Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes, adscrita al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, fijó por decisión propia las fechas para las audiencias intermedias, tras concluir que los referidos procesos no pueden continuar más tiempo en la indefinición.
Estas audiencias estaban programadas originalmente para desahogarse en abril pasado. Sin embargo, tanto la defensa de Lozoya como los representantes de Pemex y de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron que se pospusieran ante la posibilidad de llegar a un arreglo.
Las partes solicitaron originalmente un plazo de dos semanas en ambos procesos para alcanzar el potencial acuerdo, pero dicho plazo se ha ido ampliando indefinidamente ante las dificultades para cerrarlo. Las negociaciones continúan hasta la fecha.
En enero pasado, los fiscales de la FGR decidieron presentar las acusaciones formales por escrito en contra del exdirector de Pemex luego de concluir que la colaboración que ha brindado para denunciar otros hechos de corrupción no ha sido suficiente para otorgarle una salida alterna o un criterio de oportunidad.
En el caso Odebrecht, asentado en la causa penal 261/2019, la FGR concluyó que Lozoya presuntamente se benefició con aproximadamente 10 millones de dólares en sobornos entregados por la constructora brasileña. Por ello, solicitó que se abra juicio en su contra por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, que se le declare culpable y que se le imponga una pena de 46 años de cárcel.
Y en el caso Agronitrogenados, radicado en la causa penal 211/2019, los fiscales pidieron que Lozoya sea llevado a juicio por los presuntos sobornos por más de 3 millones de dólares que habría recibido de la empresa Altos Hornos de México. Por estos hechos, la FGR solicita una sentencia de hasta 15 años de prisión en contra del exdirector de Pemex.
Ante la posibilidad inminente de ir a juicio, tanto los abogados defensores de Lozoya como su padre, el empresario Emilio Lozoya Thalmann, agilizaron las negociaciones con el gobierno federal para cerrar un criterio de oportunidad, como se le conoce al beneficio legal que se concede a una persona que aporta información para denunciar hechos de mayor gravedad que los que se le imputan. Dicho beneficio consiste en la suspensión de sus procesos.
Sin embargo, uno de los requisitos para lograr ese beneficio es reparar el daño causado. Lozoya ofreció originalmente un pago de 200 millones de pesos, así como la entrega de al menos cinco bienes inmuebles como garantía. Pese a que originalmente dicho acuerdo (según los abogados del exfuncionario) fue avalado por el Consejo de Administración de Pemex, el día de la audiencia ante el juez, los funcionarios señalaron que requerían más tiempo antes de aceptarlo.
De acuerdo con las autoridades consultadas, la posición del exdirector de Pemex continúa siendo en el sentido de cerrar el posible acuerdo que le evite ir a juicio. Del lado de la FGR indicaron que si Pemex acepta el arreglo no habrá oposición de parte del Ministerio Público, pero, de lo contrario, buscarán que el proceso avance.
Animal Político publicó el pasado 29 de julio que los procesos penales en contra de Lozoya se han extendido ya por más de dos años sin que haya alguna definición. Mientras, el exfuncionario permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde noviembre de 2021.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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