De acuerdo con el expediente acusatorio que consta de 12 mil 275 páginas, más de 3 mil 400 pruebas, 400 testigos, 41 personas implicadas, incluido el exprocurador, y 22 empresas, los acusados van desde los principales funcionarios de la procuraduría durante la gestión de Rodríguez, una hermana, un hermanastro, así como varios de sus amigos de infancia y compañeros de estudios. A la red criminal se le acusa de conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito, además de asociación de malhechores y lavado de activos.
El escándalo ya le costó el cargo al ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla –empresario muy cercano al presidente Luis Abinader–, quien solicitó una licencia por tiempo indefinido; la empresa Mac Construcciones, de su propiedad, fue contratada para la edificación de la cárcel Las Parras, mejor conocida como La Nueva Victoria, en la comunidad de San Luis, en Santo Domingo Este.
Según los investigadores, todas las licitaciones para participar en la construcción de la citada cárcel fueron amañadas y los “ganadores” eran obligados a entregar un aporte (coima) equivalente a 20% del contrato.
Hasta la fecha las autoridades han recuperado alrededor de 800 millones de pesos dominicanos (14.5 millones de dólares), entre dinero y bienes incautados o devueltos por los implicados en la trama, cuya conexión, según testimonio de uno de los acusados, llegaba hasta la “Casa Grande” (el Palacio Nacional, sede del gobierno).
“Granjas de bots”
De acuerdo con la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la senadora Lagunes –excolaboradora de Enrique Peña Nieto, quien la nombró coordinadora nacional de Estrategia Digital durante su gobierno– habría recibido pagos por 2 millones de dólares para realizar trabajos de manipulación en las redes sociales a favor del entonces procurador, quien además tenía aspiraciones presidenciales.
Otros mexicanos citados en el expediente son: Ricardo Fernández Audiffred, José Antonio Galicia Ramos, Salvador Cacho, Sergio Manuel Solache Vásquez, Paloma Alejandra Franco, Daniel Pineda Ibarra y Jorge Luis Díaz González.
También Gonzalo Argudin Muñoz, Abril Vásquez Rojas, José Antonio Quiñónez, Rafael Osorio Cacho, Paloma Sánchez Ramos, Arturo Guillermo Ocaña y Silvia Zafra.
Como parte de sus aspiraciones políticas, Rodríguez Sánchez, nombrado procurador por el presidente Danilo Medina en 2016, creó un ambicioso equipo de publicidad, propaganda, ataques, defensas y promoción de su imagen que revelan la magnitud del entramado.
“Este equipo se componía por el tradicional Departamento de Prensa y Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, los asesores españoles, Los Mexicanos o Tequilas, contratados de manera ilícita y en una operación típica de lavado”, precisa el expediente.
El equipo mexicano estaba liderado por la hoy senadora mexicana Alejandra Lagunes, que actuaba también en coordinación con “el equipo de apoyo desde el Ecuador”, y el asesor dominicano Miguel José Moya.
Éstos tenían a su cargo la Unidad de Redes Sociales que se encargaba de la “granja de bots”, algunas publicitarias locales y las firmas encuestadoras que medían el posicionamiento de la figura del exprocurador y la imagen de la organización.
Las autoridades sostienen que desde las “granjas de bots” se crearon 18 mil cuentas falsas para inducir tendencias, hacer ataques a personalidades que ejercen su derecho a la libre expresión, así como defensa en torno a la figura de Rodríguez Sánchez.
Este equipo –se agrega en el expediente– trabajaba para lo que se conoce como vigilancia de “La lista de los detractores”; a tales fines organizaron un plan para seguir, hostigar, vigilar y atacar en las plataformas digitales a periodistas, líderes de opinión e influencers.
El blanco de los ataques serían los reconocidos periodistas y comunicadores Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Ricardo Nieves, Sergio Carlo, Lucienne Carlo, Somos Pueblo, Laura Díaz y Daury Santana, entre muchos otros de una larga lista.
“A estos líderes de opinión e influencers se les montaba vigilancia, campo de ataque, acoso en redes sociales y difamación”, dice la acusación.
Explica que la unidad estaba conformada por un equipo ubicado localmente en un apartamento incautado y se dedicaba a manipular las tendencias de favorabilidad hacia la figura del exprocurador en las redes sociales. Se creaban cuentas falsas o bots que hacían comentarios positivos en torno al exprocurador y criticaban o enfrentaban a los que consideraban detractores.
