El exprocurador guerrerense Iñaki Blanco recordó que en su momento era imposible que las autoridades estatales y federales pudieran estar coludidas para ocultar la verdad sobre el caso Ayotzinapa, pues hubo una fractura entre el Gobierno de Ángel Aguirre y el del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Yo solicité la colaboración de distintas autoridades del ámbito federal, tanto de la Policía Federal como del Ejército, y no me lo quisieron brindar, esto a efecto de tener las posibilidades de concentrar a los elementos de la Policía Municipal y llevar a cabo las diligencias primigenias, todo lo que tenía que ver con la parte pericial y con las declaraciones ministeriales. Lo que encontré como respuesta fue una negativa y en algunos de estos casos se comentó que no contaban ellos con el personal necesario para apoyar a la Fiscalía”, dijo el exfuncionario en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
El exprocurador, señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, rechazó las acusaciones que apuntan hacia él y afirmó que no colaboró en ningún cónclave pues tenía diferencias marcadas con Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México.
“Yo estoy muy tranquilo, mi proceder siempre fue apegado a derecho, no participé en ningún cónclave, no me presté a desviar la verdad de lo que ocurrió aquella fatídica noche en modo alguno. Tuvimos diferencias marcadas Tomás Zerón y tu servidor y en la parte política debe tenerse presente que el Gobierno federal llevó a cabo las acciones necesarias para propiciar la salida de Ángel Aguirre como Gobernador del estado de Guerrero”.
Iñaki Blanco recordó que en su momento no era posible que las autoridades estatales y federales pudieran estar coludidas para ocultar la verdad sobre el caso Ayotzinapa, pues en ese entonces había una fractura entre el Gobierno de Ángel Aguirre y el expresidente Enrique Peña Nieto.
“No pudo existir colusión entre el Gobierno del estado de Guerrero y el Gobierno federal. En aquel entonces hubo una fractura entre los gobiernos que propicia la salida de Ángel Aguirre […] El que yo me hubiese prestado a diseñar esta ‘verdad histórica’ iba en contra de lo que nosotros habíamos investigado hasta antes de entregarle el expediente a la Procuraduría General de la República”.
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido hace una semana y días más tarde vinculado a proceso por los delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición Forzada por el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
El 18 de agosto, durante la presentación de las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, afirmó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Durante la presentación del documento, Encinas detalló que no existe algún indicio de que los estudiantes sigan con vida. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Iñaki Blanco reconoció que las autoridades de diferentes niveles y ámbitos tuvieron una participación activa para evitar que se conociera el paradero de los 43 normalistas desaparecidos por integrantes del grupo criminal Guerrero Unidos.
“Soy un convencido de que fueron los Guerreros Unidos, sí, pero contaron con el auxilio de distintas autoridades, hoy sabemos que en principio fue de las policías municipales, pero también sabemos que hubo otras autoridades que fueron omisas y que hubo otras autoridades que sí tuvieron una participación activa, tanto del Ejército, como de la Marina, como de la Policía Federal lo cual es una situación preocupante, alarmante que obliga a reflexionar, que nos obliga a trabajar en la profesionalización y en la depuración de nuestras instituciones en materia de combate a la delincuencia, en materia de tareas de seguridad pública incluso de seguridad nacional”.
Al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, han sido involucrados por las autoridades en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de división Alejandro Saavedra Hernández, así como los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
Este viernes, el Subsecretario Encinas dio a conocer que miembros del Ejército Mexicano al mando del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, asesinaron y desaparecieron a seis de los 43 normalistas.
Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, expresó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque en el informe de esa comisión se menciona textualmente que “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos” en una bodega, es la primera vez que una autoridad federal identifica explícitamente a un militar en estos hechos.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
AUTOR: REDACCIÓN.
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