En su informe ‘La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste: Primer semestre de 2022’, la ONG resaltó que las agresiones ocurridas en la primera mitad del predente año, superaron en 51.83 por ciento los actos de violencia cometidos durante el mismo periodo del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, Artículo 19 registró que durante el primer semestre del 2022, las agresiones atribuidas a servidores públicos representaron el 38.6 por ciento, con 128 registros; mientras que los ataques perpetrados por el crimen organizado contra la prensa sumaron 30 casos, el equivalente a 9.06 por ciento.
Además, la organización no gubernamental internacional apuntó que, desde que tiene registro, el primer semestre de 2022 se convirtió también en “el más letal contra la prensa”, periodo en el que se cometieron 12 asesinatos, de los cuales en 9 hay “indicios que les vinculan con la labor periodística”.
Estos nueve casos corresponden a: José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán; y, a Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 29 de junio.
Artículo 19 no consideró entre los homicidios con “indicios que les vinculan con la labor periodística” a: Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo; Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, en Cosolecaque, Veracruz, el 9 de mayo. Además de que Ernesto Méndez Pérez, en San Luis de la Paz, Guanajuato, el 3 de agosto; y, Juan Arjón López, en San Luis Río Colorado, en Sonora, el 16 de agosto, fueron asesinados durante el segundo semestre del 2022.
Aunado a lo anterior, la organización no gubernamental internacional aclaró que de ese registro de 18 homicidios, después, del 30 de junio al 18 de agosto del 2022, habría que sumar “seis asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, elevando la cifra de 2022 a 18 homicidios”.
Artículo 19 detalló que del primero de diciembre de 2018 al primer semestre de 2022, “suman un total de 2 mil 304 ataques contra la prensa perpetrados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador”, entre los que se encuentran 34 homicidios, 26 desplazamientos forzados y dos desapariciones.
No obstante, la organización no gubernamental internacional explicó que si bien durante la Administración del presidente López Obrador se han cometido en realidad 43 asesinatos de periodistas, como ONG sólo han identificado en 34 casos de homicidios vínculos con actividades profesionales informativas.
Por otra parte, el informe de Artículo 19 -publicado el 18 de agosto del 2022- reveló que los estados con mayores reportes de agresiones son la Ciudad de México, con 49 ataques; Yucatán y Michoacán, con 30 casos cada uno; Tamaulipas, con 21; Chiapas, con 20; además de Guerrero y Veracruz, con 17 cada uno.
Los tres tipos de agresiones más frecuentes identificados por la organización no gubernamental internacional fueron intimidación y hostigamiento, en 101 casos; amenaza, con 66 ataques; y, uso ilegítimo del poder público, con 45 registros. En cuanto a las víctimas, 219 fueron hombres, 88 mujeres y 24 medios de comunicación.
Según Artículo 19, durante este primer semestre del 2022, se identificó que “el principal agresor contra la prensa es el Estado”, tendencia que se mantiene en México desde el año 2007. Así, de los 331 registros, en 38.67 por ciento, es decir, en 128 agresiones, se consideró como responsables a agentes gubernamentales, de las cuales en 75 casos, los autores serían funcionarios públicos civiles; en 45 de las fuerzas de seguridad civiles; y, en ocho, las Fuerzas Armadas.
De los 128 casos mencionados, en 61 ataques a la prensa, las autoridades agresoras fueron del ámbito estatal, 44 del municipal y en 23 del federal. Asimismo, la ONG explicó que las agresiones más frecuentes cometidas por autoridades son el uso ilegítimo del poder, en 29 ocasiones, así como intimidación y hostigamiento, en 21.
Las fuerzas de seguridad civil, “atacan mayoritariamente a la prensa en forma de ataques físicos, con el 33.33 por ciento del total de las agresiones que cometen dichos actores”, mientras que las Fuerzas Armadas “agreden en su mayoría mediante actos de intimidación y hostigamiento (63.50 por ciento del total de agresiones que cometieron las fuerzas castrenses)”, señaló la ONG.
En su informe semestral, Artículo 19 resaltó que en dicho periodo fueron 30 los ataques perpetrados por el crimen organizados contra la prensa, lo que equivale a 9.06 por ciento, cifras que “muestran un incremento porcentual de 150 por ciento, si se compara con los datos registrado en el primer periodo de 2021, donde grupos de la delincuencia organizada agredieron a la prensa en 12 ocasiones”.
Según el análisis de la organización no gubernamental internacional, la delincuencia organizada “ataca a las personas periodistas que hacen cobertura de corrupción y política con 12 casos (40 por ciento), seguridad y justicia con 11 (36.57 por ciento) y derechos humanos con 6 (20 por ciento)”.
Además, Artículo 19 detalló que, según sus registros, los ataques más frecuentes cometidos por los integrantes de grupos delictivos contra la prensa son amenazas en 12 casos; e intimidaciones y hostigamientos, con 10 reportes.
Por último, la ONG reconoció que durante el primer semestre del 2022, “preocupa la violencia letal contra la prensa, pues de los 9 asesinatos donde Artículo 19 identifica posible vínculo con la labor de las víctimas, también existe en todos posible participación del crimen organizado a nivel de autoría material”, situación que tendría que ser comprobada por investigaciones efectivas, sin las que “será imposible identificar y procesar a los autores intelectuales de los asesinatos”.
