—Sí, esta es la calle Tapachula —le respondió el dueño de una tienda ubicada sobre esa vialidad—, pero no forma parte del fraccionamiento. La calle está dentro de la colonia Inmecafé.
Una vista al mapa de la ciudad que Google ofrece en internet confirma lo dicho por el tendero: la calle Tapachula bordea la colonia, pero está fuera del fraccionamiento.
A pesar del primer indicio de que la dirección era falsa, el funcionario del gobierno veracruzano recorrió la vialidad sin encontrar ni el número ni la empresa ni a su socio principal y representante legal, David Enrique Terrón González, que presume ser contador, aunque en la página de Cédulas Profesionales no hay registro de ello.
Lo que Ángel Armando López encontró en el lugar fue nada, un hueco en la calle y la numeración: un terreno baldío.
Así lo consignó en el acta que entregó a sus superiores: “No es posible localizar el número que busco en virtud de que no existe ya sea consistente en casa o local comercial que tenga asignado el número 75 en esa calle Tapachula, de tal suerte que el lugar o inmueble al que correspondería esa numeración (75) se encuentra un lote baldío”.
La dirección de Xalapa que buscaba el funcionario estatal fue anotada como el domicilio donde la empresa Adso de México recibiría notificaciones y comunicación oficial del gobierno veracruzano por su relación comercial de varias decenas de millones de pesos. Una dirección inexistente.
Adso de México es, además, el primero de los nodos de una red de 28 empresas, al menos, que entre 2013 y 2018 obtuvo contratos por más de mil 900 millones de pesos principalmente con el gobierno de Veracruz, pero también con el gobierno de Puebla y algunos municipales del mismo estado, y con entidades del gobierno federal, como el ISSSTE y el INIFED, e incluso con el partido Morena.
Una red regional
La calle Arboledas en la colonia Bello Horizonte del municipio de Cuautlancingo está apenas a unos metros de las oficinas regionales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la entidad que además de cobrar los impuestos también se encarga de detectar a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos), mejor conocidas como empresas fantasma.
Es una vialidad salpicada de terrenos baldíos, casas a medio construir y unas pocas que se ven terminadas. En una de las esquinas de esa calle se ubica un inmueble de dos pisos de entre seis y siete metros de largo, fachada blanca y tres ventanas. El número 31 es visible en la puerta.
—Ahí, en Bello Horizonte, es donde tenía su centro de operaciones el contador —cuenta Ernesto Madera Martínez, quien aparece como socio en 10 de las 28 empresas de la red que Terrón González constituyó y que le sirvieron para defraudar al erario público.
Sin embargo, el nombre que más se repite en las actas constitutivas de las decenas de sociedades que constituyó Terrón González es el de Claudia Melgarejo Zarco, esposa de Madera Martínez; ella aparece en 15 como socia principal.
Madera Martínez no se equivoca. La calle de Arboledas es mencionada en una decena de los contratos que se revisaron para este reportaje, a veces con el número 30, a veces con el número 29, otras con el número 31.
No son los únicos números de esa vialidad que aparecen en los documentos gubernamentales; también se consignan los números 12 interior 2, 13 y 14 como direcciones de oficinas empresariales.
Las personas que viven en Arboledas lo dicen: “El contador Terrón, el del número 31, se dedicaba a eso de las empresas fantasmas”.
Adso nació en junio de 2001 con Terrón González y su esposa, Maricamen Ravelo Cortés, como socios, y ha tenido al menos cuatro direcciones de oficinas: Arboledas 30 en Puebla y ubicaciones en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.
Aunque fue 10 años después cuando Adso de México comenzó a facturar decenas millones al gobierno de Veracruz. Y luego fue sumando poco a poco otras empresas. En 2003, una más: Comercializadora Alcón.
Para 2005, agregaron otras dos: Ventas y Promociones Tomaky y Promociones Velot Sia. En 2007, integraron tres más: Comercializadora Calidadtel, Comercializadora SM y DM Estrategias en Construcciones Digitales. En 2009 y 2011, agregaron una a la lista por cada año: Blot de México y Agroproductores Sade, respectivamente.
