Ante esta propuesta del presidente, Animal Político buscó la opinión de distintos actores sobre cuáles serían las consecuencias del acuerdo por el que la Guardia Nacional —que actualmente ya tiene un 80% de elementos militares— pasaría de manera oficial a ser otra fuerza militar.
Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista
Para el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, el acuerdo anunciado “es abiertamente inconstitucional”, pues el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia es “de carácter civil” y que está adscrita a la Secretaría de Seguridad (SSPC), por lo que pasarla mediante un decreto a la Sedena violaría la Carta Magna.
El abogado recordó que lo establecido en ese artículo 21 es, precisamente, resultado de una reforma que propuso Morena, el partido del presidente, y que fue votada y aprobada en 2019 por los legisladores para el nacimiento de la Guardia Nacional.
“Por ello —apunta Martín Reyes—, el anuncio del presidente López Obrador lo que muestra es que no está dispuesto a respetar los diseños constitucionales que su propia mayoría parlamentaria ha aprobado”.
“Es decir, es una reforma del lopezobradorismo… que el lopezobradorismo no está dispuesto a respetar”.
Para el experto constitucionalista, el anuncio debería encontrar una respuesta inmediata del Poder Judicial, como “contrapeso” y “garante” de la Constitución. Sin embargo, “el gran problema es el tiempo que el Poder Judicial tarda en resolver estos asuntos”.
Sobre esto, Martín Reyes recuerda que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha resuelto atraer la discusión sobre el acuerdo del 11 de mayo de 2020 en el que el presidente ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el fin de su sexenio, en 2024. Este acuerdo fue impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, también por considerarlo inconstitucional, pero a más de dos años continúa sin discutirse en la Corte.
“El presidente ya aprendió a jugar con los muy convenientes tiempos de la Corte y sabe que un decreto así, aunque sea abiertamente inconstitucional, puede pasar con tan solo esperar a que los ministros se tomen su tiempo. Porque si se están tardando dos años con el anterior decreto militarista, quién dice que ahora no se van a tardar otros dos años con este acuerdo”, plantea Martín Reyes.
Bernardo León, asesor en seguridad pública
Bernardo León, asesor en temas de seguridad pública a policías, coincide con Martín Reyes en que la idea del presidente es inconstitucional, aunque matiza que habría “otras maneras” para que la Guardia pase a ser completamente militar, como quiere López Obrador.
“Lo que podría hacer el presidente es cambiar el nombre a la Guardia Nacional y que el 80% de sus elementos, que sabemos que son militares, regrese a la Sedena, y luego, con base en el transitorio (que establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024), que utilice a esos elementos hasta que termine su sexenio”, expone.
“En realidad, el presidente no tendría por qué traspasar la Guardia Nacional a la Sedena. Podría regresar a todos los militares que están en la Guardia a la Sedena a hacer labores de seguridad pública, porque eso sí sería legal. No hacerlo sería violar la Constitución”.
En cuanto a qué tan idóneo es que militares realicen labores de seguridad pública, León recuerda que en múltiples países de Europa, como España, Francia o Italia, esto es una práctica común, y los resultados en materia de seguridad en esos países son positivos.
“El hecho de que sean militares no significa que, en automático, sea algo malo o que cause problemas”, señala. “Aunque en México el problema es que el Ejército sí tiene una larga tradición de falta de rendición de cuentas”.
Otro problema, apunta, es que la Guardia está planteada “como una policía municipalota”.
“Nació planteada como una policía que tiene todos los mismos problemas que el resto de policías mexicanas, y es que no tiene facultades para investigar delitos. Por eso, lo único que hace es patrullar ciudades como policías municipales y, en cambio, las fiscalías que sí tienen facultades para investigar tienen muy poco presupuesto y están en muy malas condiciones”.
Martha Tagle, exdiputada federal
Martha Tagle fue diputada federal por Movimiento Ciudadano cuando se aprobó en el Congreso la reforma constitucional que establece que la Guardia es de carácter civil, no militar.
Para la exlegisladora —hoy consultora en género y derechos humanos—, el anuncio del presidente de “saltarse” al Legislativo para pasar la Guardia a la Sedena está motivado por un cálculo político.
“Sabe que no tendría los votos necesarios que requiere una reforma constitucional, y por eso decide irse por la vía del decreto que, además, ha sido una vía recurrente en su gobierno”.
Sobre esto, Tagle apunta que las posibilidades de que el decreto del presidente prospere son altas debido a dos puntos: uno, la lentitud de la Suprema Corte para atraer y discutir estos temas; dos, que difícilmente las cámaras legislativas van a impugnar este acuerdo, pues Morena sigue teniendo mayoría simple en el Congreso.