Dice el expediente que el citado equipo se encargaba de desarrollar campañas negativas contra esos comunicadores y cualquier otra persona de interés señalada por Rodríguez Sánchez.
Cuando había encuestas digitales, explica el documento, el equipo participaba mediante las cuentas bots para mejorar la imagen de Jean Alain, a quien denominaban El Prospecto. Sobre ese aspecto, uno de los imputados, el asesor Miguel de Moya, dijo posteriormente que el exprocurador “tenía una preocupación exagerada por su apariencia”.
Su viaje a México
Según el expediente, Rodríguez Sánchez organizó un viaje a México que disfrazó de un interés oficial, pero el objetivo primordial de la agenda real era visitar la empresa de comunicación DGI Consultoría Estratégica, S.A. de C.V., la cual fue posteriormente contratada por el acusado.
Explica que a partir de 2018, fecha en la que también se inicia el Plan de Humanización de las Cárceles, se establece una desconexión de la institución con todos los servicios de comunicación que se habían contratado, pues todos se orientaban a la promoción de la imagen de Rodríguez Sánchez.
Dice que luego de la contratación de la empresa mexicana DGI Consultoría Estratégica, S.A. de C.V., el entramado realizó las coordinaciones necesarias para su instalación en República Dominicana.
Al equipo de Los Mexicanos o Los Tequilas, como se le denominaba, se le instaló un espacio en un inmueble rentado por un contratista de la procuraduría, en los Jardines del Embajador, lugar al que se le denominó “el búnker”, según el expediente.
A los mexicanos se les pagaba una dieta de los recursos de la procuraduría, se les asignó un inmueble incautado para vivir y se les pagaron, con fondos públicos, más de 2 millones de dólares.
El órgano acusador dice tener pruebas que demuestran cómo Rodríguez Sánchez utilizó el mecanismo de pitufeo (tráfico en pequeñas cantidades, para no llamar la atención) para lavar activos.
Asimismo señala que el entonces procurador usó su influencia para que el equipo que trabajaba para Lagunes, cuyos integrantes entraban y salían con frecuencia de la República Dominicana, utilizara el salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas, destinado sólo a diplomáticos, dignatarios y algunas personas VIP.
“El Ministerio Público tiene pruebas de pagos millonarios en dólares realizados mediante operaciones de pitufeo a la hoy senadora Lagunes”, recalca el documento.
Explica que la investigación ha dejado fuera de las imputaciones a la senadora Lagunes “por evidentes razones procesales”; sin embargo adelanta que “procederá utilizar los canales oficiales de cooperación jurídica internacional, a fin de poner a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público de la República Dominicana: ¡Si el crimen no tiene frontera, tampoco la debe tener la justicia!”.
“Es evidente que se trata de una operación internacional entre dos personas políticamente expuestas, como lo era en su momento Jean Alain Rodríguez Sánchez, procurador general de la República y Alejandra Lagunes, senadora de los Estados Unidos Mexicanos, quienes inobservaron las disposiciones de la Ley de Lavado de Activos de la República Dominicana”, señala.
Y añade que “toda esta maquinaria le costó millones de pesos al Estado dominicano, y lo más grave, vergonzoso y lamentable es que se haya hecho desde la institución que tiene la obligación constitucional de ser garante del estado de derecho y de promover una cultura de respeto a la ley”.
República Dominicana y México firmaron un tratado de extradición el 23 de julio de 2013.
Tan pronto se hizo público el expediente acusatorio, los abogados del exprocurador Rodríguez Sánchez negaron que éste haya contratado a la asesora mexicana Alejandra Lagunes. Asimismo niegan que su representado haya aspirado a las elecciones presidenciales del año 2020.
El consejo de defensa del exfuncionario, encabezado por el jurista Carlos Balcácer, responsabilizó a Rafael Canó, exjefe de gabinete y presidente del Movimiento Político Renovación 2020, de coordinar y ejecutar la contratación y pago a la asesora mexicana, y no el exprocurador.
Hasta ahora, la senadora Lagunes ha rehusado responder a la prensa de República Dominicana sobre estos temas.
En tanto, el juez de instrucción Amauris Martínez fijó para el 12 de agosto el conocimiento de la audiencia preliminar del caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GERMAN MARTE.
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