De acuerdo con la muestra que realizó la organización, basada en los datos de ocho de los 13 estados donde se instalaron los módulos para el empadronamiento, se buscaba afiliar a 333 mil 722 personas con discapacidad, pero solo alcanzaron poco más de 41 mil registros.
Mediante consultas directas a las representaciones de la Secretaría de Bienestar en cada una de las entidades, la organización documentó el alcance de empadronamiento respecto a sus propias metas.
- Baja California: 11 mil 296 de 77 mil 454
- Baja California. Sur 3 mil 500 de 18 mil 647
- Campeche: 4 mil de 23 mil 631
- Colima: 2 mil de 18 mil 548
- Guerrero: 10 mil de 77 mil 169
- Nayarit 6 mil de 29 mil 56
- Tlaxcala mil 353 de 22 mil 966
- Sonora: 3 mil de 66 mil 251
El empadronamiento de nuevos beneficiarios se abrió en 13 estados del 6 al 30 de junio, a partir del cual la muestra de las ocho entidades a las que Yo También tuvo acceso, reveló que solo se tramitaron aproximadamente un 15% de nuevas afiliaciones.
Consultada al respecto, la Secretaría de Bienestar señaló que hasta ahora no existe una cifra oficial o certera de afiliaciones, ya que los datos aún se están procesando por el reciente cierre del registro, aunque adelantó que existe la posibilidad de que este se vuelva a abrir a partir de los resultados.
Pensión para personas con discapacidad
La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente es un programa del gobierno federal que otorga un apoyo mensual de mil 400 pesos a las personas mexicanas que viven con esta condición, un monto que solo ha crecido en 125 pesos desde 2019, año en el que fue creada.
El otorgamiento del apoyo contempla a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad, así como a personas de 30 a 65 que habitan en municipios o localidades indígenas, afromexicanas, o en municipios o localidades con alto y muy alto grado de marginación.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 84.7% de la población con discapacidad se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza, el 10.2% en pobreza extrema y el 39.3% en pobreza moderada.
La Secretaría de Bienestar tiene una población potencial de 7 millones 877 mil 805 y una población objetivo de 2 millones 236 mil 429, pero hasta al término de ese año, solo atendió a un millón 12 mil 227 personas, es decir, el 45.2% de su meta inicial, según la más reciente evaluación del Coneval.
No es universal
Katia D’Artigues, fundadora de la organización Yo También, explicó que la única política pública encaminada a dar atención a las personas con discapacidad son las pensiones; sin embargo no están bien focalizadas y no llegan a todas las personas.
“La única política pública visible, tangible, con presupuesto que hay en este gobierno, son las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad. En Yo También hemos hecho un análisis de que esta pensión no es universal, punto. Además, tiene muy poco porcentaje respecto a las metas previstas. Hay muchas más personas con discapacidad que no están recibiendo las becas o pensiones que supuestamente deberían recibir”.
Para la agrupación, hay diversos factores que motivan el bajo registro, entre ellas, la falta de difusión en ciertas poblaciones y la dispersión geográfica, pues en algunos estados no todos los municipios tuvieron una sede de registro.
A esto se suman las dificultades en el acceso a un certificado de discapacidad, pues las reglas de operación del programa, publicadas este año en el Diario Oficial de la Federación, exigen un certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
Por otro lado, aunque en el mismo documento se detalla que un familiar o persona adulta puede solicitar una visita del personal de la secretaría para realizar el registro en caso de que las personas con discapacidad padezcan alguna enfermedad o por su misma condición no puedan salir de su domicilio, algunas de ellas viven en comunidades alejadas, en soledad o con dificultades de desplazamiento y comunicación.
Asistencialismo, la única respuesta
D’Artigues calificó como preocupante que la única apuesta para atender a las personas con discapacidad sea un programa asistencialista, pues lo que debe hacer cualquier gobierno responsable es capacitar a los funcionarios de todas sus dependencias. En cambio, las autoridades aún no cumplen con su obligación de reconocer la autonomía y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
“Es un cambio cultural que tenemos que hacer, pero para las autoridades no es optativo: lo tienen que hacer; no pueden decir ‘es que no sabíamos’. Desde el 2008 se ratificó en México la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que sí implica un cambio de paradigma total”, añadió D’Artigues.
El caso de Daniel vs el SAT
Las fallas en la atención a personas con discapacidad implican que existe todavía una cultura donde se piensa que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones sobre sus vidas.
Un ejemplo de ello es el caso de Daniel Robles Haro, a quien el SAT se negó a tramitar la firma electrónica con el argumento de que no podían saber a simple vista si él era una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente.
