Si existiera un boletín para buscar a Carmela Hérnandez Gómez, diría que la mujer indígena fue vista por última vez en mayo de 2019 cuando fue abandonada en el desierto de McAllen, y que vestía ropa más ligera que la falda de lana de borrego sagrado que solía usar en su tierra natal, San Juan Chamula, Chiapas.
Igualmente, diría que tenía 53 años de edad cuando desapareció y es robusta, de cara ovalada, piel morena clara, cabello largo trenzado y un poco canoso, que solo habla tsotsil y no sabe leer ni escribir.
Sin embargo, su nombre no aparece en los boletines de búsqueda del programa de difusión de su estado, ni tampoco en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Es más, en esta plataforma no hay reportes de migrantes indígenas desaparecidos.
La base de datos construida para esta investigación, con el cruce de información de los boletines del programa ¿Has visto A? y el catálogo de municipios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), revela que hay 25 tsotsiles, tsetsales, choles, zoques y tojolabales que desaparecieron mientras estaban migrando.
En Chiapas, un estado ubicado al sur de México, estas historias se han acumulado desde hace más de dos décadas, entre 2000 y 2022.
Algunos desaparecieron rumbo a Estados Unidos; otros, cuando trabajaban al interior del país, principalmente en entidades del norte.
De acuerdo con el registro de esta investigación, Juan Guzmán Domínguez es un tsotsil de 35 años, nariz chata, complexión delgada, 1.65 metros y 65 kilogramos.
En San Juan Cancuc, Chiapas, su tierra natal, se dedicaba a sembrar maíz, frijol y café; para darle mejor vida a sus cuatro hijos, se fue a Sonora a trabajar en la pizca de uva en los campos Santa María.
Aún no cumplía ni un mes de haber llegado cuando desapareció, en diciembre de 2015.
“La última vez que me llamó fue hace siete años. Mi hijita tenía dos semanas de nacida”, relata su esposa, Ana López, desde una pizca de uva en el estado de Jalisco.
“De hecho, estaba bien el trabajo, pero de repente dejó de llamar. Unos me dicen que está encerrado, que está en la cárcel; entonces, volví a preguntar y algunos amigos me dijeron que está muerto. No sé si sea cierto. Saber dónde está ahorita…”
La base de datos de esta investigación muestra que la mayoría de los migrantes se comunicaron por última vez en los estados de Sonora, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Quintana Roo. El resto desapareció camino a Estados Unidos, principalmente en la frontera entre Sonora y Arizona.
Hulda Hernández Ramírez es el nombre de una de las dos mujeres indígenas que aparecen en este registro. La mujer zoque tenía 20 años cuando fue vista por última vez. Cruzaba el desierto de Tucson, el 17 de junio de 2000; actualmente, tiene 42 años. Su cabello es negro, tiene ojos rasgados y, como señas particulares, un dedo meñique chueco, tres dedos del pie izquierdo doblados y un lunar café en el abdomen.
La mayoría de las personas que se identificaron en la base de datos tenían entre 15 y 35 años de edad cuando desaparecieron y, en promedio, estudiaron la primaria o hasta la secundaria.
Se llaman Javier, Salvador, Juan, Abraham, Nicolás, Israel de Jesús, Felipe, Álvaro, Carlos Alfredo, Karina del Carmen, Hugo Francisco, Eleuterio, Eder de Jesús, Pedro, Heber, Natanahel, Mariano, Samuel, Marco Antonio, Manuel, Genaro, Miguel Ángel y Adolfo.
“Las personas que creemos que nadie va a exigir justicia por ellas son quienes desaparecen. La mujer indígena que se fue para trabajar, pero no tiene forma de comunicarse con sus familiares, a esa mujer quién la busca; o el joven migrante, el indígena o rural que nadie sabe de sus familiares, quién lo busca”, dice Sandybell Reyes, integrante de la asociación civil Voces Mesoamericanas.
Buscaban trabajo y ya no regresaron
“Todas estas historias de desaparición tienen su origen en Chiapas, considerado reserva de mano de obra barata, al ser una tierra de gente trabajadora que desde sus raíces es campesina”, explica la activista.
Los 23 hombres y dos mujeres de esta investigación emigraron de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, Chamula, Chilón, Chenalhó, Yajalón, Pantelhó, Pantepec y Huitiupán.
El investigador tsotsil del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), Mikel Ruiz, señala que muchas de “las desapariciones en el camino” se atribuyen a los traficantes de personas y al crimen organizado.
‘Malena’ —su nombre se cambió para proteger su identidad— busca a su hermano desde hace más de una década. El joven tsotsil, de piel morena y 1.55 metros de estatura, y un amigo fueron usados por los narcotraficantes como “mulas”, obligados a pasar droga por el desierto de Sonora. El único que apareció fue el amigo, pero con problemas mentales.
“Él se escapó de donde estaba secuestrado, en una casa de la que no sabe la ubicación, y que ahí había más gente, le inyectaban mucha droga para mantenerlo dormido y eso le afectó bastante”, dice ‘Malena’.
Otra circunstancia de desaparición detectada en esta investigación es cuando el migrante indígena es deportado por el gobierno de Estados Unidos y queda varado en las ciudades fronterizas de México sin dinero para retornar.
Cuando fue expulsado, Manuel Gómez Jiménez se quedó tres meses en Tijuana, Baja California. La última comunicación que tuvo con su familia fue hace ocho años, cuando les pidió dinero y papeles para regresar a Chiapas.
“Se le envió un dinero a una cuenta, donde supuestamente él iba a retirar ese dinero. Estaba en la llamada con la familia y en ese momento le quitaron el teléfono y desde ese tiempo perdimos comunicación con él”, relata su sobrino Sergio Gómez.
El paradero de Manuel es un misterio para la familia, que a falta de respuestas en la Fiscalía General del Estado, las buscan con los curanderos.
“El curandero me dijo todo: saliendo del trabajo tu hermano recibe su paga. Lo llevaron a tomar y después de todo lo mataron, le quitaron su dinero y sus papeles que llevaba”, platica Verónica, hermana del migrante.
Chiapas tiene una cifra histórica de 528 personas desaparecidas o no localizadas y los casos tienen un repunte a partir de 2015.
Para esta investigación y para una primera entrega, se buscó a la Fiscalía General de Chiapas, a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas, entre otras autoridades. Ninguna institución atendió a las solicitudes de entrevista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARIANA MORALES, ALMA RÍOS
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