Para Tagle, más allá de que se oficialice el paso de la Guardia a la Sedena, los resultados de este cuerpo de seguridad no han sido los esperados.
“Los argumentos del presidente se caen por sí solos, pues este cuerpo no es un Ejército transparente, que rinda cuentas, ni es un Ejército eficiente y que dé resultados, pues los niveles de violencia se han mantenido”, recalca.
El pasado 28 de junio, con motivo del tercer aniversario de la Guardia Nacional, Animal Político publicó que la violencia homicida en el país no ha disminuido, pues más de 100 mil personas han sido asesinadas desde el 30 de junio de 2019, 8 mil más que antes del despliegue de esta fuerza. Y aunque, como el gobierno sostiene, la tasa anual de asesinatos en el país se ha estabilizado, las cifras oficiales muestran que en 17 estados asesinaron a más personas con elementos de la Guardia en las calles que antes de que estuvieran.
Sofía de Robina, abogada en el Centro Pro
Sofía de Robina, abogada en el área internacional en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recuerda que, pese a que la Constitución señala que la Guardia es un cuerpo de seguridad civil, en la práctica ha sido un cuerpo militar más, con una mayoría de elementos castrenses en sus filas.
“(El anuncio) es una coronación de la militarización en el país. Y lo preocupante es que se formalice mediante un acuerdo que iría en contra de la Constitución”, señala la abogada del Centro Pro, una organización civil que durante más de 30 años ha documentado casos de violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad en México.
“El que exista un esquema normativo que dé tanto poder al Ejército es muy preocupante, porque cuando las instituciones de seguridad tienen un enfoque militar, eso privilegia el uso de la fuerza letal y eso va en contra de un política de seguridad ciudadana que ponga en el centro de todo a los derechos humanos”.
Sobre esto, desde junio de 2019, cuando fue creada, hasta diciembre de 2021, la Guardia ha realizado más de 260 operativos policiacos en los que acumuló más de 400 quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos e, incluso, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por abusos, aunque solo admite haber tenido uso excesivo de la fuerza en un caso.
De Robina expone que otra de las preocupaciones del Centro Pro es que “no se están fortaleciendo los esquemas de control para denunciar posibles abusos”, lo cual facilitaría que no hubiera una rendición de cuentas adecuada ante posibles violaciones a derechos humanos.
Sobre esto, la abogada cita, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República (FGR) —“Nadie creo que puede decir que está actuando de manera adecuada y diligente en las investigaciones a su cargo”— y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Estamos esperando que la CNDH emita una acción de inconstitucionalidad por este acuerdo anunciado por el presidente, pero vemos que no están a la altura y que no son realmente un contrapeso”, advierte.
Adriana Herrera, mayor de Justicia Militar
Tras 23 años de servicio en el Ejército —en los que desde marzo de 2019 hasta agosto de 2020 estuvo asignada en la Guardia—, Adriana Herrera López fue dada de baja acusada de deserción, luego de que denunciara irregularidades cometidas en perjuicio de las víctimas generadas por las acciones de contención a la violencia del Ejército y la propia Guardia. Por este motivo, interpuso un amparo para dejar sin efecto la acusación por deserción.
Herrera, que también es abogada, expone que en su experiencia atribuir a un cuerpo de seguridad de carácter civil atributos castrenses es un “grave error”.
“No sabemos en qué sentido venga la propuesta (del presidente), pero todos los acuerdos deben tener una exposición de motivos. ¿Y qué va a señalar? Pues muy seguramente dirá que el Ejército es incorruptible, que son disciplinados, y que son obedientes. Pero la obediencia jerárquica en una policía es un error”, señala.
“Porque si tú obedeces a los mandos se deja fuera tu capacidad, tu especialidad, tu autonomía ética, porque de nada va a servir que digas: ‘No puedo hacer esto porque el derecho o la Constitución dicen que…’. Porque lo que te responderán será: ‘Ah, es que lo ordena el general’. Por eso quieren a puros militares en la Guardia Nacional, porque ellos sí obedecen”.
Recalca que, en el Ejército, “aunque tú quieras hacer bien las cosas y tengas muchas ganas, si un superior te ordena algo, lo tienes que hacer, y si no lo haces, estás sujeto a mecanismos de intimidación”.
En cuanto al argumento de que en el Ejército no habría corrupción, como expone el presidente para justificar que la Guardia ya no esté en manos de Gobernación o de la SSPC, Herrera señala que en las autoridades castrenses existe “una gran opacidad” en el manejo de los recursos públicos.
“Hay una gran falta de rendición de cuentas y de transparencia, y todo lo justifican con el argumento de seguridad nacional”, subraya.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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