De acuerdo con Teófilo Benítez, abogado de los familiares de las víctimas, la solicitud hecha por Juan Antonio Araujo, defensor de Zayas González, pretendía que la juez dejara fuera a éstas.
Por ello, dijo, la jueza 19 penal Beatriz Corona Valdez aprovechó eso “y no dio vista a las víctimas de la maliciosa pretensión y con ello operara la prescripción, la cual ya fue detenida por los magistrados”.
De acuerdo con el artículo 107 del Código Penal para la CDMX, los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes estén fuera de la capital del país, donde ocurrieron los hechos.
Y es que, Zayas González presentó ante el Poder Judicial un domicilio con residencia en Tlalnepantla, Estado de México. Por ello, la prescripción debería surtir efecto hasta el 13 de julio de 2023, para que esos hechos no queden impunes.
Según Teófilo Benítez, esa acción permitirá reponer todo el procedimiento y evitará que se genere un acto de impunidad.
Agregó que los familiares de las víctimas se dieron cuenta a tiempo que la jueza decretó la extinción del delito, “sin tomar en consideración las observaciones, comentarios y planteamientos de los padres y madres de los jóvenes que perecieron en el fallido operativo que encabezó Guillermo Zayas González”.
Luego, enfatizó: “Este fallo, de segunda instancia, es de suma relevancia, pues evita que el principal implicado en este caso quede impune y fuera de todo castigo, por lo que la defensa dará vista al Consejo de la Judicatura para determinar si existió alguna irregularidad por parte de la jueza”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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