Aunque fue en 2012 cuando se dio el boom de la red, 15 de un golpe: Sienfa Constructora, Ande OB Construcciones, Elmime Edificaciones, Santy Desarrolladora y Acabados, DETG Construcciones Ambientales, Agregados Facere, Constructora Haguen, Edificaciones Aperire, Proyectos en Construcción Triefe, Edificaciones Abnegatio, Construcciones Cehya, Edificaciones Tatsumi, Conurar Digital, Edificaciones Abissimus y Dublín, y Control Empresarial.
Otras tres se sumaron en 2013: Promotora Empresarial JMD, JDRP Logistics y Servicios Logísticos Todo a Tiempo; y una última, en 2014: Comercializadora Drakos.
La historia del boom de la creación de empresas fue así: a finales de 2012, Terrón González llevó a Claudia Melgarejo Zarco y a Ernesto Madera Martínez, una pareja que conoció gracias a una persona que trabaja con él, a las oficinas del corredor público número 1 de Tlaxcala, Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano.
Ahí constituyeron un total de 17 empresas, 10 de ellas de un mismo día, las otras siete en los siguientes cuatro meses.
Años después, Madera Martínez aún se sorprende cuando se le menciona el número de empresas a su nombre y del de su ahora expareja: “¿Tantas fueron?”.
Y fue en Arboledas 31 donde tuvieron su centro de operaciones, pero registraron oficinas en seis estados del país: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, y lograron contratos entre 2013 y 2018 con gobiernos e instituciones de tres entidades federativas al menos —Veracruz, Puebla, Guanajuato—, con dos institutos del gobierno federal —el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— y con el partido Morena; esto último, de acuerdo con una base de datos que el SAT entregó al diario El Universal tras una petición de información.
Y estos son algunos de los ejemplos de sus direcciones y contratos: en mayo de 2015, Juan Ignacio Basaguren García, director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla capital, firmó un contrato con la empresa Adso. En aquel contrato, la empresa reportó como domicilio un inmueble ubicado en la carretera a Puerto Escondido número 36, municipio San Pablo Ixtepec, Oaxaca. El acuerdo era para que Adso diera mantenimiento hidráulico a espacios deportivos de la capital poblana a cambio de 1.9 millones de pesos. En otro contrato, también con el ayuntamiento de Puebla facturó servicios publicitarios; el espectro de posibilidades de la compañía era amplio.
Al respecto, se buscó al actual ayuntamiento de la capital poblana para tener una postura sobre el tema, pero al cierre de edición la respuesta seguía pendiente.
Blot de México, por su parte, registra cinco contratos, cuatro de ellos con el gobierno de Veracruz por más de 100 millones, y uno con el ayuntamiento de Puebla por menos de 200 mil pesos.
Los contratos fueron firmados por Agustín Téllez en su calidad de representante legal. En los contratos, la empresa registra como dirección el número 100 de la avenida Tecnológico, en la colonia Centro de Querétaro. En otro documento, un padrón de proveedores del ayuntamiento de Puebla, Agustín Téllez también aparece como representante pero de Adso.
Otro más: en noviembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, entonces encabezada por Alfredo Ferrari Saavedra, eligió a Santy Desarrolladora y Acabados para encargarle la adquisición de láminas para la rehabilitación de techos firmes de 52 municipios que habían resultado afectados por lluvias severas e inundaciones en octubre de ese año. Fue un adjudicación directa, justificó la dependencia por la premura de atender a las personas damnificadas, y por ello antes hizo un estudio de mercado donde pidieron precios a las mismas empresas de la red que encabezaba Terrón González.
Ese y todos los contratos que la Sedesol entregó a la red de Terrón González fue firmado por José Luis García Torres, jefe de la Unidad Administrativa de la Sedesol, y Jéssica Gasperín Fernández, directora jurídica.
