En cuanto a los 164 adultos, se declaró como legal su arresto y, a petición de la defensa, se les dio duplicidad de plazo para definir su situación. Por ello, será hasta el domingo próximo cuando se determine si son vinculados a proceso o no.
Los menores de edad quedarán en el Centro Integral para Adolescentes en prisión preventiva oficiosa.
Mientras se define su situación, los adultos también estarán en prisión preventiva oficiosa en el penal de alto impacto del municipio de Charo.
Unos y otros son acusados de diversos delitos federales, como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación y posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con las agravantes de grupo armado y portar más de dos armas de fuego.
La audiencia de estas personas comenzó el martes por la noche y se prolongó hasta la mañana de este miércoles.
La captura
Personal de seguridad estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional dio un golpe a Pueblos Unidos, en Michoacán.
Las autoridades detuvieron a presuntos 167 miembros de esa organización, a los que se les incautó un arsenal cuando pretendían irrumpir en Uruapan y Parangaricutiro.
El grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre hacia Uruapan. El convoy fue interceptado por las fuerzas estatales y federales, tras una serie de bloqueos carreteros.
En el operativo, fueron capturadas 167 personas, a las que se les aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas, además de 29 vehículos, entre ellos, uno con blindaje.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Morelia, acusados de diferentes delitos federales.
Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad. Simpatizantes también retuvieron a integrantes de la Guardia Nacional por siete horas.
De “redentores” a presunta organización delictiva
Pueblos Unidos inició como un grupo de civiles que aseguraba proteger al sector productivo aguacatero y a pobladores de Ario de Rosales, Taretan y Nuevo Urecho.
Después, se convirtió en un grupo armado que irrumpió en municipios como Salvador Escalante, Pátzcuaro y Ziracuaretiro, aunque intentó extenderse a otros.
En Pátzcuaro, es señalado por los pobladores de ser responsable de las extorsiones, del cobro de piso y de asediar a la ciudadanía. Lo mismo en Salvador Escalante, Taretan y Ziracuaretiro.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
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