EN GOBIERNO DE AMLO PERSISTEN MALAS PRÁCTICAS; 10 MEDIOS RECIBEN 50% DEL GASTO EN PUBLICIDAD
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo las malas prácticas que llevaba a cabo la Administración encabezada por Enrique Peña Nieto, en la asignación y distribución de las pautas de publicidad oficial, al concentrar la mayor parte de la misma en tres medios: las televisoras TV Azteca y Televisa, así como el periódico La Jornada.
Según una investigación del Centro de Análisis e Investigación Fundar y de la organización no gubernamental internacional Artículo 19, publicada el 16 de agosto del 2022, los tres medios antes citados, son los que más recursos recibieron durante la primera mitad del sexenio de la Administración encabezada por López Obrador.
La investigación conjunta detalló que tres medios en su conjunto percibieron 2 mil 552 millones de pesos durante el periodo en análisis, es decir 29.52 por ciento del gasto en publicidad oficial total general. Televisa obtuvo 933 millones de pesos; TV Azteca, 848 millones de pesos; y La Jornada, 771 mdp.
Artículo 19 y Fudar destacaron que, durante el 2021, Televisa, La Jornada y TV Azteca fueron los medios que recibieron más publicidad oficial, sumando 727 millones de pesos, 29.60 por ciento del total general, mientras que de un total de 473 medios que percibieron recursos por comunicación social, 10 de ellos concentran 51.69 por ciento (mil 271 mdp), y los 463 restantes el 48.31 por ciento (mil 188 mdp).
Por otra parte, de 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos concentraron el 50.01 por ciento, el equivalente a 4 mil 325 millones de pesos, mientras que los 768 restantes recibieron 49.9 por ciento -4 mil 323 millones de pesos, “lo cual refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado en anteriores ocasiones”.
Fundar y Artículo 19 señalaron que urge que el Congreso de la Unión legisle en la materia, ya que a pesar de que en los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 millones de pesos en publicidad oficial -26 mil millones de pesos menos que lo ejercido en la primera mitad de la Adeministraación de Peña Nieto-, continúa la concentración de los gastos en algunos medios.
Según el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2021 el Gobierno Federal ejerció 2 mil 459 millones de pesos en publicidad oficial, de un total de 3 mil 50 millones de pesos que se aprobaron, es decir, dejaron de gastar 19 por ciento de los recursos autorizados por el Congreso de la Unión.
Sin embargo, tanto Fundar como Artículo 19 precisaron en su investigación, que ello no es necesariamente positivo, ya que son recursos que se destinaron para comunicar cuestiones relevantes a la población, y que posiblemente debido a la falta de una adecuada planeación, dejaron de ejercerse.
En cuanto al gasto en publicidad oficial ejercido por instituciones del Gobierno Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Pronósticos para la Asistencia Pública, son las instituciones que más recursos han ejercido en los tres primeros años del Gobierno de López Obrador.
“El IMSS ha gastado 2 mil 286 millones; SEGOB mil 440 millones; y Pronósticos 891 millones de pesos. Es importante señalar que las 10 instituciones, de un total de 137, que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la mitad del sexenio concentran el 80.92% (6 mil 998 millones) del total general. Mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08% (mil 650 millones)”, según precisó la investigación.
Fundar y Artículo 19 encontraron que, durante el 2021, las dos instituciones que más gastaron en publicidad oficial fueron el IMSS, con 733 millones de pesos y la Lotería Nacional (LOTENAL), con 518 mdp. Asimismo, de las 107 instituciones que ejercieron publicidad oficial, 10 de ellas concentraron el 82.84 por ciento (2 mil 37 mdp), mientras que las 97 restantes, el 17.16 por ciento (422 millones de pesos).
“Pese a la reducción del presupuesto, los datos anteriores confirman que las malas prácticas en la distribución de la publicidad oficial continúan en este sexenio. La falta de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación provocan que pocos medios se lleven la mitad del presupuesto establecido para publicidad oficial, además de una mala planeación en el ejercicio del gasto, como es el caso del ‘gasto decembrino’, que tanto en los gobiernos de Calderón como en el de Peña Nieto también sucedía”, señalaron.
Las ONG’s reiteraron que durante los primeros tres años de este sexenio es notable cómo se concentra el gasto en el mes de diciembre: En 2019 el 83.82 por ciento (3 mil 105 mdp) del presupuesto total en publicidad oficial se ejerció en dicho mes; en 2020, el 69.06 por ciento (mil 715 mdp) en ese mismo periodo; y en 2021, el 77.06 por ciento (mil 895 mdp) de los recursos se ejecutaron, igualmente, en diciembre.
Tanto Artículo 19 como Fundar reiteraron que es importante continuar en la exigencia al Poder Legislativo de regular debidamente la publicidad oficial, obligación que ha incumplido desde 2014. “Recordemos que con la reforma constitucional en materia político electoral aprobada aquel año, el artículo Tercero transitorio ordenaba al Congreso regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en lo que respecta al gasto de comunicación social”, insistieron.
“Ello ha dado lugar a un largo litigio ante los tribunales federales. A la fecha, a pesar de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenan la debida regulación de la publicidad oficial, ésta no se ha llevado a cabo”, agregaron las ONG’s, que también advirtieron que ha pasado casi un año de la última sentencia de la SCJN en la que ordenaba establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro de la vigente Ley General de Comunicación Social.
Sin embargo, Artículo 19 y Fundaron aseveraron que el Congreso de la Unión ha incurrido en incumplimiento, porque después de dos prórrogas en las cuales el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó al Poder Legislativo una última prórroga para el cumplimiento de la sentencia, la cual expira en el siguiente periodo ordinario de sesiones, se ha incumplido con el fallo de la SCJN.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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