Esta maniobra, sumada a la polémica decisión del Consejo de Seguridad Nacional de declarar las obras del Tren Maya como de “seguridad nacional”, responde a una estrategia del gobierno para reiniciar a la brevedad la construcción del megaproyecto en ese tramo, que se encuentra suspendida desde el pasado 30 de mayo, porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) las inició sin tener los permisos ambientales que exige la ley.
Según una versión que Proceso recabó con uno de los protagonistas del contrato, el gobierno federal pretende dejar sin efecto la suspensión de las obras, pues considera que las contratistas están sujetas a la suspensión, pero que ya no sería el caso con la nueva encargada de la construcción –la Sedena, aunque aún no se ha hecho oficial–, y menos con su calificación en el ámbito de la seguridad nacional.
Aunque en las últimas dos semanas el Fonatur se ha negado a hacer cualquier comentario sobre la terminación anticipada del contrato –que la periodista Lourdes Mendoza reveló en su cuenta de Twitter el pasado 5 de julio–, este semanario confirmó que el proceso está en curso y que actualmente la dependencia y el consorcio están negociando la indemnización que el gobierno federal pagará a Grupo México, del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco, y Acciona, por terminar anticipadamente el contrato.
Esta indemnización, que según el periódico Reforma rondaría los 5 mil 300 millones de pesos –una tercera parte del monto del contrato– aumentará considerablemente los plazos y los costos del Tramo 5 del Tren Maya, que en un principio se calcularon en 16 mil 750 millones de pesos para unir Cancún con Tulum. El contrato adjudicado contemplaba pagos de 3 mil 169 millones de pesos para 2021, 8 mil 968 millones para 2022 y 2 mil 397 millones para 2023, con anticipos de 20% para cada año.
El contrato planteaba también que, en caso de terminación anticipada, el Fonatur reembolsaría al consorcio “gastos no recuperables”, como la construcción de oficinas, el transporte de máquinas, compra de materiales y liquidaciones de trabajadores.
Por una parte, el Fonatur tendrá que sumar la liquidación multimillonaria al monto de las obras del Tramo 5 Sur que realizará ahora la Sedena, la cual ya está a cargo de toda la construcción del Tren Maya desde Cancún hasta Escárcega, en Campeche, con una distancia de más de 662 kilómetros en condiciones difíciles, pues atraviesa la selva.
Por otra parte, la Sedena ya advirtió que gastará por lo menos 28 mil 101 millones de pesos para construir los 43.57 kilómetros de vía del Tramo 5 Norte, que unirá el aeropuerto de Cancún con la zona urbana de Playa del Carmen, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó el pasado 14 de julio, la cual sigue en fase de “evaluación”.
Además, la MIA del Tramo 5 Norte señala que la ejecución de las obras, incluyendo las pruebas de infraestructura y equipo, terminarían en aproximadamente 24 meses, es decir, por lo menos a finales de julio de 2024. Esa fecha tentativa ya rebasaría por ocho meses el plazo límite de diciembre de 2023, que López Obrador fijó para inaugurar ese megaproyecto emblemático de su gobierno.
Sin siquiera iniciar las obras de construcción del Tramo 5 Sur, el precio del tramo de Cancún a Tulum ya rebasaría los 33 mil 401 millones de pesos, cerca de dos veces el precio original, y éste se sumaría a su vez al sobrecosto de 57% que reporta el Tren Maya.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2386 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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