El abogado ambientalista agregó que a la denuncia por violación a la Ley de Amparo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), escudándose en la declaratoria de que se trata de un proyecto nacional, CEMDA planea presentar una o varias denuncia ante la FGR por la posible comisión de delitos ambientales por los daños provocados por la obra a la selva húmeda de la zona maya.
De acuerdo con Alanís Ortega, la evidente devastación de la selva provocada por las obras del Tren Maya y la ausencia de cualquier trámite para cambiar el uso de suelo en el Tramo 5 de este proyecto, configuran dos delitos ambientales previstos en el artículo 418 del Código Penal Federal (CPF), por lo que CEMDA se alista para la presentación de las denuncias correspondientes.
Según el artículo 418 de la citada norma, cometen delitos ambientales quienes desmonten o destruyan la vegetación natural, así como las personas que corten, arranquen , derriben o talen árboles en zonas forestales como la Selva Maya, y quienes cambien el uso de suelo forestal sin contar con los permisos correspondientes.
El artículo 418 del CPF señala que quienes incurran en cualquiera de estas conductas, pueden hacerse acreedores a penas de prisión que van de los 6 meses a los 9 años de prisión, dependiendo de la gravedad y devastación que hayan provocado en zonas protegidas o forestales.
Además, del desacato que hay a las suspensiones que el juez dictó contra las obras del Tren Maya, en función de este acuerdo que declara su construcción un asunto de seguridad nacional aunque no procede y es un desacato, también está el tema de los delitos ambientales cuando hay devastación de la vegetación natural de manera ilícita, estamos en presencia de un delito ambiental que no se ha denunciado, sentenció.
Alanís Ortega añadió que los abogados de CEMDA han detectado estas y otras irregularidades para presentar en su momento las denuncias y amparos que procedan en contra de las obras del Tren Maya.
Cuestionado sobre las tres suspensiones de amparo que fueron revocadas por el juez Primero de Distrito del Estado de Yucatán contra las obras del Tren Maya, el director Ejecutivo de CEMDA dijo que se trata de una decisión sorpresiva del impartidor de justicia, derivado de que las autoridades federales sólo cumplieron con tres de las cinco condiciones que el propio juez le había impuesto al gobierno federal para reanudar las obras.
Dijo que contrario a lo señalado por el gobierno federal en el sentido de que ya se puede reanudar la construcción del Tren Maya, al existir otras suspensiones de amparo contra las obras y permisos de este proyecto, la construcción del tren debe seguir detenida para que Fonatur no continúe devastando la zona maya.
En este marco, dijo que los responsables de los amparos cuentan con un plazo de 10 días para impugnar la sentencia del juez federal, además de que siguen pendientes de resolverse entre cuatro y cinco juicios de amparo adicionales que están relacionados con la construcción del Tren Maya.
Destacó que desde el punto de vista jurídico, las organizaciones ambientalistas pueden presentar nuevas impugnaciones contra una serie de omisiones e irregularidades que se han dando en la obra, como por ejemplo, la fragmentación del proyecto en siete tramos distintos para que no se analice la integralidad de su impacto en el medio ambiente, la falta de trámites para cambiar el uso de suelo forestal y la presentación extemporánea de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En este sentido, adelantó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental está preparado para llevar el caso ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el último año ha sentado varios precedentes en la materia. al revocar permisos ambientales para ampliar el puerto de Veracruz y al otorgar el amparo a varias comunidades contra la entrega de concesiones mineras a dos empresas, argumentando la falta de una consulta pública entre los afectados.
“Así como no hay MIA, tampoco hay cambio de uso de suelo para suelos forestales y un elemento más es que la obra se ha evaluado por trazos, en tramos, fragmentada, pero se tiene que evaluar la integralidad, por eso ya se está dando batalla legal para evaluar la obra en conjunto y de forma integral, en lugar de que se haga por cada uno de sus siete tramos”.
Por último, lamentó la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para clausurar las obras del Tren Maya, debido a la devastación que han provocado en la flora y fauna de la selva, cierre que también procedía el inicio de la construcción cuando todavía no contaba con autorizaciones ambientales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario