Del tercer fenómeno da cuenta la historia de Braulio, un niño de 13 años que murió por atropellamiento el mismo día que se reportó su desaparición y un error de identificación en los servicios periciales provocó que sus padres lo buscaran durante seis años, sin tener la menor idea de su paradero. Ayer, su cuerpo fue finalmente entregado, luego de permanecer todo ese tiempo extraviado en la burocracia institucional.
En el informe, los factores expulsores, como los denomina la organización, en particular en el Estado de México, se retoman a partir de esta afirmación: “Nos equivocamos si pensamos que todas las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México fueron sustraídos o desaparecidos siempre e inequívocamente por otras personas o enteramente contra su voluntad. Resulta difícil de leer, como tampoco es simple de asimilar: algunas y algunos se van. Huyen”.
El documento precisa que es necesario entender la complejidad de la desaparición de las infancias porque, además de la violencia, existen casos en los que no se puede hablar de ausencia voluntaria sino de huída como estrategia de sobrevivencia. Entre ellos, se presenta el caso de Kim, reportada como desaparecida en el Estado de México y quien relató más tarde cómo el maltrato en su hogar la obligó a escapar.
Por otro lado, en Jalisco, la Redim documentó la desaparición intermitente, es decir, la reincidencia en este fenómeno. En ese estado, durante todo 2021 al menos 69 personas menores de edad estuvieron desaparecidas más de una vez. “Una situación inusual —o tal vez pocas veces estudiada— que nos alerta ante la posible ocurrencia de un fenómeno que algunas personas han comenzado a llamar ‘desaparición intermitente’”, dice el documento.
El informe también registra que en México, la mayoría de las personas desaparecidas de cero a 18 años son mujeres (55%) y las cifras son más elevadas entre mayores de 12 años (74.4%), mientras que 40% de los casos registrados corresponde a solo tres de los 32 estados del país: Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. En tanto, ocho de cada 10 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos son localizados con vida.
La suma de todos estos fenómenos da cuenta del cálculo que presenta la Redim en su informe a partir de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO): en nuestro país cada día desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes, es decir, uno cada dos horas. Esta estadística se refiere a las más de 80 mil personas menores de edad que alguna vez han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en diversas circunstancias, de las cuales 16 mil 975 permanecen en ese estatus hasta la fecha.
Dado que las condiciones particulares de cada caso se desconocen, la estadística global puede abarcar desapariciones asociadas a actos criminales, a huídas por violencia o incluso a la impericia de los servicios forenses para la identificación y el intercambio de información, sin que hasta ahora se conozca el grado de prevalencia de cada fenómeno. De acuerdo con la Redim, desde 2006 también hubo un crecimiento exponencial de desaparición de niñas, niños y adolescentes, asociado al incremento general en el marco de la militarización de tareas de seguridad y la estrategia conocida como “guerra contra el narcotráfico”.
El informe La infancia cuenta en México 2022 también alerta acerca de que en México a las y los adolescentes las autoridades les buscan menos probablemente porque el estigma les condena anticipadamente y exculpa a los responsables, incluso cuando, por consentimiento o acción directa, son miembros del Estado.
“En realidad las personas afectadas por esta situación son muchas más: miles quienes han visto —y ven— sus vidas opacadas, oscurecidas, vueltas gris por la desaparición de un ser querido”, agrega el documento. Hasta ahora, subraya, con las estadísticas del RNPDNO comparadas con los censos nacionales, uno de cada 352 hogares del país podría tener a una persona desaparecida, y suponiendo que exista al menos un niño por hogar, esa misma cifra de menores de edad viviría la desaparición —como víctima directa o indirecta— en su propia casa.
En sus líneas finales, el documento señala la urgencia de contar con más datos cuantitativos, así como de seguir revelando la información cualitativa que funcionarios de búsqueda y procuración de justicia están encontrando en su hacer. “Iluminan tanto los datos estadísticos como los relatos de quienes trabajan en terreno, en comisiones de búsqueda y organizaciones no gubernamentales”, concluye.
El caso de Braulio
Fernanda y Miguel, los papás de Braulio, recibieron su cuerpo este lunes en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo), tras buscarlo durante casi seis años sin poder encontrarlo por los errores que las autoridades cometieron en su identificación.
El próximo 28 de septiembre se cumplirán seis años desde que Braulio desapareció en el paradero del Metro Pantitlán, en 2016. Desde aquel momento, sus padres iniciaron su búsqueda y se enfrentaron a la negativa para emitir una Alerta Ámber en las primeras horas y a los malos tratos en el Ministerio Público, donde incluso les culpabilizaron por la ausencia de su hijo.
Pero su paradero, al menos para las autoridades, no era desconocido: Braulio había fallecido el mismo día que fue reportado como no localizado por un atropellamiento, pero las autoridades lo desaparecieron en la burocracia del sistema forense. Trasladado al Hospital General Balbuena cuando fue atropellado, fueron inicialmente los paramédicos quienes lo registraron como un adulto de 20 años.
Braulio murió unas horas más tarde, y sin corregir la información inicial, cuando el Incifo obtuvo su perfil genético, lo almacenó en la base de datos de adultos fallecidos y su cuerpo terminó en una fosa común. Sus padres nunca dejaron de acudir periódicamente a los servicios forenses. Finalmente, en 2022, bajo el supuesto de que ya tendría más de 18 años, las autoridades hallaron la coincidencia con los registros genéticos forenses de personas mayores de edad.
Al mediodía de este lunes, la mamá y el papá de Braulio acudieron al Incifo, para, finalmente, poder tener a su hijo de regreso, para velarlo y sepultarlo en Nezahualcóyotl: “Estamos aquí sin querer estar aquí porque nuestra situación nos ha obligado a estar aquí. Lamentablemente, hemos pasado por una situación de violaciones no solo para nosotros como víctimas indirectas, sino para mi hijo, que fue la víctima directa, prácticamente a un mes de que se cumplan seis años de su desaparición”, dijo Miguel al recibir el cuerpo de Braulio.
“Lamento decir que esto ha sido una desaparición institucional, una desaparición por omisiones, por irresponsabilidades, y es un claro ejemplo, porque lamentablemente hay muchas familias que posiblemente puedan tener la misma situación por la irresponsabilidad de tanto servidor público, que a pesar de tanta experiencia, tanta preparación para ocupar puestos, no saben hacer su trabajo o no lo quieren hacer”.
Del mismo modo, acusó la revictimización y la indolencia que su familia sufrió por parte de las autoridades. Ahora que por fin llevó a su hijo a casa, no fue de la forma que él hubiera querido. “Nosotros vivimos años de indolencia, de injusticia; las autoridades nos hicieron responsables de nuestras búsquedas, y aquí cuando tú levantas un reporte de desaparición, lo realizan pero tienes que salir a buscar. Es muy fácil para ellos decir ‘cuando sepa algo, avíseme’, pero nunca hacen su trabajo”, añadió su mamá.
Sin que los padres de Braulio supieran, la investigación por el atropellamiento siguió su curso por separado y una persona fue sentenciada por el delito; ahora, incluso está a punto de cumplir la pena y ser liberada. Ante ello, el papá de Braulio reclamó: “Un juez, con la ley en sus manos, dictaminó una sentencia que para mí no es justa, y que pediría que se revise”.
En tanto, su abogado, David Peña, informó que después de cerrado el ciclo de búsqueda, se iniciarán denuncias a nivel personal contra los paramédicos, el personal de Hospital Balbuena, ministerios públicos, policías de investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses, e institucionalmente contra la Secretaría de Salud, la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Las denuncias se harán en términos individuales por responsabilidad penal contra los servidores públicos, y administrativa en el caso de las instituciones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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