De acuerdo con la documentación legal que la Sedesol firmó, Santy Desarrolladora tenía sus oficinas en Pachuca, Hidalgo, en el número 308 del fraccionamiento Villas del Álamo.
Molina Yano, el corredor de las empresas fantasma
Un par de personas que han requerido sus servicios no dudan en calificarlo como alguien profesional. Sostienen, en charlas por separado, que la percepción que hay de Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano en el mundo notarial de Tlaxcala, donde despacha como corredor público, no es negativa, y que se habla poco de él.
Otras dos personas más del mundo notarial tampoco lo mencionan cuando se les pregunta por notarios y corredores con fama de ser flexibles en los límites que la ley impone.
Pero aunque no lo mencionan, lo cierto es que por el escritorio de Molina Yano ha pasado la constitución de varias decenas de Efos, de empresas que solo existen en el papel que él valida, y que después serán usadas para desviar recursos en tramas varias o que forman parte de redes de Efos, como la de Terrón González.
Para esta investigación, se pudo documentar la constitución o los movimientos notariales de al menos 47 empresas con domicilio fiscal en Puebla y con operaciones con gobiernos poblanos, que después el SAT catalogó como empresas fantasma.
Diez de las 28 que conforman la red de Terrón González se constituyeron el mismo día, 14 de septiembre del 2012, una situación que, a decir del corredor público, si bien puede sonar anómala, para él significa más bien “un muy buen día de trabajo”.
“No, no es normal que se constituyan 10 sociedades (en un solo día). Pero a mí también me parece que son de los días que son muy buenos días, excelentes, pero hasta ahí. ¿Me explico? Ahora, no le puedo decir más, vienen gentes distintas y constituyen las sociedades, pues nosotros, ¿qué les vamos a decir? No podemos impedirles, o decirles no, porque se están constituyendo muchas empresas un mismo día. Escapa de nuestras facultades. Lo que sucede en esos días excelentes es que trabajamos a todo vapor”.
La correduría número 1 de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, está instalada en un edificio de tres plantas que aspiró a la modernidad del vidrio y el metal como estructura arquitectónica, llamado Torre Millenium, y que ya vio pasar al menos dos décadas de este nuevo milenio y se nota avejentado.
Fue justo unos meses antes del fin del milenio pasado cuando Molina Yano recibió del gobierno federal la autorización para ejercer como corredor público, el 5 de abril de 1999 para ser exactos.
“Es baratero”, dice José Luis Mecinas, abogado y analista político que conoce el mundo notarial tlaxcalteca, sobre por qué se han constituido tantas empresas poblanas, hoy calificadas como Efos, en ese edificio de vidrio y metal.
La misma respuesta ofrece Molina Yano cuando se le pregunta por qué tantas empresas fantasmas se constituyeron con él: “Le voy a decir una cosa —dice—, probablemente, porque nuestro costo es muy bajo”.
—¿Cuánto cuesta construir una empresa en esta correduría?
—Con nosotros está sobre 6 mil 500, 7 mil pesos, 7 mil.
—¿Y en otros espacios?
—No sé, pero me han dicho que en México (la Ciudad de México) están cobrando 32 mil, en Puebla 17 mil, 12 mil. La gente siempre se acerca a donde hay un precio más barato, porque buscan proteger sus intereses y proteger su dinero. Sobre todo que van a iniciar una empresa. Van a arriesgar.
—O 10 empresas.
—Al menos eso dicen —responde—. Ahora, recuerde usted, después de que salen de acá se van a inscribir al Registro Público de Comercio, que es una institución que depende del gobierno federal y estatal, se van a dar de alta a un organismo federal que es el SAT, nosotros cumplimos con dar aviso a la procuraduría especializada en recursos de procedencia ilícita, de tal manera que en los términos que nos exige la ley, muchas veces ponemos alerta, vemos que puede haber algo y damos la alerta.
—¿Constituir 10 empresas, de un jalón, en un mismo día no da para una alerta?
—Pues realmente yo considero que es, como le digo, un magnífico día, excelente, pero, pero qué más le puedo yo decir, no estoy dentro de la mente de las personas, ni sé qué es lo que van a hacer saliendo de aquí, no tengo idea.
Durante la charla, insiste en dos puntos: que las empresas que ha constituido cumplen con los requisitos de ley, no más, pero no menos; y que, una vez constituidas, el uso que les den las personas que crean esas empresas ya no está en su cancha.
—Nosotros solo damos fe de que comparecen ante nosotros a realizar un acto constitutivo, es decir, una acta constitutiva de una sociedad que se va a dedicar a esto, a lo otro, y nosotros damos fe de que sean lineamientos que permita la ley, que están dentro de la ley. Hasta ahí nos limitamos nosotros.
Los contratos millonarios de Veracruz
Fue el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz el que abrió la caja de pandora donde estaban las empresas de Terrón González.
En 2015, en su Informe de Resultados sobre el gasto de ese año de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo entonces de Alfredo Ferrari Saavedra, quien fue presidente del PRI en el estado y más tarde se integró a la campaña presidencial de José Antonio Meade, se detectaron irregularidades e inconsistencias por 431 millones de pesos (Observación FP-020/2015/011 DAÑ).
De ese monto, el 70% fue facturado por las empresas de la red de Terrón González: Asociación de Agroproductos Sade (36.4 mdp), Promociones Velot Sia (33.3 mdp), Calidadtel (25.4 mdp), Blot de México (30.7 mdp), Servicios Logisticos Todo a Tiempo (30 mdp), Dublín Control Empresarial (26.1 mdp), Comercializadora Alcon (20.9 mdp), Adso de México (19.6 mdp), Edificaciones Abnegatio (17.6 mdp), Agregados Facere (15.5 mdp), Santy Desarrolladora (14.3 mdp), Ventas y Promociones Tomaky (12.6 mdp), DETG Construcciones Ambientales (11.2 mdp), DM Estrategias en Construcciones Digitales (8.2 mdp) y Comercializadora SM (1 mdp).
En ese primer documento, el Orfis señala que que 10 de las 15 empresas enlistadas de la red de Terrón González no fueron localizadas por la Sedesol en los domicilios que se habían señalado en los contratos como direcciones fiscales, pues las peticiones de información que les enviaron para solventar el pliego de observaciones fueron devueltas.
Ese fue apenas el primer bocado. Al año siguiente, el Orfis detectó nuevos pagos a la red, esta vez, desde el área de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte.
Ahí, el Orfis detectó irregularidades por 2.2 mil millones de pesos, cargados a la cuenta de Comunicación Social, pero una parte importante de ese monto fue tramitada y pagada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, sin que se pudiera presentar documentación comprobatoria como contratos, facturas o testigos de los servicios.
En respuesta a una solicitud de información que se presentó para este reportaje, el Orfis reconoció que hasta la fecha sigue sin tener acceso a los documentos probatorios y que el litigio para sancionar continúa activo.
En su Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior 2016, el Orfis documentó que las empresas recibieron pagos fragmentados en 306 facturas, el 91% pagadas el 11 de noviembre de 2016 y con numeración seriada, el resto pagadas tres días después, el 14 de noviembre. Fueron para: Construcciones Cehya (75.2 mdp en 42 facturas), Constructora Haguen (71.8 mdp en 45 facturas), Edificaciones Abissimus (59.7 mdp en 24 facturas), Edificaciones Aperire (62.2 mdp en 29 facturas), Edificaciones Tatsumi (64.9 mdp en 29 facturas), Proyectos en Construcción Triefe (41.1 mdp en 15 facturas), Comercializadora Alcón (65.5 mdp en 37 facturas), Comercializadora SM (86.4 mdp en 50 facturas), DETG Construcciones Ambientales (22.4 mdp en 11 facturas), Edificaciones Abnegatio (55.9 mdp en 36 facturas) y Ventas y Promociones Tomaky (49.5 mdp en 32 facturas).
