El asunto fue turnado desde mayo pasado a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien será la encargada de elaborar el proyecto de resolución.
En el caso, Bernal Castilla tramitó el amparo en contra del auto de vinculación a proceso que le fue dictado por desaparición forzada de personas, tortura, delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos agravados.
Tres de estos delitos son los mismos por los que el exprocurador General de la República fue vinculado a proceso ayer en continuación de audiencia inicial.
Bernal Castilla fue detenida y vinculada a proceso desde septiembre de 2020 porque supuestamente participó en el traslado ilegal de Agustín García Reyes “El Chereje”, señalado como integrante de los Guerreros Unidos y presuntamente involucrado en el homicidio y desaparición de los 43 normalistas.
Durante ese traslado desde las oficinas de SEIDO hasta el río San Juan y posteriormente al basurero de Cocula, Guerrero, García Reyes fue torturado y declaró que se le obligó a detallar cómo asesinaron y cremaron a los normalistas para aventar sus restos en el basurero, para ajustarlo a la verdad histórica que presentó en enero de 2015 el ex procurador Murillo Karam.
Debido a que Bernal Castilla firmó el oficio en el que se autorizó el traslado, la Fiscalía General de la República (FGR) la señaló de falsificación de documentos, pues en su teoría los fiscales afirmaron que dicho oficio únicamente fue para simular la legalización de la diligencia en la que participó García Reyes en Cocula.
En la vinculación a proceso, Bernal Castilla logró que se le aplicaran los delitos conforme a la ley vigente al momento de los hechos, 2014, pero en el caso de desaparición forzada de personas se le aplicó la Ley General en la materia, promulgada hasta noviembre de 2017.
En el amparo, la exfiscal tildó de inconstitucionales los artículos que le fueron aplicados de dicha ley y solicitó que le fuera aplicado el delito vigente al momento de los hechos que contemplaba el Código Penal Federal y que establece una pena menor a la de la ley actual.
Por ello, en la revisión, la ministra Piña analizará si la defensa de Bernal Castilla tiene razón en la inconstitucionalidad de los artículos que impugnó y si le debe ser aplicado el tipo penal del Código Penal Federal que contempla una pena máxima de 40 años, mientras que en la ley vigente es una máxima de 60 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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