La suspensión fue otorgada por el juez primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que el pasado 5 de abril impugnó los “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades” en el tramo cinco del Tren Maya.
Sin embargo, el juez negó la medida cautelar contra la omisión de las autoridades de gestionar y solicitar los permisos relacionados con los ordenamientos ambientales y la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) para los tramos 5, 6 y 7 del megaproyecto.
A pesar de las suspensiones otorgadas al tramo 5, el más polémico de todo el Tren Maya, el gobierno federal ha impulsado las obras y buscado evadir las resoluciones judiciales a través de recursos como la expropiación de tierras y la declaración del megaproyecto como asunto de seguridad nacional.
La primera suspensión definitiva fue otorgada el 30 de mayo ante la construcción de las obras sin MIA y frente a la devastación de la selva virgen de Playa del Carmen, así como por las amenazas al sistema de cavernas y ríos subterráneos de la región.
AUTOR: REDACCIÓN.
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