El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa revela que la Sedena sí utilizó el malware Pegasus para espiar a personas clave al momento de la desaparición de los 43 normalistas. El documento destaca dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales. Asimismo, descubre que los contratos del programa de espionaje se hicieron con la empresa Proyectos y Diseños VME, y que entre septiembre y octubre de 2014 se intervenían teléfonos de integrantes del grupo delictivo, policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y estudiantes de la Normal Rural
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En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.
El informe agrega que “la intervención de estas llamadas se confirma con el registro del monitoreo a mensajería SMS de telefonía celular los días 27 y 28 de septiembre, a la central de comunicaciones de Guerreros Unidos, por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia [dependiente de la Secretaría de Gobernación], en sus mensajes: CRFI/1202 y CRFI/1212 de esos días”.
Por primera vez, un documento oficial admite que fue con el malware Pegasus como se realizaron las intercepciones ilegales a integrantes del grupo delictivo involucrado en el crimen de Estado. Además, se reconoce que los propios normalistas rurales eran objeto de estas intervenciones ilegales de sus comunicaciones.
Y es que el informe de la Comisión de la Verdad señala: “es relevante el registro de llamadas telefónicas de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa vinculada con el Programa Pegasus utilizado en su momento, en particular por las fuerzas de seguridad, para la intervención de dispositivos de comunicación”.
En su “Esquema 16. Red de comunicaciones relevantes de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV. Septiembre y octubre 2014”, el informe esquematiza el alcance de este espionaje y da cuenta de que entre los espiados se encontraban también estudiantes.
Del análisis de los contratos del gobierno federal con esa empresa, la Comisión de la Verdad encontró que aunque se firmaron a partir de 2015, “los registros telefónicos demuestran su operación al menos desde 2014”. Otro hallazgo fue que el 93 de las contrataciones realizadas fueron con la Sedena de entonces. También, que “los servicios relacionados con los contratos se refieren a mantenimiento y refacciones para diversos fines”.
Respecto de la información de las comunicaciones telefónicas registradas por Proyectos y Diseños VME durante los meses de septiembre y octubre de 2014, el informe subraya que “la empresa intervenía a las personas objetivos a través de seis números”, uno de los cuales está a su nombre.
“A través del número registrado por la empresa se intervinieron las comunicaciones de objetivos de alto nivel como: Adán Zenén N, José Ángel N, Sidronio N y Gildardo N, ‘El Gil’”, integrantes de Guerreros Unidos.
Mientras que “a través de los números a nombre de José Carlos N se intervenía objetivos de nivel medio, como policías y otros integrantes de Guerreros Unidos. En estos números se registran intentos de comunicación con José Luis Abarca [exalcalde de Iguala] a partir del 17 de octubre y con los estudiantes a partir del 21 de octubre de 2014”.
Sedena, sin facultades para espiar
Aunque cuenta con un área de inteligencia –la Sección Segunda–, la Sedena no tiene facultades legales para intervenir conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos: ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.
No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia.
En México el malware Pegasus también ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas. Contralínea documentó que fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.
Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).
La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.
El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación.
El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El espionaje del Cisen
La Sedena no fue la única institución que realizó espionaje en los momentos críticos de este crimen de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de las operaciones del Cisen en torno a este caso.
Al respecto, indica: “el expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos, como lo muestra la siguiente narrativa de hechos:
- “A las 20:30 horas, David N (a) El Chino, responsable de turno de la central de comunicación del citado grupo delictivo, reportó que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios ubicados en las inmediaciones de la iglesia de Iguala.
- “Una persona identificada como (a) El Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados.”
El tercer informe del GIEI
Ya en marzo pasado, el GIEI daba a conocer como parte de su tercer informe del caso Ayotzinapa que el Ejército Mexicano realizó labores de espionaje e infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El Informe Ayotzinapa III revelaba que los normalistas rurales fueron espiados por la Sedena: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.
Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advertía de la intervención de comunicaciones.
“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.
Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo durante la presentación que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.
Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.
El militar
El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta del caso del militar en activo Julio César López Patolzin, quien fue desaparecido junto con los otros 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, el documento apunta que “de acuerdo con la información obtenida, la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la Normal: el soldado Julio César López Patolzin, causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, con un tiempo de servicio de 5 años 8 meses”.
Agrega que “las actividades que realizaba López Patolzin, desde 2012 en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, consistían en informar lo que acontecía en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento ‘que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional’”.
El informe detalla que su mando inmediato era el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, a quien reportaba directamente. “En sus informes, dio cuenta del plan de acción de los estudiantes de la Escuela Normal contemplado para el 2 de octubre 2014. Su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014 alrededor de las 10:00 horas”.
López Patolzin, agrega el documento, “fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido’”.
AUTOR: NANCY FLORES.
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