“Es un ejercicio de su capacidad jurídica, quiere trabajar, quiere pagar impuestos, y en este país no lo dejan. No estamos acostumbrados a que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y trabajen, o tomen decisiones”, lamentó D’Artigues.
Daniel vive con parálisis cerebral. Necesita un cuidador y apoyos para comunicarse, pero tiene plenas facultades mentales.
En entrevista con Animal Político, relató que el martes 28 de junio acudió a la oficina Zapopan 3 del SAT para registrarse como contribuyente. En un principio los funcionarios del SAT fueron amables y todo iba bien hasta que le tocó pasar al módulo para obtener su FIEL.
Al ver que no podía firmar sin ayuda, el coordinador aseguró que el SAT no podía saber a simple vista si él es una persona capacitada para ejercer esa responsabilidad.
“Yo creo que nunca habían tenido un caso como el mío. Yo solo puedo controlar mis ojos. El coordinador preguntó si yo podría firmar por mí mismo, sin ayuda. Y pues no, no puedo. Y una persona que no tiene manos, supongo que tampoco. Y una persona con un Parkinson muy avanzado, supongo que tampoco”, narró Daniel por escrito.
El coordinador les ofreció dos opciones: presentar un dictamen de capacidad o que su mamá consiguiera, mediante otro dictamen, declararlo incapacitado para firmar y ejercer como su tutora.
Daniel recordó cómo su mamá tuvo que insistir para que el funcionario se dirigiera a él y no a ella:
“Las personas, por lo general, me ignoran como si estuviera en estado vegetativo”.
Daniel señala que no debió ser discriminado por su discapacidad física y debieron reconocerle sus derechos como a cualquier mexicano al ser una persona productiva y aportar a su país.
“Creo que hubo discriminación. Lo atribuyo a la falta de conocimiento en materia de discapacidad y a la falta de políticas de accesibilidad universal, pero por eso justamente estoy trabajando”.
D’Artigues considera que es indispensable sensibilizar al SAT y a todas las dependencias de gobierno para que no reproduzcan prejuicios y estereotipos.
“Si Stephen Hawking hubiera llegado al SAT, también le hubieran dicho ‘no, pues quién sabe si usted puede firmar’, dijo la activista.
D’Artigues señala que esto es resultado de la insistencia por parte del gobierno de México en pensar que las personas con discapacidad solo son sujetas a asistencia y creen que van a estar bien solo con darles una pensión.
“Lo que van a lograr es que sobrevivan, lo cual está bien porque sin sobrevivencia no hay nada más, pero si tú le das a una persona con discapacidad un dinero para que sobreviva, con eso no puede hacer su sistema de transporte inclusivo, o no puede incidir en que el sistema de educación sea más accesible”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar, lo hicieran (8 de cada 10), el PIB de cualquier país crecería entre 6 y 8%.
“Si tú no les das acceso a la educación, no se pueden capacitar adecuadamente; tenemos cada vez más empresas socialmente responsables que quieren contratar personas con discapacidad… y entonces estamos en serios problemas porque no les damos la oportunidad de educarse y tampoco de trabajar, por lo que llegan a puestos muy bajos siempre, sin posibilidad de crecimiento”, subraya D’Artigues.
Daniel es una persona con discapacidad motriz severa y necesidades de apoyo, pero sus facultades mentales le han permitido realizar una labor constante como activista. Actualmente promueve una iniciativa para que los baños públicos cuenten con cambiadores para adultos, la cual tuvo sus primeros resultados en Zapopan, Jalisco. También la presentó en el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad del Senado en diciembre de 2021.
“¿Saben lo incómodo, además de insalubre e indigno que es que una persona con discapacidad tenga que ser cambiada en el piso de un baño público?”, cuestiona Daniel.
A partir de ese cuestionamiento y una petición en change.org, logró que en el Centro Integral de Servicios de Zapopan se instalara, por primera vez, un baño con cambiadores para personas adultas con discapacidad y movilidad reducida.
Para Artigues, lo más importante es quitarse los prejuicios como sociedad, pero sobre todo como funcionarios de un Estado, pues ellos son los que deben atender a los ciudadanos sin discriminar.
“Lo que se ve, no es lo que es”, afirmó la activista.
D’Artigues es enfática al decir que necesitamos tirar a la basura el modelo médico actual porque nos ha hecho creer que las personas con discapacidad necesitan “arreglarse” para integrarse al mundo de “nosotros los normales”.
A partir de lo ocurrido en la oficina del SAT, Daniel optó por ponerse en contacto con autoridades de la dependencia para resolver el conflicto.
El SAT accedió a hacer los ajustes necesarios y hoy Daniel ya tiene su firma electrónica. Esta semana seguirá platicando con la dependencia acerca de qué pueden modificar para que los procesos sean accesibles de manera permanente para todas las personas.
“Lo que tiene que hacer la sociedad, y ése es el modelo social, es quitar las barreras que pone para la inclusión de las personas con discapacidad y darles los apoyos que necesitan. Esto implica que la discapacidad no es un tema de la persona, sino que los gobiernos y la sociedad tenemos que empezar a pensar que todos somos diversos y que cuando haces un edificio o una política pública, tienes que pensar en todas las posibilidades de la diversidad”, aseguró D’Artigues.
Animal Político buscó a la dependencia para hablar del tema, pero al cierre de este texto no hubo respuesta.
Más acciones
Tras lo sucedido, la organización Libre Acceso presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de carácter general, con tres objetivos: evitar la repetición del hecho, verificar y garantizar que se cumpla con accesibilidad en infraestructura, servicios y comunicación para todas las personas; y generar un protocolo para la atención de las personas con discapacidad.
Laura Lizbeth Bermejo Molina, presidenta de Libre Acceso AC y asambleísta del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México (Copred), dijo que aunque Daniel haya resuelto su situación a través de la mediación directa con las autoridades del SAT, cualquier persona en el país podría enfrentarse a la misma problemática al realizar un trámite tributario.
“En principio, esta instancia o cualquier otra que brinde una atención al público, por ley, debe cumplir con la obligación de ser arquitectónicamente accesible en infraestructura, para que garantice que las personas con discapacidad, personas mayores o acompañadas de niñas, niños o adolescentes, puedan presentar su trámite en igualdad de derechos”, dijo Bermejo Molina.
Sin embargo, destaca que la accesibilidad no es solamente infraestructura. Es necesario tomar en cuenta la información, las comunicaciones y cualquier otra adaptación o ajuste razonable en trámites o servicios, lo que cotidianamente se conoce como “hacer el piso parejo”.
“La persona debería contar con todas estas herramientas gubernamentales para que presente su trámite; la obligación tendría que recaer en el Estado y sus representantes, que se aseguren que no va a haber discriminación o negativa de los servicios aunque la persona viva con alguna condición de discapacidad”, dijo la activista.
Ella coincide con D’Artigues en que estas acciones son resultado de una cultura en donde aún se piensa que todas las personas con discapacidad deben estar sujetas a tutela, o que siempre necesitan del apoyo o cuidado de un tercero, por lo que, de nueva cuenta, el Estado las coloca en una situación de indefensión y subordinación.
“Estamos hablando de un adulto, de una persona con la capacidad jurídica de presentar un acto de manera autónoma; el problema es que no se cuenta con las facilidades administrativas para garantizar que él, igual que el resto de la sociedad, pueda presentar un trámite. Seguimos teniendo retrasos en los servicios, y estos dobles discursos en los cuales una persona con discapacidad puede estar protegida en la ley, pero en la práctica nos damos cuenta que no es así, que el discurso está muy ajeno a ser una realidad para las personas”.
Una de las razones por las que Libre Acceso presentó la queja ante el Conapred, son los antecedentes que ya tenía de la misma dependencia.
Hace cerca de diez años promovieron el mismo recurso, también contra el SAT, por la falta de accesibilidad en infraestructura en una oficina ubicada en la zona de Acoxpa:
“En ese entonces, con ese precedente, hablábamos de lo más básico que es la infraestructura, y ahora nos damos cuenta que el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se está cumpliendo”.
El artículo citado establece que para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, se deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar su acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información, así como a servicios e instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
“Se ha avanzado posiblemente en la infraestructura, pero se quedaron ahí, y hay que entender que la accesibilidad tiene muchas variables y no solo el generar una rampa, un sanitario y un espacio reservado. Son muy necesarios y muy válidos, pero resuelven y atienden la necesidad de un porcentaje de personas con discapacidad. Esto está dejando fuera a personas que pueden vivir con una parálisis cerebral, una discapacidad intelectual o autismo, que tienen la posibilidad de acudir a cualquier trámite de manera autónoma”, concluyó.
El viernes pasado, mediante un comunicado, el Conapred llamó a que sea respetado el derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como a establecer un sistema de apoyos para la toma de decisiones.
Entre 2017 y mayo de 2022, el consejo ha recibido 943 expedientes de quejas por presuntos actos de discriminación por parte de personas servidoras públicas, detalla el documento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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