El Juez Marco Antonio Tapia apercibió a la defensa de Jesús Murillo Karam luego de que dijera que el exprocurador no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, ya que al hacerlo se aplicaría la Ley de manera retroactiva.
La defensa sostuvo que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017, por lo que no se puede aplicar de manera retroactiva, sino en beneficio del imputado.
En ese tema, el abogado leyó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice que el juzgador que aplique una legislación retroactiva en perjuicio del Gobernador cae en la ineptitud. El planteamiento le valió a la defensa del exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto un apercibimiento del Juez y advertencia.
“Debe moderar su intervención, su actitud al enfrentarme, al levantar la voz y al invocar una tesis tergiversada. Lo apercibo, este no es un debate, ni una charla, y si sigue con esa, lo voy a expulsar de la sala”, le dijo el Juez Marco Antonio Tapia a la defensa, quien siguió con su exposición y pidió desestimar las pruebas de la FGR por ser ilegales. Una vez transcurrida su exposición, se decretó un receso para reanudar con argumentos de la Fiscalía.
La audiencia de vinculación a proceso en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam inició este miércoles alrededor de las 9:30 horas en las salas de los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Al inicio, la defensa sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR), en las más de 20 mil hojas de la carpeta de investigación que presentó, no cuenta con testimonios, ni pruebas contundentes que acrediten la participación directa de Murillo Karam en los delitos de tortura y desaparición forzada.
La defensa del exfuncionario federal refutó que la Fiscalía le impute los delitos con base en las conferencias de prensa que el exprocurador dio en octubre de 2014 y enero de 2015, lo cual, afirmó, no debe tener carácter probatorio porque serían autoincriminatorias.
Explicó que hay un derecho del imputado a que se excluyan declaraciones que lo autoincriminen, sobre todo si son declaraciones que no se realizaron ante un Ministerio Público o ante un Juez, y sin la presencia de un abogado defensor.
El extitular de la Procuraduría General de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
“QUEREMOS LA VERDAD”
En la audiencia, presidida por el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia se resolverá la situación jurídica de Murillo Karam, toda vez que los fiscales presenten los elementos de prueba. Esta mañana, arribaron a los juzgados con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes.
“Queremos la verdad”, dijo Cristina Bautista, una de las madres de los 43 estudiantes, al llegar a los juzgados cerca de las 7:30 de la mañana.
Fue en punto de las 7:00 horas cuando arribó un primer grupo de abogados defensores del exfuncionario, encabezado por José Javier López García, quien también ha representado a Juan Collado, el cual no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación.
Media hora después llegó al lugar el otro abogado defensor Antonio López Ramírez, quien dijo brevemente a la prensa: “Vamos a plantear nuestra versión de los hechos”.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.
“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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