Este jueves, se reveló que había un soldado infiltrado –Julio César López Patolzin– en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
A los padres y familiares de los normalistas, señaló el mandatario mexicano, “les expresé mi dolor, mi tristeza y también les hablé de que no es en vano lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque dar a conocer esta situación atroz, inhumana y, al mismo tiempo, castigar a los responsables ayuda a la no repetición: que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestros países”.
“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la Comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, y va a corresponder a los jueces y al poder judicial la impartición de la justicia”, expresó.
“Lo que se garantiza es no ocultar nada, dar toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho. Lo más importante es la libertad [a la Comisión de la Verdad]. A mí me presentaron primero el informe y lo leí. Dije: ‘Adelante’. También di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso”, añadió AMLO.
“Por doloroso que sea. Pero no sólo el informe, los anexos. Es decir, las pruebas. Se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se da por llamar el debido proceso, pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un Gobierno democrático no puede ocultar nada. Yo espero que toda la información esté disponible, el informe y los anexos. Ya están en la red, no se termina el proceso”, aseveró el Presidente.
Este jueves, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró al soldado Julio César López Patolzin en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, detalló Encinas en la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón”, agregó.
El Subsecretario de Derechos Humanos explicó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, indicó.
“Desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, mencionó.
Encinas aseguró que debido a que la Sedena tenía un soldado infiltrado, todas las autoridades estatales y municipales estaban al tanto del movimiento de los normalistas y pudieron haber impedido su desaparición, pero no fue así.
“Todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto. Las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, afirmó.
Luego del informe, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa emitieron un breve pronunciamiento en el que están analizando la información para posteriormente emitir una postura. Destacaron que en el informe se reconocen los obstáculos militares y ministeriales en la desaparición de los estudiantes.
“FUE UN CRIMEN DE ESTADO”
La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, concluyó este día el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional, a la par que indicó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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