El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión para crear la “verdad histórica”.
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A través de su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino calificó de “absurda” la versión que lo nombra a él como uno de los que participó en la reunión realizada el 7 de octubre de 2014, en Iguala, Guerrero, entidad en la que entonces había estado a cargo de la Policía Federal.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió.
Apenas el pasado 28 de julio, García Harfuch había negado en entrevista con el programa “Los Periodistas”, transmitido por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, haber estado en la noche que desaparecieron los estudiantes normalistas.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2022
Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir dónde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.
El sábado, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron durante una audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica”.
En dicho encuentro supuestamente participó el exgobernador Guerrero, Ángel Aguirre, quien ayer por la tarde también negó su colaboración; Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la república (PGR); Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Además de José Luis Martínez Pérez, exdelegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero; Omar García Harfuch, exjefe de la Policía Federal en esa entidad; y Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial en aquel momento y quien luego de ser acusado de haber participado en la presunta tortura de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, renunció el 22 de junio de 2019 al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado por miembros de la prensa sobre el tema. En un momento, el mandatario federal fue cuestionado respecto a cuáles habrían sido los funcionarios que supuestamente participaron en los hechos y específicamente si Omar García Harfuch estaba dentro de esa lista. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal sólo contestó que en la investigación “se mencionan a muchos”.
“Incluso está en los documentos. Por eso invito a que los conozcan, pero no sólo el informe, sino los anexos, porque ahí vienen las declaraciones y se habla de muchos personajes, pero en el informe la Comisión [de la Verdad] da a conocer quiénes considera que son los responsables, porque se dice, por ejemplo, [Enrique] Peña. Sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también a militares”, dijo en su rueda de prensa matutina.
“Lo que investigó la Comisión es acerca de quiénes de manera directa participaron, tanto en la desaparición de los jóvenes como en el montaje que se hizo sobre la llamada ‘verdad histórica’ y sí, en el informe aparecen militares, como otros funcionarios”, añadió.
“LA VERDAD HISTÓRICA”
Jesús Murillo Karam, en su calidad de titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dijo el 7 de noviembre de 2014 en una conferencia de prensa que los estudiantes habían sido secuestrados en Iguala, Guerrero, e incinerados en el basurero de Cocula: “esa es la verdad histórica”, aseguró. Además, soltó la frase con la que pasó a la historia en uno de los momentos más sensibles de la última década en el país: ante la insistencia de los periodistas en aquella larga conferencia expresó: “Ya me cansé”, y dio por terminado el encuentro.
Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves pasado, la “Comisión de la Verdad”, creada por la actual administración, corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.
En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.
A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las Fuerzas Armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.
Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.
En el informe de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez subrayó la responsabilidad del Ejército “por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.
AUTOR: REDACCIÓN.
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