A través de un análisis, las organizaciones señalaron que en los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 millones de pesos en publicidad oficial, 26 mil millones de pesos menos que lo ejercido en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el Sistema de Comunicación Social (COMSOC). Sin embargo, destacó que «casi la mitad de los recursos los concentran 10 medios de comunicación».
De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, señala el informe, diez de ellos concentran el 50.01 por ciento (4 mil 325 millones) de los recursos, mientras que los 768 restantes el 49.99 por ciento (4 mil 323 millones). Esto, explicaron las organizaciones, «refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación».
«La falta de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación provocan que pocos medios se lleven la mitad del presupuesto establecido para publicidad oficial, además de una mala planeación en el ejercicio del gasto, como es el caso del “gasto decembrino”, que tanto en los gobiernos de Calderón como en el de Peña Nieto también sucedía», indicaron en el informe.
En cuanto al gasto en publicidad oficial ejercido por instituciones del gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Gobernación (Segob) y Pronósticos para la Asistencia Pública son las dependencias que más recursos ejercieron en los tres primeros años de este gobierno.
A19 y Fundar precisaron que las diez instituciones, de un total de 137, que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la mitad del sexenio concentran el 80.92 por ciento (6 mil 998 millones) del total general, mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08 por ciento (mil 650 millones).
Las organizaciones indicaron que es «urgente» que el Congreso de la Unión legisle en la materia para regular la publicidad oficial, pues de ésta depende la garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la información, así como «el avance real en la erradicación de las malas prácticas que persisten en el presente».
Finalmente, recordó que ha pasado casi un año de la última sentencia del Máximo Tribunal del país en la que se ordenó establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro de la vigente Ley General de Comunicación Social, pero «el Congreso de la Unión ha incurrido en incumplimiento».
AUTOR: REDACCIÓN.
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