El abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa dijo que ahora las autoridades deberán cumplir con las acciones penales anunciadas para demostrar que la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam no es un tema de índole político. Además, resaltó que el nuevo informe sobre la desaparición de los jóvenes normalistas resalta la participación directa del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, algo que no había sido abordado en dictámenes presentados por la administración pasada.
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“Nosotros creemos que se debe investigar la cadena de mando, me parece que hasta ahora la FGR y la Comisión para dar acceso a la justicia no lo tienen en el radar, pero nosotros estamos insistiendo en que se investigue la cadena de mando hasta la más alta responsabilidad”, indicó el vocero de los padres de los 43 en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire al ser cuestionado si debía investigarse al expresidente Enrique Peña Nieto.
Vidulfo Rosales indicó que la detención del exprocurador Murillo Karam demuestra que la llamada “verdad histórica” fue una acción creada por las autoridades en ese momento para evitar que se conocieran el paradero de los 43 normalistas desaparecidos por integrantes del grupo criminal Guerrero Unidos en colusión con autoridades el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“La detención de Jesús Murillo Karam me parece que es una acción que habla de la construcción de la ‘verdad histórica’ como una intención de liberar o ocultar el paradero de los jóvenes, la intención de desviar el conocimiento de la verdad. Nosotros estamos pendientes porque se está desarrollando el proceso, vamos a estar en espera de qué resultados se obtienen de esas audiencias. Ahorita nosotros no podemos adelantar ni festejar ni mucho menos, de parte de los padres no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés genuino”.
El abogado dijo que ahora las autoridades deberán cumplir con las acciones penales anunciadas para demostrar que la detención de Murillo Karam no es un tema de índole político.
“En relación a otras responsabilidades quisiéramos que se avanzara, que no nada más sea la detención de Murillo Karam porque entonces parecería que sería un tema más de índole político, lo que nosotros quisiéramos es que las otras acciones penales que se han anunciado se cumplan también”.
El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la FGR, el exprocurador y encargado de esclarecer el caso de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue detenido en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Un día antes, el 18 de agosto, Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, presentó las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en las cuales se detalla que no existe algún indicio de que los estudiantes sigan con vida. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
El Subsecretario de Gobernación afirmó que “la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Encinas indicó que la investigación y búsqueda de los estudiantes continúa e informó que como parte de las conclusiones preliminares se determinó que las
autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Ante esta situación Vidulfo Rosales mencionó que el informe presenta puntos que no se habían abordado antes como la participación directa de cuerpos de seguridad, del crimen organizado y del Ejército mexicano.
“De primera mano lo que podemos observar es que se plasman los hechos diferentes respecto a como lo había abordado el Gobierno anterior, evidencia que fueron hechos sumamente complejos, fue una operación de agresión a gran escala que se registró en varios escenarios, en varios momentos, que los estudiantes nunca estuvieron juntos y que al ser una agresión de gran escala participaron varios cuerpos de seguridad, varias fuerzas de seguridad se desplegaron, incluida la delincuencia organizada, fue una operación de estado contra los jóvenes normalistas”.
El abogado recalcó que el nuevo informe resalta la participación del Ejército mexicano, algo que no había sido abordado en dictámenes presentados por la administración pasada. Rosales recordó que desde el inicio de las pesquisas los padres de los normalistas insistieron en la participación de elementos del Ejército, sin embargo, dijo, no se había hecho hasta ahora.
“Esa operación a gran escala que se hizo en Iguala, ese pacto de silencio, esa imposibilidad de hablar, de que se sepan las cosas, solamente pude devenir de una institución, de una institución que cuenta con hermetismo, con una disciplina capaz de no romper esos pactos de silencio y esa institución es el Ejercito mexicano. Siempre los padres tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, el Gobierno pasado lo desestimó por completo y dijo que eso era una locura, que cómo se podían imputar esas cuestiones al Ejército”.
Al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, han sido involucrados por las autoridades en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de división Alejandro Saavedra Hernández, así como los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
AUTOR: REDACCIÓN.
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