El mecanismo tendrá entre sus funciones generar la estrategia que permita la articulación institucional para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la recomendación general, convocar y realizar reuniones de trabajo con personas titulares de las instituciones involucradas, y proponer a la CNDH otras acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Estará integrado por personal de la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta visitadurías; el Centro Nacional de Derechos Humanos; la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, y la Dirección General de Derechos Humanos, áreas de la CNDH. Asimismo, se invitará a una institución académica y a una organización civil para que se integren a los trabajos de seguimiento, pero hasta el momento se desconoce quiénes serán.
Al final del año de trabajo para el que se creó el mecanismo —que podría ampliarse en caso de ser necesario—, el grupo interinstitucional elaborará un análisis general del cumplimiento de las acciones recomendadas, que será publicado en el micrositio recomendacion43.cndh.org.mx. Este albergará también otros documentos e informes relacionados con la atención a la violencia feminicida.
De acuerdo con la titular de la CNDH, es la primera vez que la comisión tiene un mecanismo de esta naturaleza, “que nos permita atender de manera integral las Alertas de Violencia de Género, y para hacer que estas cumplan con la creación de herramientas eficientes para investigar y sancionar los delitos”.
“Es esta una oportunidad para unirnos, y que todas las autoridades a las que va dirigida la recomendación trabajen de manera significativa en la transformación de la vida de las mujeres en el país, en sus estados y en sus comunidades, generando o adecuando aquellas políticas públicas que redunden en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género”, expresó Rosario Piedra Ibarra durante la presentación del mecanismo.
La directora general de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, Arely López Pérez, señaló que la falta de acceso a la justicia y a la reparación del daño para las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos en México, y muestra de ello es que, durante 2021, las fiscalías del país reportaron 966 presuntos feminicidios y 2 mil 746 presuntos homicidios dolosos de mujeres, mientras que de enero a junio de este año, se contabilizaron mil 877 asesinatos de mujeres, de los cuales 479 fueron presuntos feminicidios y mil 398 presuntos homicidios.
Además, durante los primeros seis meses de 2022, se han generado 30 procedimientos de alertas de género en 25 entidades del país, la mayoría por violencia feminicida.
La directora de la Red de Abogadas Violeta, Fátima López Iturrios, dijo que el instrumento realizado por la CNDH permitirá acompañar a mujeres víctimas en su búsqueda de justicia, cerrar la brecha de violencia estructural contra ellas, entender la gravedad de los problemas que enfrentan, ver qué hace falta y hacia dónde se tiene que caminar para mejorar su situación.
¿Qué dice la recomendación?
En la recomendación general 43/2020, emitida por la CNDH en noviembre de 2020, tras las exigencias de un grupo de mujeres que tomaron sus oficinas en el Centro Histórico de la CDMX en demanda de atención por presuntas violaciones a sus derechos, el organismo reconoce que en México han sido insuficientes las acciones gubernamentales en todos los niveles para prevenir la violencia feminicida.
“La violencia contra las mujeres en México tiene raíces profundas que derivan en la discriminación reiterada y normalizada a través del tiempo. Conductas como el machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas, que no han sido atendidos y corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano, configuran un atentado en contra de la dignidad, la libertad y la integridad de las féminas”, señala.
Como ejemplo de esta situación de violencia e impunidad, la CNDH enlista una serie de casos emblemáticos de feminicidios que han marcado al país, desde la aparición de las primeras mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1993, hasta los más recientes de Lesvy Berlín, encontrada sin vida dentro Ciudad Universitaria en 2017; Abril Pérez Sagaón, atacada a tiros en la CDMX en 2019, y Fátima, niña de siete años que fue privada de la libertad y encontrada sin vida en la alcaldía Tláhuac, en 2020.
Para abordar el problema de la violencia contra las mujeres, la CNDH recomendó al presidente, gobernadoras, gobernadores y jefa de gobierno el reconocimiento conjunto, público y abierto respecto de la violencia contra las mujeres, y su compromiso a realizar acciones para prevenirla y erradicarla, así como la generación de políticas públicas integrales para atender los feminicidios.
También los conminó a asignar recursos económicos a las dependencias encargadas de estas tareas, y contar con una línea telefónica de atención a emergencias distinta al 911, que fuera operada por personal multidisciplinario y traductoras de lenguas indígenas, con capacitación en perspectiva de género, derechos humanos y derechos de la infancia.
A las Fuerzas Armadas y las fiscalías estatales, así como la Fiscalía General de la República, les pidió que eviten estigmatizar y criminalizar a ciudadanos que lleven a cabo manifestaciones, y que analicen la procedencia de amnistías, acuerdos del no ejercicio de la acción penal, desistimientos y otros actos a favor de mujeres activistas que se han pronunciado contra la violencia de género y feminicida.
El organismo recomendó a las fiscalías estatales que, en caso de no tener unidades especializadas para investigar feminicidios, las integren con personal especializado y presupuesto suficiente para operar, así como capacitar a agentes del Ministerio Público para que realicen su trabajo con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. También pidió que se inicien investigaciones en los casos en que víctimas denuncien que hubo omisiones en las diligencias o existió revictimización.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional y sus homólogas de los estados, les pidió tener recursos financieros que permitan garantizar la reparación integral del daño.
En el caso de las universidades públicas del país, les exigió que realicen investigaciones exhaustivas y objetivas sobre la violencia de género, y que cuenten con un protocolo para estandarizar la atención de las víctimas. Además, deben crear programas de capacitación con enfoque de género y derechos humanos.
Al Congreso de la Unión y los congresos locales, les recomendó realizar las reformas legislativas correspondientes para prevenir, atender e investigar toda forma de violencia contra la mujer, así como el feminicidio y asignar recursos financieros suficientes para hacer efectivos los procedimientos de las alertas de género, actualmente vigentes en 22 estados del país.
También pidió a la Secretaría de Salud federal y las estatales que fortalezcan los protocolos para identificar a mujeres afectadas por violencia familiar o sexual, y que implementen un programa para atender, de forma específica, a las personas involucradas y que resulten afectadas por un feminicidio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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