También se pagó a Agregados Facere (22.8 mdp en 12 facturas), Comercializadora Calidadtel (11.6 mdp en siete facturas), Promociones Velot Sia (60.8 mdp en 28 facturas), Promotora Empresarial JMD (63.4 mdp en 35 facturas), y Santy Desarrolladora y Acabados (55.3 mdp en 36 facturas).
En total, casi el 40% de los 2 mil 268 millones de pesos que el Orfis observó a Comunicación Social pagados por la Sefiplan, es decir, 868.5 millones, se quedaron en las cuentas bancarias que manejaba Terrón González a través de la red de empresas.
Orfis y Sedesol vs. Terrón González
Tras hacerse pública esa información, el Orfis emplazó a las dependencias involucradas con esas empresas a presentar la documentación que probara que no había ni irregularidades ni desvío de recursos, pero las dependencias no pudieron solventar los señalamientos.
En consecuencia, la autoridad presentó dos denuncias penales. La primera, en noviembre de 2016 en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos (folio C.I./FESP/399/2016-VII), por un probable daño patrimonial de 431.4 millones de pesos.
Para febrero del siguiente año, y luego de las acciones del Orfis, la Secretaría de Desarrollo Social inició procesos de rescisión de algunos de los contratos que se entregaron a las empresas de Terrón González, específicamente a tres de ellas: Adso de México, DETG Construcciones Ambientales y Calidadtel.
En respuesta, el equipo jurídico de Terrón González llevó los casos al extinto Tribunal Contencioso Administrativo del Estado (hoy Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz) y empezó varios juicios (folios: JC 147/2017, JC 146/2017, JC 143/2017). En dos de ellos, las autoridades judiciales tumbaron las resoluciones de la Sedesol por errores de argumentación jurídica, como no haber citado con claridad el artículo que otorga a los funcionarios de Desarrollo Social las facultades para rescindir los contratos.
En el único juicio que ganó la autoridad (JC 147/2017), Terrón González argumentó haber cumplido solo con el 30% de los contratos y haber acordado un cierre anticipado del acuerdo con la Sedesol a principios de 2015, pero la autoridad demostró que para ese cierre anticipado se usaron documentos falsos signados con firmas diferentes a las que se estamparon en el contrato inicial, según se lee en la versión pública de la sentencia que puede ser consultada en la página electrónica del TEJAV.
Se solicitó al gobierno de Veracruz una entrevista con la Secretaría de Desarrollo Social para profundizar en los detalles de los procesos de rescisión y los juicios posteriores, pero no hubo respuesta a la petición.
Denuncias penales, acciones administrativas
Tras el trabajo de revisión de las cuentas públicas de 2016, último año de Javier Duarte, el Orfis presentó una nueva denuncia, ahora en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FGE/FIM/F9/C.I./17/2018), por un probable daño patrimonial de mil 895 millones de pesos.
No fue la única acción legal. A la par de las denuncias que se hicieron llegar a la fiscalía veracruzana, el Orfis también inició acciones administrativas para tratar de resarcir el daño al erario (folios: DRFIS/062/2016, IR/SEDESOL/2015 y DRFIS/010/2017, IR/CGCS/2016), responsabilizando a exservidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación General de Comunicación Social de los desvíos.
Hasta principios de marzo de este año, ni las denuncias del Orfis ni las rescisiones de contratos de la Sedesol veracruzana han tenido consecuencias, pues los procesos jurídicos aún siguen abiertos, de acuerdo con información que proporcionaron las dos dependencias a diversas solicitudes de información que se presentaron para este reportaje.
Toda la documentación jurídica que se le solicitó tanto al Orfis como a Sedesol fue reservada hasta por tres años más, con el argumento de que los procesos jurídicos aún no están concluidos.
Y la espera aún se ve larga, reconoce en entrevista Felipe de Jesús Marín Carreón, director jurídico del Orfis.
