El costo dista del pagado por metro cuadrado a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a los ejidatarios de Playa del Carmen y Tulum –a los que se ha dado vocación turística y comercial–, de entre 300 y 500 pesos. La diferencia, en perjuicio de los poblados eminentemente agrícolas y forestales y los centros turísticos, contradice las continuas referencias del presidente López Obrador al beneficio prioritario del Tren Maya para los pueblos indígenas y marginados de la región.
En ninguna de las dos localidades donde se construye el Tramo 5 del Tren Maya hubo resistencia ejidal, aunque los ambientalistas hasta la fecha continúan con una batalla judicial para detener los trabajos.
En Felipe Carrillo Puerto, corazón de la lucha maya, los encuentros con los representantes del Fonatur para negociar la venta de los terrenos comunales se iniciaron en semanas recientes. La asamblea integrada por 256 ejidatarios concluyó con la oposición inmediata: no aceptarán lo que consideran un pago que denigra el valor de su tierra.
José Antonio Arreola Palacio, asesor forestal del ejido Lázaro Cárdenas, explica: “En la última asamblea que tuvimos, hace como 15 días, fue rechazada (la oferta) porque consideramos que no es el valor ni de 50% de la afectación que habrá en recursos naturales… Por lo menos lo que se pagó en el ejido Bacalar fue de 192 pesos.
“Fonatur argumenta un precio distinto porque ellos cuentan con mayor infraestructura y que en el caso de Felipe Carrillo Puerto no cuenta con infraestructura por donde va afectar la vía del Tren Maya. Sin embargo, la totalidad de la afectación va a ser sobre recursos naturales y nosotros consideramos que los recursos naturales son más valiosos que cualquier infraestructura que se encuentre sobre la superficie de la tierra, ese es el argumento que estamos poniendo sobre la mesa.”
Son 163 hectáreas las que se verán afectadas por el proyecto sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría pertenecen a reservas forestales apoyadas para su preservación con “bonos de carbono” que pagan diversas iniciativas privadas a los ejidatarios, quienes se dedican a cuidar y sembrar árboles nativos de la selva maya.
“Es difícil poner un valor a los recursos naturales –continúa Arreola Palacio–. Esperemos que se llegue a una buena conciliación, que no se llegue a ningún enfrentamiento y que se pague lo justo al ejido (…) Hay parcelas en los lugares por donde va a pasar el Tren Maya que se están sembrando, incluso hay algunas apoyadas con el programa Sembrando Vida que tienen infraestructura de árboles sembrados desde hace algunos años, que se van a afectar, pero la mayor parte de la afectación es en selva virgen, que el ejido ha conservado por muchos años.”
Las negociaciones con el Fonatur son encabezadas por Elías Be Cituk, presidente del comisariado ejidal, quien dio a conocer que, tras el último acercamiento que hubo a finales de julio, el órgano federal no ha vuelto a contactarlos para continuar con el diálogo.
“La afectación en bonos de carbono a 30 años nos perjudicará como en 30 millones de pesos, sólo 30 años. En el área forestal son como 130 millones de pesos en el valor de las maderas”, cuantifica Be Cituk.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2389 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
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