarlo para atrás, aunque esto signifique dejar sin la atención adecuada a quien las padece.
Todo lo anterior provocó la salida del CSG de siete de sus integrantes, entre ellos Santos Preciado, Gómez Rodríguez, Cruz Santiago, Moreno Nava y Juan de Dios Padilla Béjar, director de Sistemas de Información; Manuel Bandala, abogado del Consejo y Jorge Marín, secretario particular de Santos Preciado.
A esta administración federal, en específico a Jorge Alcocer y Hugo López Gatell, se les ha acusado de pretender debilitar al CSG con miras a desaparecerlo, aunque eso ameritaría una reforma constitucional, porque su figura está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los desaires
Una de las críticas al gobierno mexicano en la respuesta a la epidemia de COVID-19 es que se tardó mucho en convocar al Consejo de Salubridad General (CSG) y que éste nunca tomó un papel relevante en la estrategia. La administración actual le dio ese rol a otro órgano, que algunos especialistas ubican como de menor envergadura.
El gobierno federal convocó primero al Comité Nacional para la Seguridad en Salud, un ente que se creó en 2003 con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el entonces secretario del ramo, Julio Frenk, y que a la fecha opera sin tener un reglamento interno que precise sus atribuciones y funcionamiento.
Fue hasta el 19 de marzo que se convocó al CSG, pero, según las fuentes, se le relegó a avalar solo lo que dictó la Secretaría de Salud en materia de medidas sanitarias.
“El consejo está diseñado para ser un órgano de carácter transversal, que atienda todo el tema de salud pública, pero también temas que resultan impactados con una epidemia, como los de índole económico, laborales, de migración; por eso participan las otras secretarías”, dijo David Sánchez Mejía, abogado especialista en derecho sanitario.
La última afrenta, antes de la renuncia de sus siete miembros, fue que el 13 de julio se tenía programada una reunión para discutir la Política Nacional Farmacéutica, pero Santos Preciado y su grupo no estaban convocados.
Consejo de Salubridad General: ¿Qué es y qué hace?
El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado en el que participan secretarios de Estado (entre ellos Alcocer, quien funge como su presidente), así como cuatro representantes de las secretarías de Salud de las entidades, también miembros destacados de la academia, como el rector de la UNAM, y del sector sanitario, como el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Su integración colegiada es porque sus decisiones exceden el ámbito de la salud pública e impactan en lo económico, laboral y de finanzas públicas; así como en los tres niveles de gobierno.
Su misión es identificar asuntos prioritarios de salubridad general -incluyendo crisis y epidemias-, convocar a su análisis y a la generación de alternativas de política, instrumentando acuerdos y prácticas que las impulsen y dar seguimiento a su ejecución.
Entre sus facultades está también elaborar, junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el presidente de la República, el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles de atención, así como actualizarlos y difundirlos.
También tiene entre sus atribuciones elaborar, publicar, mantener actualizado y difundir el Catálogo de medicamentos Genéricos y rendir opiniones y formular sugerencias al presidente de la República respecto al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud.
El caso Cofepris
En esta administración hubo ya otro caso en el que se obligó a renunciar a funcionarios acusándolos de corrupción. En septiembre de 2021, la Secretaría de Marina tomó las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y sacó a funcionarios.
Muchos meses después, en junio de 2022, Alejandro Svarch Pérez, el titular de la Cofepris informó, en la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, los resultados de ese operativo.
Señaló que hubo una remoción inmediata de 32 funcionarios con cargos de corrupción.
“La fórmula: o pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. El acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor. Se aseguraban ganancias multimillonarias por la falta de competencia en el mercado”, expuso Svarch.
Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la Secretaría de Marina, a través de su área de inteligencia, sigue integrando una investigación para conocer los alcances de la posible corrupción al interior de Cofepris, para esto se han tenido reuniones con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), como preparativos para la presentación de una denuncia penal en contra de quien resulte responsable.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDREA VEGA.
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