“No hay posibilidad de estimar un tiempo para (la resolución de) cada uno de ellos, algunos ya tienen una sentencia de primera instancia, otros no la tienen, otros ya incluso estaría para resolverse en segunda instancia o en Sala Superior, pero además todavía tienen la posibilidad de acudir al amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, son asuntos que van tardar algún tiempo en resolverse”, dice.
—¿Están previendo que se pueda extender todavía mucho más? Son casos que llevan más de siete años y todavía no tenemos ninguna cosa fija ni firme.
—Aquí la situación es que ya depende de los tribunales. Falta tiempo para que adquiera firmeza el acto emitido en su momento por el Órgano de Fiscalización Superior.
Factura, factura, que algo quedará
El uso de las empresas de la red de Terrón González fue flexible. Más allá de los cientos de millones que facturaron al gobierno de Veracruz, también sirvieron para otros fines, como pagar la nómina de los jugadores del extinto equipo de futbol Tiburones Rojos.
De acuerdo con una nota publicada en el portal de la cadena de televisión deportiva ESPN, Santy Desarrolladora y Acabados y JDRP Logistics aparecen como las razones sociales mediante las cuales se pagó el salario a los jugadores del club.
Dice ESPN: “Los abonos de Santy Desarrolladora y Acabados SA de CV a los jugadores iban de los 300 mil pesos hasta algunos que rebasaban el millón, dependía del futbolista y el acuerdo que tenía con el club”.
Adso de México, la única empresa donde Terrón González está registrado como socio —en las demás aparece como comisario de la sociedad—, apareció señalada en una de las auditorías forenses (16-4-99279-12-0199) que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a una serie de contratos que replican el esquema de La Estafa Maestra: una dependencia gubernamental contrata a una universidad para que le dé servicios, la universidad subcontrata a su vez a algunas empresas fantasmas para realizar el trabajo y el dinero público comienza a desaparecer en cuentas bancarias de esas empresas.
La cadena puede llegar más lejos y esas empresas fantasmas pueden distribuir el dinero a un segundo o tercer eslabón de empresas fantasmas. Adso está en ese nivel, de acuerdo con la ASF.
La historia fue así: en 2016, la CFE firmó un convenio por 15.6 millones de pesos con la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), para la realización de “investigaciones sociales” que sirvan de apoyo para la atención de conflictos derivados de proyectos de generación o transferencia de energía, entre ellos el Proyecto Integral Morelos en Puebla y Tlaxcala.
Después de firmado el convenio, la UTS subcontrató a una empresa y a cuatro “expertos técnicos” para realizar los trabajos. Estos, a su vez, pasaron el dinero, o una buena parte de él, a la cuenta de la empresa de Terrón González. Al final de la cadena, a la cuenta de Adso entraron 11.8 millones de pesos.
Aunque no había negocio pequeño. En 2017, Adso de México fue utilizada por el municipio poblano de San Gregorio Atzompa, una pequeña localidad ubicada en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, para facturar un servicio de café que costó 11 mil 716 pesos. El servicio debía ofrecerse durante 11 días a partir de finales de julio de ese año, aunque para ese momento el SAT ya había declarado a Adso como empresa fantasma definitiva.
Elmime Edificaciones fue constituida en 2012, teniendo como socios a la citada pareja cholulteca, Claudia Melgarejo Zarco y Ernesto Madera Martínez, y como comisario, a Terrón González. Y fue en ese mismo municipio, San Pedro Cholula, en donde Elmime logró contratos por 35 millones de pesos en obra pública.
Un funcionario del ayuntamiento que estaba en funciones en aquel momento dice que Elmime era utilizada por otro funcionario municipal para adjudicar contratos a un familiar suyo, legalmente impedido por ley para competir, pero que las obras sí se hicieron. Hasta el cierre de esta investigación, Elmime no había sido declarada empresa facturera por el SAT, aunque forma parte del entramado de Terrón González.
Sobre ello, se buscó una postura del ayuntamiento, sin que hasta el cierre de la edición haya sido atendida la petición.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO AROCHE AGUILAR.
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